'Caso puticlub': la juez tumba la denuncia contra el jefe de la Guardia Civil porque «sí investigó»
El juzgado argumenta que la Comandancia de Cantabria indagó en los hechos denunciados pero no identificó al autor
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria. | TO
El jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Antonio Orantes, no se sentará en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha inadmitido la denuncia de la Unión de Oficiales contra el mando por un delito de omisión del deber de perseguir de delitos al no sancionar a un agente que supuestamente extorsionó a un trabajador de un club de alterne en diciembre de 2022. La asociación profesional, que representa a toda la escala de oficiales, denunció al responsable del Instituto Armado porque solo había abierto un expediente a parte de los guardias que se vieron implicados en el suceso y había eximido al presunto protagonista del escándalo.
En un auto, la titular, Mercedes Compostizo, señala que no puede sostenerse que se haya incumplido el deber de perseguir delitos porque, frente a lo que sostienen los denunciantes, la documentación aportada por la Comandancia de la Guardia Civil revela que «sí se llevaron a cabo acciones investigaciones del incidente». Unas pesquisas que, eso sí, no «han permitido la identificación del posible autor» de los hechos.
En este sentido, la juez argumenta que a lo largo de la pasada primavera el Instituto Armado realizó indagaciones pero quedaron «paralizadas por falta de resultado positivo». Y que, meses después, estas últimas volvieron a activarse «tras la recepción de un correo anónimo», que contenía «datos incorrectos», según trasladó la Comandancia de Cantabria a la juez. De este modo, añade la resolución, «las investigaciones realizadas no han fructificado en la identificación de la persona supuesta de tales hechos».
«Actitud obstativa»
Por otro lado, la titular del Juzgado número 5 critica la «actitud obstativa o frontalmente contraria» de los denunciantes «a aportar datos que permitan identificar al supuesto agente autor del referido delito». Es decir, aclarar quién es el guardia civil que supuestamente habría extorsionado, mostrando su placa, al empleado del club de alterne tras no quedar satisfecho con el servicio recibido.
Lo cierto es que estos hechos también han sido denunciados por la Unión de Oficiales, pero ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que está instruyendo actualmente la causa, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La decisión de la juez Compostizo se conoce apenas una semana después de que «un error» revelase que su juzgado era sobre el que realmente había recaído la denuncia de la Unión de Oficiales y no sobre el Juzgado de Instrucción número 1, que archivó provisionalmente el mismo caso sin practicar ninguna diligencia en septiembre.
Al parecer, según explicaron desde el TSJC, este último recibió «por error» la denuncia contra el jefe de la Guardia Civil y la tramitó, cuando realmente había recaído en el Juzgado número 5. «Detectado el error, es ahora este tribunal quien se encarga del asunto», explicaron, sin dar más explicaciones, desde el TSJ de Cantabria a THE OBJECTIVE.
Estudian recurrir
La magistrada, del mismo modo, ha zanjado el caso puticlub aunque sí ha dado más explicaciones que su colega, el juez Jaime Parra, quien, sin realizar averiguación alguna, consideró «que de lo actuado no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito». Frente a esto, Mercedes Compostizo explica que el delito denunciado exige requisitos: que «el sujeto sea autoridad o funcionario público, que tenga entre sus funciones la de perseguir delitos, que conozca la perpetración del delito, y que omita su persecución, una omisión que debe ser «patente, manifiesta, total y de carácter doloso».
Unas condiciones, que en este caso, «no concurren» porque la Comandancia de la Guardia Civil sí investigo los hechos aunque sin llegar a ninguna conclusión positiva respecto a lo que se denunciaba. Desde la Unión de Oficiales, las fuentes consultadas por este diario señalan que sus servicios jurídicos están estudiando si procede interponer recurso contra el auto del juzgado. Bien, de reforma, ante el mismo órgano, o bien de apelación, que resolvería la Audiencia Provincial de Cantabria.
