Interior gasta 21 millones en sanidad privada para presos e inmigrantes por falta de médicos
Solo la mitad de las plazas de médicos carcelarios están cubiertas. Las condiciones hacen casi imposible cubrirlas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita al Centro Penitenciario de Burgos. | Europa Press
El Ministerio del Interior ha destinado desde julio de 2018 hasta hoy 20,8 millones para dar cobertura sanitaria privada en las prisiones y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La justificación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska es la falta de recursos y de personal sanitario para atender las demandas de los internos.
El análisis de los contratos suscritos por los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior realizado por THE OBJECTIVE muestra que hasta en 81 ocasiones se ha tenido que recurrir a contrataciones con empresas privadas para subsanar la escasez de medios.
Odontología, ginecología, analíticas de drogas, psiquiatría y traslados en ambulancia son protagonistas de estos contratos. La mayoría han sido adjudicados por procedimiento abierto simplificado. La horquilla habitual está entre 50.000 y 60.000 euros. Las memorias justificativas de estas licitaciones constatan la incapacidad para atender las necesidades de la población reclusa y de los internados en centros de extranjeros.
Los presos en cárceles españolas sumaban 56.700 en 2023 según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Mientras, en los centros de internamiento de extranjeros, alrededor de 1.000 personas son internadas cada mes, de las que poco más de la mitad son finalmente expulsadas, según calcula la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Los contratos de Interior
Desde la prisión de Ocaña II, se justificaba el contrato de odontología por carecer de «medios humanos y materiales
adecuados y suficientes para realizar este servicio». Mientras, desde la cárcel de Ceuta se argumentaba la licitación por no «disponer de médico psiquiatra en su plantilla».
En cuanto a los servicios de ambulancia, los pliegos de Interior destacan que los centros penitenciarios están dotados de un sistema asistencial de atención primaria, que se presta en las enfermerías ubicadas en el propio centro. Señala que se dispone de una plantilla propia de personal sanitario, tanto funcionarios como laborales, encargados de la asistencia sanitaria básica.
Sin embargo, señala, en función de la gravedad o de la dolencia del interno, se hace preciso que reciba asistencia sanitaria en un hospital. Esa es la justificación para que la mayoría de los centros hayan recurrido a la contratación externa.
Centros de Internamiento de Extranjeros
El contrato más importante ha sido el concedido a Ibersys Seguridad y Salud. El objeto es el reconocimientos médicos y asistencia sanitaria de extranjeros sometidos a custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Está valorado en 9,5 millones y, según se indica, sujeto a la posibilidad de ser financiado por Fondos Europeos. Según se reconoce en la memoria justificativa, «la contratación se hace necesaria, ya que en la convocatoria de plazas para Médicos-CIE resultó únicamente cubierta la plaza del CIE de Madrid». En la actualidad, hay siete centros abiertos.
Un reciente informe publicado por la Abogacía del Estado y firmado por María Guiu Castillo, integrante del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, destacaba el gran problema que genera la falta de médicos en las prisiones que gestiona Interior. «En teoría debería haber medio millar de médicos en las prisiones españolas para atender a una población reclusa de unos 47.000 internos, descontando los de las comunidades transferidas», resaltaba.
Faltan candidatos
Señalaba que en los últimos años no se han llegado a cubrir ni la mitad de las ofertas convocadas y que solo el 10% están cubiertos, «de las 80 plazas de oposiciones disponibles en la última convocatoria sólo se presentaron 25 instancias». Los datos de Instituciones Penitenciarias en España muestran que hay 488 plazas de médicos y solo están cubiertas 247.
El sueldo medio, destaca el informe, es de 1.450 euros brutos, inferiores de media al mes que los de sus colegas de los centros de salud. La retribución y las circunstancias en las cárceles son los principales escollos para cubrir las plazas. Esta falta de candidatos es la que obliga a recurrir al sector privado para servicios básicos.
Las conclusiones de estudio fueron claras: el problema de fondo es el desencanto de los profesionales de la Sanidad y el hecho de que no quieren trabajar en las condiciones ofertadas. Las bajas remuneraciones respecto a las que reciben sus colegas; las bajas por jubilaciones que no se cubren y la elevada edad de los médicos (el 54% de los activos superan los 60 años) conlleva una asistencia sanitaria penitenciaria deficitaria que pone en riesgo la salud de los internos.
El Partido Popular ha preguntado en Congreso de los Diputados por contratos licitados, adjudicados o en tramitación de instituciones penitenciarias con centros sanitarios privados desde el año 2018. Los populares tendrán en breve la respuesta de Interior.
