El error judicial destapado por TO pone en riesgo el cobro de 67.300 millones de euros
Las multas solicitadas equivalen al 5% del PIB de España. La causa se encuentra en peligro de nulidad por un mail que se coló por error en una providencia
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
Un total de 342 años de cárcel y algo más 67.320 millones de euros en multas, una cifra equivalente al 5,2% del PIB de España. Es la pena que la Fiscalía Antidroga solicita para los 18 presuntos traficantes de cocaína, drogas sintéticas y fusiles de asalto, en su mayoría holandeses, detenidos en la Costa del Sol hace cuatro años. Una causa pendiente de juicio y que ahora se va a enfrentar a la petición de nulidad por parte de los acusados como consecuencia de un error atribuido a una funcionaria del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público les acusa de distintos delitos de narcotráfico, depósito de armas de guerra y falsedad documental, según el escrito de conclusiones preliminares remitido a la Sección Tercera de Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Las penas de cárcel solicitadas para cada uno de ellos varían de 40 a 11 años en función del papel que cada uno de los acusados desempeñaba en esta presunta organización jerarquizada y liderada por conocidos criminales holandeses asentados en Benalmádena (Málaga).
Sin embargo, y a pesar de su distinto grado de implicación en la trama, para los 18 encausados el fiscal solicita la misma multa: «el equivalente al cuádruple del valor de la cocaína aprehendida» en el operativo que llevó a la desarticulación de esta red especializada en introducir en España y Países Bajos grandes cantidades de esa droga. Todos ellos fueron arrestados después de que la Guardia Civil y la Policía Nacional interviniesen en un polígono de Málaga, en octubre de 2018, un camión que ocultaba varias toneladas de clorhidrato de cocaína entre bananas procedentes de Costa Rica.
Baile de cifras y 67.300 millones en multas
En aquel momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifraron en 6.300 kilos la cantidad de cocaína incautada en el vehículo. Sin embargo, en su escrito de acusación, el fiscal rebaja a algo menos de 4.900 kilos la droga intervenida y sitúa en algo más de 934 millones de euros su valor total de mercado.
«Efectuada la inspección del camión y del interior de la nave, se intervino un total de 4.855 paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva que contenía en su interior una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser cocaína, con un peso neto de 4.889.868 gramos y una pureza superior al 80%, con un valor total de mercado de 934.314.649,94€», indica el fiscal Ignacio de Lucas en su escrito. El cuádruple de esa cantidad, multiplicado por el número total de acusados, supone una multa total de unos 67.320 millones de euros.
La misma cantidad es exigida para todos los acusados. No obstante, las penas de cárcel varían en función del papel de cada uno de los acusados en la organización. Para los presuntos cabecillas de la trama, los holandeses Marco Huijsman y Hans Verheij, el Ministerio Público reclama una pena de cárcel de 40 y 37 años, respectivamente. Se les considera los líderes de este «entramado criminal que perseguía la introducción de cocaína en España bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica que recalaban primero en el puerto de Setúbal (Portugal), para posteriormente ser transportados a Málaga».
‘Coca’ de Costa Rica y precursores de China
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, la organización presuntamente liderada por Huijsman y Verheij contaba con un entramado de empresas dedicadas a la importación y el transporte de cocaína desde el país centroamericano. La droga llegaba escondida entre cargamentos de frutas en barcos hasta el puerto de Setúbal (Portugal). Desde ahí era transportada primero a una nave que la organización tenían en Badajoz, y posteriormente era trasladada hasta la Costa del Sol en camiones.
Sin embargo, la cocaína no era su único negocio. Bajo apariencia de legalidad, sus empresas también se dedicaban a traer desde China precursores químicos para la fabricación en España de drogas sintéticas como MDMA y metanfetaminas. «Una vez efectuada la importación, los acusados transportaban dichas sustancias a distintos emplazamientos de los que disponían en España para su almacenamiento y posterior fabricación de la droga (MDMA y MDA) con el fin último de proceder a su distribución y venta a terceros», señala el escrito del fiscal.
«Lo cierto es que la envergadura de su infraestructura y el porfolio de esta estructura criminal era mucho más amplio que el mercado de la cocaína, de manera que disponía también de la capacidad para operar en todo el ciclo criminal del tráfico de drogas que comprendía la fabricación, distribución y venta de drogas sintéticas», añade el fiscal en sus conclusiones preliminares. Un escrito de acusaciones que se encuentra suspendido desde que el pasado 3 de mayo la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en un auto al que ha tenido acceso este diario, ordenase traducirlo para notificárselo a los acusados.
Fusiles de asalto y armas de guerra
Tras la incautación del camión cargado de cocaína en Málaga y la detención de 16 de los acusados –13 holandeses, un francés, un esloveno y un español, considerado uno de los distribuidores más conocido de la zona-, las autoridades procedieron al registro de varias naves, inmuebles y vehículos pertenecientes a la misma presunta organización criminal.
En esos registros, además de diferentes cantidades de dinero en efectivo, joyas, relojes de alta gama, precursores y drogas sintéticas, fueron halladas varias armas de guerra. Entre ellas, tres subfusiles Vz61 marca Skorpion, dos subfusiles modelo EVO y un fusil Kalashnikov modelo AK-47, además de diferentes revólveres y pistolas con sus correspondientes cargadores y municiones. También se hallaron cuatro granadas de mano, dos de las cuales «estaban montadas y en condición de ser utilizadas».
«Efectuado informe pericial sobre estas armas, los tres subfusiles automáticos (SKORPION), los dos subfusiles EVO y el fusil automático (Kalashnikov), catalogados como armas de guerra, estaban en perfecto estado de funcionamiento», indicaba el ahora teniente fiscal Antidroga, Ignacio de Lucas, en su escrito.
Pedirán la nulidad de la instrucción
Como adelantó este diario, fuentes cercanas a los 18 acusados pedirán la nulidad completa de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 5 y la Fiscalía Antidroga por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Esto, después de conocerse el contenido de un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por el titular de ese juzgado, Santiago Pedraz, el pasado 2 de marzo.
El mensaje, según las mismas fuentes, fue escrito por la letrada de la administración de Justicia del juzgado y no por el magistrado. En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar esa providencia, dirigida a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos de los encausados que actualmente se encuentran detenidos en ese país, Mohamed Lazaar y Patrick Sarantellis, ante el temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.
Según fuentes cercanas a los acusados, de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, el fiscal De Lucas habría «hablado» con algún juez a espaldas de los abogados de los 18 procesados. «He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», añadía el e-mail que se habría colado por error en la segunda página de la providencia firmada por Pedraz.
La letrada corrige el «error involuntario»
Fuentes judiciales consultadas por este diario descartan que el contenido del mensaje que se coló «por error» en la providencia pueda poner en riesgo el juicio. No obstante, y a pesar de que habían pasado tres meses, tan solo un día después de que THE OBJECTIVE consultase a la Audiencia Nacional sobre este escrito, la propia letrada de la administración de la Justicia dictó el pasado jueves, 2 de junio, una diligencia de constancia y ordenación en la que achaca lo ocurrido a un «error involuntario».
Por ese motivo, añade en el escrito, «procede por tanto anular informáticamente tal acontecimiento (la segunda página de la providencia firmada el 2 de marzo por Pedraz) creando otro acontecimiento que contenga exclusivamente el texto de la resolución judicial». Es decir, la letrada de la administración de la justicia (y no el juez) ordena que se elimine del procedimiento el mail que se coló por error y que solo se tenga en cuenta la primera página donde venía la providencia firmada por Pedraz y enviada a la Sección Tercera que preside Guevara.
