Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción que sí pone de acuerdo a PP y PSOE
El juez madrileño cuenta con la confianza de conservadores y progresistas del Consejo Fiscal para renovar el cargo durante otros cinco años
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. | Cati Cladera (EFE)
La justicia abre el curso repleta de incertidumbres. El pulso entre PP y PSOE mantiene varado el Tribunal Constitucional, las salas del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No hay acuerdo, a pesar del rapapolvo de las instituciones europeas. El mismísimo comisario Didier Reynders visita España la próxima semana para mediar en el conflicto. En ese escenario emerge la figura de Alejandro Luzón, que pone de acuerdo a ambos partidos. Los populares lo eligieron fiscal jefe de Anticorrupción en 2017 y ahora será ratificado otros cinco años por un Gobierno socialista.
Luzón, madrileño de 58 años, contó este jueves con la confianza del Consejo Fiscal para renovar el cargo. Recibió todos los votos del órgano consultivo, excepto el de Salvador Viada, vocal que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los apoyos revelan el grado de consenso que genera el actual fiscal jefe de Anticorrupción, que obtuvo la confianza de los seis representantes de la Asociación Fiscal (AF), los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la de los miembros natos del Consejo.
El resultado no ha sido ninguna sorpresa. Luzón era el favorito de sus colegas, como ya contó este diario cuando el Ministerio de Justicia convocó 14 vacantes el pasado 1 de septiembre. Los aspirantes disponían de un plazo de 10 días naturales para presentar su candidatura. Además del renovado fiscal jefe, envió sus credenciales para liderar Anticorrupción su número dos, María Belén Suárez Pantin, que ha investigado durante años el caso Pujol.
La renovación de Luzón
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE coinciden en que Luzón es la persona más indicada para el puesto. Goza del respeto de todas las asociaciones de fiscales, su trabajo es muy valorado y mantiene una buena sintonía con el nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz. El Consejo Fiscal es un órgano meramente consultivo, razón por la que los jueces Luis Rueda o Miguel Ángel Carballo se han quedado por el camino a pesar de haber obtenido el respaldo mayoritario de sus compañeros.
La relación con García Ortiz es muy buena desde que este desempeñaba el puesto de Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y era, por tanto, número dos de Dolores Delgado. Las fuentes consultadas revelan que esta, antes de dimitir, acordó con su sucesor renovar a Luzón. Consideraba que había hecho un buen trabajo y, por eso, le demostró su confianza en más de una ocasión. Una de ellas, cuando la Fiscalía Europea intentó agenciarse el denominado caso Ayuso.
Delgado concluyó que Anticorrupción tenía las competencias para investigar si la Comunidad de Madrid había cometido delitos de tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación con el contrato que firmó al principio de la pandemia con un amigo de la familia de la presidenta regional. La buena sintonía también se vio reflejada durante el Consejo Fiscal en el que se debatió el caso Stampa. En la reunión, Luzón secundó a su jefa tras dejar fuera del departamento a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsaron la investigación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional.
El caso de Luzón es paradigmático. No está vinculado a ninguna asociación, pero cuenta con el respaldo de casi todas. Fue elegido fiscal jefe de Anticorrupción en julio de 2017, con el conservador José Manuel Maza como fiscal general. Recibió ocho votos, entre ellos los seis del ala conservadora. Unos meses antes, en febrero, cuando le ganó la partida Manuel Moix, contó con el aval de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Este jueves ambos sectores han confluido en la figura del madrileño.
La dimisión de Moix
Luzón es el miembro que más experiencia acumula en esta fiscalía especial, a la que se incorporó en 1995, el año de su creación. Permaneció en ella de forma ininterrumpida hasta 2015, cuando dio el salto a la Fiscalía General del Estado como asesor. Dos años después fue elegido fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Moix, que dimitió tan solo 87 días después de ser nombrado al conocerse que poseía una empresa offshore junto a sus hermanos en Panamá.
Su ingreso en la carrera fiscal se produjo en 1989. De casta le viene al galgo, ya que su padre y su hermano también pertenecen a este ámbito profesional. Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Toledo. Tras pasar por el Tribunal Superior de Madrid, fue designado para la recién creada Fiscalía Anticorrupción.
Desde entonces ha formado parte de casos de especial relevancia mediática, como el de las tarjetas black de Bankia, Alierta, Afinsa, el director general de la Guardia Civil Luis Roldán o los Fondos Reservados, en el que condenaron a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González.
El primer mandato de Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción caducó en julio. En esa etapa ha tenido que lidiar con casos como Lezo, Púnica, Bárcenas, Erial, Pujol o la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El más mediático ha sido el del Rey emérito, en el que finalmente se archivaron las diligencias abiertas contra Juan Carlos I después de que hubiesen prescrito los hechos o estos sucedieran antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad que establece la Constitución.
Otra circunstancia que ha jugado a favor de Luzón es la línea continuista del Ministerio Fiscal. Antes de abandonar el cargo, Delgado decidió mantener a los responsables de fiscalías clave, como a Jesús Alonso en la Audiencia Nacional. Y eso, a pesar de que este pertenece a la Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, mientras que la dirigente forma parte de la organización progresista. Ahora, muchos colegas acusan a su sustituto actuar con «sectarismo» para cubrir 14 plazas vacantes.
