Letrados del TC emiten informes contradictorios sobre la petición del PP de frenar la reforma del tribunal
Las recusaciones planteadas por Podemos contra dos magistrados conservadores podrían paralizar el procedimiento
Fachada del Tribunal Constitucional. | Alejandro Martínez Vélez (EP)
Los letrados del Tribunal Constitucional (TC) han emitido informes contradictorios, tanto a favor como en contra, en relación a las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC, de cara al Pleno extraordinario previsto para este mismo jueves y cuyo inicio se ha retrasado ante los nuevos escritos presentados por PSOE, Unidas Podemos (UP) y Vox.
Las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press explican que cada uno de los 11 magistrados –seis conservadores y cinco progresistas– que actualmente integran el Constitucional cuenta con su propio letrado, de ahí que se hayan emitido varios informes en distinto sentido.
Estos informes servirán a los magistrados para la deliberación y votación que se espera que lleve a cabo el Pleno para decidir si se admite el recurso de amparo presentado este miércoles por el PP y, sobre todo, si se aceptan las medidas cautelarísimas planteadas en el mismo.
El Pleno se ha retrasado –estaba fijado para las 10.00 horas– porque los magistrados han pedido tiempo para estudiar tanto el recurso de amparo del PP como el resto de escritos que han ido llegando en las últimas horas, aunque en un principio la tardanza se ha producido porque el bloque conservador ha celebrado una reunión interna que a las 10.00 aún no había terminado.
No obstante, la principal razón es que en las últimas horas los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han solicitado al TC que les tenga por personados y rechace suspender la tramitación parlamentaria, advirtiendo de que, en caso contrario, se afectará a los derechos de los diputados y de los ciudadanos que representan.
Unidas Podemos ha ido un paso más allá pidiendo apartar a González-Trevijano y Narváez, de la deliberación del recurso del PP al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno. Las fuentes advierten de que esta recusación podría llegar a paralizar el procedimiento en el TC.
Vox también ha movido ficha y se ha sumado al PP presentando otro recurso de amparo donde solicita igualmente al Tribunal Constitucional que suspenda la tramitación parlamentaria de dichas enmiendas.
Situación inédita
Es la primera vez que el Constitucional celebra un Pleno extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. De admitir las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP, se trataría de un hecho sin precedentes en los 40 años de historia del tribunal.
Desde el tribunal han explicado que en este Pleno «se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas» por los diputados del PP, una ponencia que ha recaído sobre el magistrado Enrique Arnaldo.
El TC ya había avanzado que convocaría un Pleno con carácter urgente después de que el PP presentara ayer miércoles un recurso de amparo contra lo que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de «ataque» del Gobierno al Poder Judicial.
El recurso se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron –entre otras– las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.
En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos –que ahora requiere al menos 11 votos– a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
También contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que –según explican las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press– garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.
En su recurso, el PP también señala el acuerdo adoptado el pasado martes por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que instaron los ‘populares’ frente al acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.
Además de solicitar que se anulen los dos acuerdos, el PP pide como medida cautelarísima que se suspenda la admisión a trámite de las dos enmiendas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.
Pleno en el Congreso
Este jueves está previsto que el Congreso de los Diputados celebre un Pleno donde se espera que quede aprobada la proposición de ley –con sus enmiendas–, de modo que el próximo 22 de diciembre el Senado haga lo propio. Gamarra había urgido al TC a pronunciarse antes del debate parlamentario de mañana.
PSOE y Unidas Podemos introdujeron estas enmiendas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre, debido al veto tácito del bloque conservador al nominado por los vocales progresistas –el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés– y a la negativa de estos últimos a volver a engordar su lista de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
Como consecuencia, los vocales progresistas abogan ahora por esperar a que el nuevo sistema se apruebe en las Cortes Generales para votar ya con él, mientras que el bloque conservador ha lanzado dos candidatos –los también magistrados del TS César Tolosa y Pablo Lucas– para intentar eludir esta reforma, en lo que supone un intercambio de roles respecto a las posiciones que las dos corrientes del CGPJ mantenían hasta ahora.
«Uso fraudulento de los trámites parlamentarios»
En un comunicado, el PP ha explicado que el motivo de su recurso es que considera que se ha hecho «un uso fraudulento de los trámites parlamentarios», por la «falta de conexión» de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son «inconstitucionales de forma manifiesta».
«Las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución», han indicado los ‘populares’.
Asimismo, han avanzado que este recurso de amparo no impide que, «en el momento procesal oportuno», el PP pueda impugnar igualmente la tramitación parlamentaria de la proposición de ley y la nueva norma si finalmente queda aprobada.
