Las escuelas catalanas alientan una gran manifestación contra el 25% de castellano

El Gobierno de la Generalitat quiere volver a exhibir músculo en la calle para presionar a favor de la inmersión lingüística. Si las manifestaciones masivas por la Diada han perdido fuelle en los últimos años, el Govern cree que la imposición de hacer un 25% de clases en castellano decretada por el Tribunal Superior puede ser el factor determinante para volver a reorganizar el movimiento independentista en torno a una cuestión tan sensible en la sociedad catalana como la lengua.

En este contexto, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural e indultado por el Gobierno por su implicación en el procés, participó en la reunión convocada este lunes por la plataforma Som Escola para preparar una gran movilización el próximo 18 de diciembre en las proximidades de Arc de Triomf, en Barcelona. La plataforma, que engloba una cuarentena de entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), también prepara acciones más longevas para que quede clara la oposición civil a la decisión de la Justicia de establecer un mínimo de 25% de castellano en las aulas públicas de la región.

La consigna es demostrar un «consenso» respecto al modelo catalán de educación e intentar que, de algún modo, se convierta en otro pulso de calado al Estado. En este sentido, Cuixart no dudó en hablar de «ataques del poder judicial» a este modelo educativo que, a su juicio, vertebra la sociedad catalana. Quien también participó fue la Plataforma per la Llengua, la autodenominada ‘ONG del catalán’ que, como informó THE OBJECTIVE, denunció a las marcas textiles que no etiquetaban en catalán. Su vicepresidenta, Mireia Plana, instó a involucrar a todas las entidades civiles -no solo a la Consejería de Educación o a los maestros- con el fin de defender «la escuela catalana».

Dimite la responsable de ‘desobedecer’

Cabe recordar que precisamente este lunes, la directora general de Currículum i Personalització de la Generalitat, Maite Aymerich, dimitió de su cargo. Aymerich era la responsable del modelo lingüístico en la escuela catalana y de aplicar la cuota del 25% de castellano ordenada por el Supremo. Aunque desde su entorno han negado que su marcha se deba a esta nuevo dictamen del alto tribunal español, el hecho de que el consejero de Educación, Josep González Cambray, instara a desobedecer la sentencia significaba que Aymerich iba a ser una de las principales responsables de una eventual desobediencia.

Y es que tras el fallo del plan rupturista y las consecuencias judiciales derivadas de este fracaso, los cargos públicos catalanes han acatado la legalidad por temor a una posible inhabilitación. Como informó este medio, la carta enviada por Cambray a los directores de colegio para mantener el modelo actual pese a la sentencia del Supremo puede ser una prueba explícita de desobediencia si finalmente se traduce en hechos. Así es como lo han entendido las entidades en favor del bilingüismo, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que han vuelto a llevar este amago del Ejecutivo catalán de incumplir con la ley ante la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo con el fin de que intervenga.

Este mismo lunes también los representantes de las Juntas Centrales de Directores de Centros de Educación Primaria y Secundaria de Cataluña aseguraron en una comparecencia en el Parlament que «cumplirán la legislación vigente». Eso sí, a la espera de que el Govern pueda impulsar un nuevo marco legal que dé cobertura a la inmersión. Arturo Ramírez Varela, el portavoz encargado de hablar ante la Cámara autonómica, ensalzó el modelo actual monolingüe al sostener que «hasta el momento, la lengua no ha sido motivo de preocupación en los centros educativos» y que los niveles de catalán y castellano de los alumnos de Primaria y Secundaria son parecidos.

«Frentes abiertos» del catalán

Tras la salida de la cárcel de los políticos independentistas condenados por sedición, la lengua ha pasado a ser el factor de agravio principal entre el nacionalismo. Si antes de la sentencia del Supremo ya se hablaba de establecer una cuota de catalán en Netflix o de obligar a etiquetar en catalán los productos, el auto judicial ha reforzado este cierre de filas en torno el idioma.

Desde estas entidades consideran que la sentencia es solo la «punta del iceberg» de una «emergencia lingüística» que se sufre en Cataluña. Entre este listado que, a su juicio, demuestra la mala salud del catalán se halla en el retroceso del uso social del idioma, ya sea en los juzgados, entre los influencers y youtubers nacidos a Cataluña que optan masivamente por el castellano o en los nuevos dispositivos tecnológicos como Alexa o Siri, que no están configurados en catalán.

Además, la Ley General Audiovisual validada este martes en el Consejo de Ministros no ha incluido finalmente la obligación de que Netflix y demás plataformas extranjeras tengan que someterse a una cuota de lenguas cooficiales. En el Parlament, en 2010, se aprobó una ley del cine para fomentar la traducción en catalán en las salas de cine de la región, pero que tampoco se ha cumplido. Ante estos precedentes, y la imposibilidad de imponerlo en el sector privado, la plataforma Som Escola se ha conjurado para que, al menos en la escuela pública catalana, el modelo no cambie.