El juez Velasco envía a prisión a Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considerado por los investigadores como el líder de una «organización criminal» y haber cometido delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, corrupción en los negocios, falsifiación de documentos públicos y blanqueo de capitales en la gestión del Canal de Isabel II, según han informado fuentes judiciales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha salido de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos poco antes de las 12:30 horas de esta mañana, en un furgón en el que ha sido trasladado solo a la Audiencia Nacional, donde ha declarado esta tarde ante el juez Velasco por su gestión del Canal de Isabel II. Según informan fuentes jurídicas González ha negado dirigir el entramado desarticulado a través de la operación Lezo, pero tras una comparecencia de dos horas y 45 minutos, Velasco ha decretado su ingreso en prisión.

Agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otras once personas. El juez Velasco ha tomado declaración esta mañana a cinco detenidos en la citada operación, entre ellos González y el consejero de OHL Javier López Madrid, detenido anoche dentro de la operación Lezo. Sin embargo, López Madrid, yerno de Juan Villar Mir, hasta el año pasado presidente de la multinacional OHL, ha salido este viernes en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El hermano de Ignacio González, Pablo González, y su cuñado José Juan Caballero, se han negado a declarar.

Los primeros en llegar a la Audiencia Nacional fueron, pasadas las diez de la mañana, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa y hermano del expresidente madrileño; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, y su secretaria.  Edmundo Rodríguez, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón, ingresará en las próximas horas en prisión por orden del juez Velasco tras haber prestado declaración durante dos horas.

El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según afirmó hace unos meses el responsable de la empresa pública, Ángel Garrido.

Por su parte, Podemos y el PSOE se han personado esta mañana como acusación popular en el sumario abierto en la Audiencia Nacional de la Operación Lezo, según han informado los propios partidos. Esta personación, en el caso de los socialistas, se produce por «la dimensión y gravedad de este caso de corrupción, la alarma social que se ha creado y porque afecta gravemente a los intereses generales de los ciudadanos y a los intereses de las instituciones y empresas públicas», ha informado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando.

El juez Velasco considera que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares, aproximadamente 23,3 millones de euros, tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao, según  el auto dictado anoche, al que ha tenido acceso la agencia EFE.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros que se celebra cada viernes en Moncloa, ha declarado que «este Gobierno ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción». Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado que la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, debería asumir responsabilidades políticas: «Una persona en su situación no está en las condiciones adecuadas de formar parte del Consistorio», ha sostenido.

Adrián Martín de las Huertas, exgerente del Canal de Isabel II, ha depositado este viernes la fianza de 100.000 euros que decretó el juez Velasco el jueves, y está previsto que salga esta tarde de la cárcel, según fuentes de su defensa. De las Huertas ingresó en prisión provisional anoche por orden del magistrado, que también condenó a María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, a una pena de prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

La Guardia Civil también registró esta semana las sedes de la constructora OHL, la tecnológica Indra, la aeronáutica Saerco y la intermediaria Subastas Segre en busca de evidencias que puedan probar la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la campaña electoral del grupo autonómico de Madrid en 2011. La decisión partió del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que ordenó los registros a instancias de la denuncia que interpuso el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Por otro lado, la Guardia Civil sospecha que González fue alertado de su detención y pudo destruir documentación gracias a un «chivatazo». Los agentes obtuvieron información que les hacía sospechar que el expresidente de la Comunidad de Madrid había sido alertado de que los teléfonos que utilizaba estaban siendo intervenidos y en el transcurso de una charla registrada por las autoridades se habla de un miembro del Ejecutivo como autor.