La amnistía tiene «difícil encaje en la Constitución», según los jueces de la AJFV
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria estará «vigilante» para que se cumpla la carta magna
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. | Fernando Villar (EFE)
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha destacado que una ley de amnistía del procés «es una medida que tiene difícil encaje en la Constitución» y que «preocupa» en la carrera judicial.
En una entrevista con EFE, el portavoz nacional de la asociación deja claro que una ley de amnistía es una cuestión política que tendrán que manejar las Cortes, pero llegado el caso ya avisa de que su asociación estará vigilante en que se cumpla la Constitución. De esta forma serán «exigentes» para que «todos los procedimientos que se tengan que adoptar en relación con esta cuestión se hagan siempre dentro del marco constitucional».
Con todo, advierte: «Como jueces que somos, a priori, es una medida que tiene difícil encaje en la Constitución» y vaticina que previsiblemente está ley acabará en el tribunal de garantías.
La ley de amnistía que exige el expresidente catalán Carles Puigdemont para que Junts apoye la investidura del próximo presidente del Gobierno no gusta a la judicatura, mucho menos en el Tribunal Supremo que ha diseñado toda la arquitectura jurídica contra el procés, avalada posteriormente por el Constitucional.
Fernández Vaquero entiende que la amnistía capitaliza el debate político a partir de unos resultados electorales que, por otra parte, complican aun más el desbloqueo del Poder Judicial, si bien «lo que dificulta más es la necedad de nuestros representantes -opina-«.
El juego «perverso» de PSOE y PP con la Justicia
«Somos pesimistas porque no vemos que esta actuación se vaya a producir ni de manera inmediata ni consensuada», explica el portavoz, para quien «el problema es que ese diálogo básico entre partidos no existe, se ha roto» y así «es imposible» resolver la crisis. Culpa directamente a los políticos hasta el punto de manifestar: «Nuestros representantes nos han llevado a una situación en la que la mitad del país quiere excluir a la otra mitad».
Desde su asociación trazan un futuro panorama sombrío, tanto como «el tránsito por el desierto» que han supuesto estos últimos cinco años con un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado, 83 vacantes de magistrados sin cubrir, el Supremo al borde del colapso y una bicefalia con dos presidentes -CGPJ y Supremo- «haciendo algo que no les corresponde».
«Estamos en una fase de práctico hundimiento del sistema» que «requiere un actuación inmediata, sensata y consensuada por los principales partidos», quienes «han interpretado que el CGPJ es un órgano que tiene que reflejar las mayorías y minorías parlamentarias cuando esto es contrario a la Constitución», pero «ellos están en un juego perverso» y solo «les interesa el corto plazo».
