El CGPJ pide no desclasificar «para su espuria difusión» documentos como los de 'Pegasus'
Vicente Guilarte celebra que el Ejecutivo haya aclarado que los jueces no están obligados a asistir a comisiones
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. | Carlos Luján (EP)
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha pedido este miércoles al Gobierno que no propicie «desencuentros desclasificando, para su espuria difusión», documentos como los relacionados con el uso del ‘software’ de espionaje Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Guilarte se ha expresado así durante el acto de entrega de los XVI premios del Foro Justicia y Discapacidad y después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicase este martes que si un juez «pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional» procederían a la misma.
«Hay un compromiso público del Gobierno que viene de atrás y es que en este asunto transparencia absoluta. Con la conciencia tranquila y para que se aclare, desclasificaremos lo que nos jueces nos pidan, aunque primará la seguridad nacional», aclaró Bolaños.
Guilarte, por su parte, ha asegurado este miércoles que en la mano del Ejecutivo está «no propiciar desencuentros desclasificando, para su espuria difusión, hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron». Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press aclaran que Guilarte se refería no a las peticiones de desclasificación realizadas desde el ámbito judicial, sino a las que son ajenas, como las de los partidos políticos.
Veto a la comparecencia de jueces en el Congreso
En su intervención, el presidente del órgano de gobierno de los jueces también ha celebrado que el Gobierno haya aclarado que los jueces no están obligados a asistir a comisiones de investigación parlamentarias sobre supuesto ‘lawfare’. «Ruego que no se nos llame a comisiones extravagantes. En lo que se me alcanza, percibo que hoy resulta ser ésta también la sensibilidad ministerial, porque ayer hemos oído del titular de lo nuestro (Bolaños) que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación, y que su asistencia no tendría ninguna utilidad», ha recordado, parafraseando al ministro.
En esta línea, ha loado que se reconozca «ya sin titubeos la improcedencia de tales llamadas para explicar en unas sedes» el «proceder jurisdiccional» de los magistrados. «Bienvenidas esas acertadas palabras que, defendidas en otro momento y escenario, quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo -en referencia al lawfare– en documento alguno. Y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido. Por favor, no nos defrauden», ha reclamado.
En esta línea, Guilarte ha pedido al Gobierno que insista «en la cabal línea emprendida» que, ha asegurado, agradecerán. «Pues en la conciencia de su expresada inutilidad no se comprendería el llamamiento (de jueces a esas comisiones) obediente entonces a fines que no se me alcanzan. Intuyo que ello abortaría ad eternum cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito que nos ocupa», ha apostillado.
De esta forma, ha continuado, «se conseguiría evitar el cuanto peor mejor que no pocos patrocinan desde los extremos». «Saben que cuentan con mi más decidido y sincero apoyo para evitar una confrontación que lo sería entre los poderes del Estado. El Código Civil tiene soluciones para todo y las ofrezco», ha señalado.
Así, ha explicado que «en el mundo de los contratos no vinculan las prestaciones imposibles y tampoco las ilícitas», que «se tienen por no puestas», «Además, los pactos en perjuicio de terceros, dice la doctrina civil, precisan del consentimiento de esos terceros, a quienes evidentemente no veo por la labor», ha sostenido.
«No somos indecentes»
En su intervención, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha vuelto a insistir en que hay que rebajar la tensión que rodea al Poder Judicial y, en referencia a las críticas de algunos portavoces parlamentarios a los jueces, ha advertido. «No somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo», ha reclamado, pues a su juicio «estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido».
«Cuando desde la Tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian, cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial. Y todo ello perturba la defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes», ha añadido, aseverando que «rogar que cese esta escalada verbal no es una injerencia en sus funciones sino una defensa» de las suyas.
Por último, Guilarte ha reclamado la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término «disminuidos» y ha señalado que esa modificación es «imprescindible para tomar conciencia del nuevo modelo social de integración de la discapacidad en todas sus vertientes».
«No es excusa el que con ello puede abrirse el campo a la discusión de otros preceptos constitucionales», ha afirmado, añadiendo que este «es un tema de entidad y autonomía suficiente como para no mezclarlo con otros». «Pasa igual con la renovación del CGPJ», ha añadido.
El presidente del CGPJ se ha dirigido a los operadores jurídicos, a las instituciones miembros del foro y a los premiados para decirles que el esfuerzo que realizan por la plena integración en la sociedad y, específicamente, por el acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad es encomiable: «Persistid en la eliminación de barreras para la participación plena de todas estas personas en la sociedad».
Protección de las personas con discapacidad
En su turno de palabra, el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, ha recordado que este año se cumple el vigésimo aniversario de esta institución, por lo que ha expresado su reconocimiento a todos los que en diciembre de 2003 fueron «conscientes de la necesidad de otorgar una protección institucional a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad».
Se dio así cumplimiento, ha añadido, al mandato constitucional que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean «reales y efectivas» para todos, así como el de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Fernández ha destacado el papel que desempeñan jueces y magistrados en la tarea de hacer efectivos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico, pues dicho reconocimiento en la norma «carece de sentido si el Estado no configura un mecanismo (…) que posibilite su cumplimiento eficaz en caso de violación o desconocimiento».
Esta labor de los integrantes de la Carrera Judicial, ha incidido, se hace aún más relevante cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, más vulnerables debido a los mayores obstáculos que se encuentran para el ejercicio de sus derechos.
El presidente del foro ha elogiado a cada uno de los premiados por su compromiso con el colectivo que forman las personas con discapacidad y por encarnar los principios y valores que promueve el foro. Además, ha recordado que con el «trabajo callado, discreto y abnegado de personas e instituciones» mejoran la vida de sus conciudadanos.
