Balaguer refuerza sus opciones de presidir el TC tras oponerse a la maniobra del Gobierno
La magistrada descartó unirse a los compañeros progresistas que pedían celebrar un Pleno para tratar la idoneidad de Juan Carlos Campo y Laura Díez
La magistrada María Luisa Balaguer. | Carmen Suárez
La pugna por presidir el Tribunal Constitucional sigue abierta. El favorito continúa siendo Cándido Conde-Pumpido, pero la magistrada María Luisa Balaguer no le pierde la pista. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que su posible candidatura se ha visto reforzada esta semana tras oponerse al órdago que lanzaron tres compañeros progresistas para tratar la idoneidad de los candidatos designados por el Gobierno sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligiera a su par.
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, frenó el miércoles el intento de tres magistrados progresistas encabezados por Conde-Pumpido de convocar un Pleno urgente para otorgar el plácet del tribunal al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, a pesar que las posiciones en el CGPJ están cada vez más distanciadas. Celebran un cónclave el 22 de diciembre, el mismo día que el tribunal de garantías, pero no parece que vaya a resultar fructífero.
La iniciativa para abordar el asunto antes de esa fecha partió de los magistrados Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. Otros miembros progresistas, como el vicepresidente Juan Antonio Xiol y la citada Balaguer, descartaron unirse a la petición y se alinearon con sus compañeros conservadores. El presidente del Constitucional decidió entonces mantener el acuerdo del día anterior, aunque nunca fue sometido a votación.
Pugna Balaguer-Conde Pumpido
Las fuentes consultadas afirman que, con esa postura, Balaguer demostró a sus colegas que es una magistrada independiente. Una característica que favorece sus aspiraciones para convertirse en la segunda mujer que preside el Constitucional, tras María Emilia Casas. Su entorno sostiene que esa posibilidad no le quita el sueño porque entre sus planes nunca entró liderar el órgano. No obstante, la magistrada almeriense aspirará al cargo si considera que cuenta con los apoyos suficientes.
Como adelantó THE OBJECTIVE, Balaguer puede dividir el voto de los magistrados progresistas y contar con el respaldo de los conservadores, que perderán la mayoría cuando se renueve el tercio que deciden Gobierno y CGPJ. Los miembros de este sector ven en ella a una persona menos alineada con las tesis gubernamentales y menos politizada mediáticamente. No en vano, Conde-Pumpido fue designado fiscal general del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero y estuvo en el cargo entre 2004 y 2011.
La posición de Balaguer también supone un balón de oxígeno para el CGPJ, donde las distintas sensibilidades no se ponen de acuerdo en designar a los dos magistrados que les corresponden en el Constitucional. Los progresistas ya han puesto sobre la mesa el nombre de Jose Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Un perfil que no apoya el sector conservador y que dificulta el acuerdo.
El nombramiento de Bandrés resulta decisivo para promocionar a Conde-Pumpido hasta la presidencia. Si los vocales progresistas no consiguen su propósito, el caso podría dar un giro de 90 grados, ya que la elección de otro magistrado no garantiza el apoyo al ex fiscal general. Otro de los candidatos progresistas que sonó para el Constitucional por la vía del CGPJ es Pablo Lucas. Las fuentes consultadas afirman que si resulta designado, las posibilidades del juez gallego se resentirían.
Un Pleno controvertido
La maniobra de Conde-Pumpido y otros dos magistrados para adelantar la idoneidad de los dos candidatos designados por el Gobierno para formar parte del Constitucional no ha gustado a sus compañeros. Incluso ha generado controversia, ya que el miércoles fue necesario interrumpir el Pleno durante dos horas. Cuando se retomó, el presidente abrió un turno para abordar los nombramientos del Ejecutivo. La mayoría de miembros se mostró contraria a fijar un nuevo Pleno antes del 22 de diciembre, como habían acordado un día antes.
No es la primera vez que Conde-Pumpido protagoniza un conflicto con sus colegas. En julio del año pasado, descalificó a otros magistrados del tribunal de garantías por votar en contra de los decretos del estado de alarma, aunque luego se disculpó. Su nombramiento toma especial relevancia porque el Constitucional debe pronunciarse sobre temas sensibles como el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, la ley Celáa, la de eutanasia, la del aborto, la de Memoria Democrática o la norma catalana que ataca el uso del español en las aulas.
Balaguer y Conde-Pumpido llegaron juntos al Tribunal Constitucional. Ambos fueron nombrados en marzo de 2017 a propuesta del Senado. La salida del actual presidente, uno de los miembros del órgano cuyo mandato de nueve años ha expirado, abre la puerta para la elección de un nuevo mandamás. Aspiran al cargo aquellos magistrados que están en el último tercio de sus mandatos, situación en la que se encuentran ambos magistrados.
La almeriense es catedrática de Derecho Constitucional y está adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga. Ha ejercido como profesora de Derecho y Periodismo en esa misma universidad y dirigió la revista Artículo 14, una perspectiva de género, que editó el Instituto Andaluz de la Mujer. Además, ha coordinado dos congresos de Derecho Constitucional.
Ejm en La Vanguardia de este 14 de julio pasado bajo el titular “Bruselas ve “problemas sistémicos” en las democracias de Polonia y Hungría “ incluye el siguiente texto.
“El examen comunitario ha detectado deficiencias en los cuatro terrenos examinados para determinar la salud democrática de los países de la UE: independencia judicial, libertad de prensa, la lucha contra la corrupción y el sistema de pesos y contrapesos. Polonia tiene 38 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre temas clave sin aplicar, como la reforma de su Tribunal Constitucional. …
Ajeno a lo que critica a estos dos países, el editorial del 14 de julio es desconcertante pero aclara la calidad democrática del periodismo en España ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones.
Necesitamos un sector informativo e intelectual más solvente, independiente e implicado en la defensa del interés general y los principios democráticos ,básicos de la UE. ,
Si algún día tenemos una independencia judicial se deberá ,principalmente, al esfuerzo del sector de jueces y fiscales que han luchado por ella ,con más entusiasmo que una sociedad que ha demostrado, en general, una apatía imperdonable en un tema clave para una democracia de calidad
La independencia judicial, es clave para continuar como socios de la UE, y no veo que ha sido asumida en nuestra sociedad, como otras muy importantes.
El periodismo debería hacer un esfuerzo para adaptarse a los “ nuevos tiempos” y ayudar a esta evolución democrática. No puede distribuir a los jueces en grupos como si estuvieran al mando de los líderes políticos ( a los que deben obediencia). Es una falta de respeto a un sector que se ha significado en la defensa del estado de derecho hasta en situaciones críticas , con una independencia profesional que no han demostrado otros que los critican.
Creo que, actualmente , ante el reto del cambio hacia una justicia independiente hay dos grupos de jueces, como , por ejemplo, de políticos y de periodistas. Los partidarios de continuar con un régimen parecido al que tienen en Polonia y Hungría y los que lo son de conseguir una justicia independiente del poder político como tienen el resto de países de la UE