Los inspectores de Hacienda: ceder todos los impuestos a Cataluña es un golpe a la igualdad
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado alertan que la propuesta supondría «un paso atrás de gigante»
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, durante la inauguración del XXXIII Congreso de Inspectores de Hacienda, que se celebra en Burgos. | Asociación de inspectores de Hacienda.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado este martes sobre la propuesta del Govern de Cataluña de recaudar toda la capacidad tributaria. Según ellos, esta cesión implicaría «un golpe a los principios de igualdad entre los españoles y los territorios, a la capacidad económica y a la justicia fiscal establecidos en la Constitución«.
Los inspectores se han pronunciado así tras conocer la propuesta del Govern catalán de establecer un nuevo modelo de financiación propio para Cataluña, que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la Comunidad, con un mecanismo de solidaridad interterritorial.
En varios comentarios publicados en la red social ‘X’, recogidos por Europa Press, los inspectores de Hacienda han advertido de que el fraccionamiento de la Agencia Tributaria supondría «un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario».
Para la Asociación de Inspectores, esta intención del Govern catalán también supone la «conculcación» de los principios tributarios fundamentales sobre los que se asienta el actual sistema.
«Compatible con la Constitución»
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno catalán, Natàlia Mas, ha explicado esta mañana que la propuesta es «compatible con el Estatut d’Autonomia, la Constitución y el derecho comunitario» y que incluye un análisis jurídico elaborado por el Institut d’Estudis d’Autogovern.
Este análisis «concluye que el marco constitucional lo permite» y establece las modificaciones normativas que serían necesarias para implementarlo. Mas ha señalado que no contraviene el principio de solidaridad y que la Constitución no exige que el sistema de financiación autonómica deba ser igual para todas las comunidades autónomas.
