Vivanta cierra con un acuerdo confidencial su millonario pleito con el fundador de Unidental
José Álvarez reclamaba dos millones de euros por la venta de sus clínicas al grupo dental rescatado por el Gobierno y la SEPI con 40 millones de euros
Fachada de una de las clínicas del grupo Vivanta. | The Objective
El grupo de clínicas dentales Vivanta, rescatado con 40 millones de euros por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y el Gobierno, ha zanjado con un acuerdo confidencial el millonario pleito que mantenía desde 2019 con el exaccionista mayoritario de Unidental, José Álvarez. Fuentes jurídicas han confirmado a THE OBJECTIVE que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha homologado el mencionado pacto extrajudicial con el que ambas partes han cerrado las demandas cruzadas con las que se acusaban de incumplir el contrato por el que Vivanta compró a Álvarez sus clínicas en 2017.
El fundador de Unidental denunció hace tres años a Vivanta y al fondo Portobello, que controlaba entonces la mayoría de las acciones del grupo dental rescatado por el Gobierno. Les acusaba de no haberle abonado todavía dos millones de euros de un pago aplazado que ambas partes habían pactado en el precio final de las clínicas que el Grupo Unidental vendió a Portobello para conformar Vivanta.
Posteriormente, Vivanta y Portobello decidieron presentar una demanda reconvencional contra Álvarez para reclamarle casi medio millón de euros por presuntas irregularidades contables detectadas una vez que el fondo de capital riesgo se hizo cargo de la empresa y pudo ver las cuentas reales de la misma. En su escrito de demanda reconvencional, al que ha tenido acceso este diario, Portobello y Vivanta admitían no haber abonado al ex principal accionista de Unidental los dos millones del pago aplazado pactado en la operación por la cual adquirieron 152 clínicas del Grupo Unidental. El contrato de compra venta establecía un importe total de 43,5 millones de euros en concepto de pago inicial y otros dos millones como pago aplazado.
Además, Vivanta aseguraba que se estaba negociando entre las partes una solución extrajudicial al conflicto, cuando Álvarez decidió interponer la demanda y reclamar el dinero sin previo aviso. «No deja de resultar sorprendente que la demanda se interpusiese con fecha 23 de mayo de 2019, cuando en el mes de julio de 2019 las partes estaban manteniendo reuniones para solucionar las discrepancias», indicaba en el escrito.
Acuerdo confidencial
Todas las demandas cruzadas entre las partes se habían acumulado recientemente en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, que finalmente no ha tenido que dictar sentencia para resolver el pleito. Álvarez y Vivanta (que desde finales de 2020 está controlada mayoritariamente por el fondo Ares Management) han desistido del procedimiento judicial tras alcanzar un acuerdo confidencial que ya ha sido homologado por el juzgado, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario.
Ninguna de las partes ha querido ofrecer a este medio detalles ni cantidades del acuerdo, que ha puesto fin a uno de los pleitos que Vivanta mantenía abiertos con sus antiguos socios minoritarios cuando el Consejo de Ministros y la SEPI aprobaron conceder al grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
A pesar de haber cerrado el pleito con el accionista mayoritario de Unidental, otros procedimientos abiertos por exsocios minoritarios de Vivanta siguen vivos. Los denunciantes son expropietarios de algunas de las clínicas que Portobello adquirió a Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras, con el objetivo de conformar el grupo dental líder en España. Afirman que se les adeuda el pago aplazado pactado en la compra.
El rescate a Vivanta
En los juzgados de instrucción número 49 y número 21 de Madrid se mantienen abiertos sendos procesos en los que estaban querellados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El primero de esos procesos fue sobreseído, pero ha sido recurrido. El segundo se mantiene pendiente de resolución, según fuentes jurídicas.
En sus primeros tres años de vida como sociedad independiente, Vivanta acumuló pérdidas por valor de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI para conceder las ayudas del Fasee. Un fondo creado para rescatar a empresas que hubiesen sido viables antes a la pandemia y que hubieran incurrido en pérdidas a raíz del estallido de la covid-19. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro. Sin embargo, tras la entrada de Ares y BNP Paribas en el accionariado de Vivanta, el grupo dental registró 80 millones de euros de beneficios a cierre de 2020 a pesar de la pandemia.
Como adelantó este diario, el pasado 11 de julio varios exsocios minoritarios de Vivanta denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción el cuestionado rescate de 40 millones de euros concedido por el Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a la red de clínicas dentales. El escrito, que fue trasladado posteriormente a la Fiscalía de Madrid, iba acompañado por un dossier de casi 400 folios entregado al Ministerio Público, así como a otros organismos públicos y partidos políticos.
El Gobierno declara «secreto» el rescate
PP, Ciudadanos y Vox plantearon diversas iniciativas y preguntas parlamentarias para pedir al Gobierno explicaciones por el polémico rescate a Vivanta. Además de preguntar al Ejecutivo si era consciente de los procesos judiciales que enfrentaba el grupo dental rescatado con fondos de la SEPI, la oposición requirió los documentos e informes en los que el Consejo de Ministros se basó para considerar «estratégica» a una compañía que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. El propio colegio de odontólogos tachó de injusto el rescate de 40 millones a Vivanta, en comparación con los 44 millones que el Gobierno aprobó para el Plan de Salud Bucodental Estatal de todos los ciudadanos españoles.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre los detalles del discutido rescate a Vivanta. En su contestación a las iniciativas y preguntas registradas por la oposición, el Gobierno ha declarado «secreto» y de «carácter reservado» el contenido de los informes por los que el Consejo de Ministros y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fasee.
Moncloa se ampara en el Real Decreto 25/2020 para señalar que «toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado». «Existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada en las presentes iniciativas», añade el Ejecutivo en sus respuestas parlamentarias dirigidas a PP, Cs y Vox, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El Gobierno subraya que el real decreto por el que se puso en marcha el Fasee establece que el Consejo Rector del Ministerio de Hacienda y la SEPI quedan «obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada a los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes» designados para estudiar las solicitudes de las empresas interesadas en acceder a las ayudas públicas del fondo.
Además, el Ejecutivo alude a dos fallos en los que el Tribunal Supremo desestimó dos recursos contenciosos administrativos formulados por diversos miembros del Congreso en los que se solicitaba una copia completa de los expedientes relativos a las ayudas del Fasee concedidas a Duro Felguera y Air Europa. «Las citadas desestimaciones son constitutivas de reiteración, por lo que constituyen jurisprudencia», indica el Gobierno en sus respuestas. Por todo esto, el Ejecutivo concluye que «existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada».
