'Caso Valdemoro': los sindicatos de prisiones exigen al Gobierno investigar «la verdad»
Piden depurar responsabilidades ante las nuevas contradicciones desveladas por TO sobre el arresto de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro en 2021
Prisión de Valdemoro. | Europa Press
Los sindicatos de prisiones presionan al Gobierno por el caso Valdemoro. Piden al Ministerio del Interior una investigación interna para aclarar lo ocurrido, esclarecer la verdad y depurar responsabilidades ante las nuevas contradicciones desveladas por THE OBJECTIVE sobre el arresto en mayo de 2021 de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro que fueron detenidos, encarcelados durante varios meses y después absueltos. La investigación por la que fueron encausados, señalados de traficar con drogas en el interior de la prisión, carecía de pruebas y se había basado en falsos testimonios de presuntos testigos protegidos que negaron en sede judicial los informes de la Guardia Civil.
En una carta dirigida al secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, los sindicatos Acaip-UGT, APFP y CCOO denuncian que «la versión oficial de los hechos» dada a conocer por ese organismo dependiente del Ministerio del Interior «ha sido puesta en entredicho» recientemente por el Teniente Coronel Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Como reveló este diario, en un informe enviado al Defensor del Pueblo, ese mando del Instituto Armado defendió la legalidad de las actuaciones practicadas por los agentes que desarrollaron la investigación que desembocó en el arresto y encarcelamiento de los cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro en el año 2021.
La Comandancia de la Guardia Civil en Madrid -en un informe que contenía información parcial, incompleta e incluso falsa- descargó cualquier responsabilidad en la juez que instruyó el caso y en el director del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro, José Antonio Luis de la Iglesia. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro investiga ahora a este último y a seis guardias civiles que participaron en la investigación y/o arresto de los cuatro funcionarios de prisiones por presuntos delitos de detención ilegal, prevaricación y falsedad documental.
Carta de los sindicatos a Interior
«Los trabajadores de prisiones tenemos el derecho a saber la verdad en relación con la detención y prisión de nuestros inocentes compañeros y compañera. También tenemos la obligación de confiar en una institución que está siendo cuestionada», señalan los sindicatos en la carta enviada al secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz.
En la misiva recuerdan que, en una reunión celebrada el pasado mes de junio con los delegados sindicales de la prisión de Valdemoro, el propio Ortiz «defendió y exculpó al Director del centro penitenciario de Madrid III (Valdemoro) alegando ‘que había sido un error de la Guardia Civil‘ y que habían detenido a ‘un funcionario equivocado’». Sin embargo, añaden, «la versión dada por la Guardia Civil al Defensor del pueblo nada tiene que ver con la que usted nos contó a los representantes sindicales».
Tras enumerar las contradicciones en la versión del Instituto Armado y la de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, los sindicatos cargan contra la actitud del propio Ángel Ortiz. «No entendemos como esta Secretaría General, sabiendo que era un error la detención de uno de los acusados, le mantuvo seis meses más de suspensión provisional de empleo y sueldo, por mucho que la Juez mantuviera sobre él los cargos imputados», señalan.
Por todo lo anterior, Acaip-UGT, APFP y CCOO solicitan que se abra una investigación interna para aclarar todo lo sucedido. Además, piden que «se depuren las responsabilidades disciplinarias de las personas responsables, si las hubiera», y «se informe a los representantes de los trabajadores del resultado de las mismas».
Por último, reclaman que «se adopten las medidas necesarias para normalizar las relaciones de la institución con los trabajadores, dañadas como consecuencia de la detención y prisión de empleados públicos inocentes además de honrados padres y madres de familia».
