Varias asociaciones feministas piden enmendar la 'ley trans' y proteger a las mujeres
Entre estas organizaciones se encuentra la Fundación Mujeres, presidida por la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano
Irene Montero. | Europa Press
Destacadas organizaciones feministas han preparado una veintena de «enmiendas» al proyecto de ley trans que se tramita en el Congreso al considerar que pone en riesgo los derechos de las mujeres y han pedido limitar el reconocimiento de la transexualidad, especialmente en el caso de los menores.
Según informa este lunes en un comunicado la Alianza contra el Borrado de las mujeres, entre las 17 organizaciones que suscriben estas enmiendas, que tienen intención de entregar mañana en el Congreso, se encuentra la Fundación Mujeres, presidida por la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano; la Asociación de Mujeres Juristas Themis o la Federación de Mujeres Progresistas.
A su juicio, que el proyecto vaya a tramitarse de urgencia y con trámites más cortos es «un burdo intento por ocultar a la sociedad española las consecuencias prácticas de una norma que pone en riesgo derechos de las mujeres y que interfiere de manera temeraria en los procesos de aprendizaje y desarrollo libre y adecuado de la infancia».
Las organizaciones confían en que los diputados analicen sus enmiendas y protejan los derechos de las mujeres y de la infancia.
El proyecto vio la luz impulsado por Igualdad tras duras negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, donde era cuestionado por destacadas socialistas, como la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, y cuenta con la oposición frontal del PP y Vox, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad.
Exigen cambios terminológicos
Las citadas organizaciones feministas plantean cambios terminológicos en el texto para que no se oscurezca la existencia del sexo biológico y exigen que el reconocimiento de la transexualidad se reserve a personas con disforia y no a cualquiera que se defina como trans.
El proyecto de ley busca precisamente despatologizar la transexualidad, por lo que abre la puerta a cambiar de sexo en el registro a petición del sujeto interesado, sin necesidad de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de haber iniciado un proceso de hormonación.
Como propusieron tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado, las organizaciones feministas piden limitar el cambio de sexo en el caso de los menores porque son «decisiones que afectaran el resto de su vida y tienen suficiente madurez para tomarlas».
Denuncian además que la ley no garantiza «espacios seguros» para las mujeres, es discriminatoria para ellas en el deporte, cuestiona las libertades de pensamiento y expresión y entra en conflicto con la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la ley integral contra la violencia de género.
«La opacidad, la ocultación y las maneras totalitarias del Gobierno de Pedro Sánchez son incompatibles con el derecho de la sociedad a conocer cómo va a impactar esa ley en las vidas de las niñas, los niños y las mujeres españolas», afirma la Alianza.
