El Constitucional tratará el recurso del PP sobre el aborto en el primer pleno de Conde-Pumpido
El borrador de la sentencia ha sido redactado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo. La intención es acelerar las resoluciones pendientes
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | Carlos Luján (Europa Press)
Cándido Conde-Pumpido quiere estrenarse a lo grande. El presidente del Tribunal Constitucional va a incluir en el primer pleno de esta nueva etapa el debate sobre la ley del aborto promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que recurrió el PP. El cónclave se celebrará el 7 de febrero y tratará de dilucidar después de casi 13 años si la denominada ley de plazos es o no constitucional. El borrador de la sentencia ha sido redactado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo. No será la única resolución que se acelere.
Arnaldo concluyó el trabajo en abril, pero el anterior presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, descartó llevarlo al pleno. Consideraba que era más conveniente aplazar el trámite hasta que se remozara la corte de garantías, algo que debió suceder en junio. Arnaldo no es el primer ponente del recurso contra la ley de aborto; antes recayó en los magistrados Elisa Pérez Vera y Andrés Ollero.
La inclusión en pleno del recurso de la ley del aborto no supone que se vaya a aprobar la sentencia. Puede conllevar diversas deliberaciones, pero las fuentes consultadas reconocen que el final está muy cerca. Estas mismas voces avanzan a THE OBJECTIVE que lo más probable es que la norma se declare constitucional. Especialmente, si se atiende a que el sector progresista cuenta con siete de los 11 votos en liza.
Hoja de ruta del Constitucional
La norma que regula el aborto en España fue actualizada en 2010 con la conocida como ley de plazos. Esta contempla que pueda interrumpirse el embarazo según el tiempo de gestación: en las primeras 14 semanas la decisión es libre, entre la 14 y la 22 se permite siempre que exista un criterio médico que lo justifique y, a partir de entonces, solo se puede realizar por anomalías graves e incurables.
El PP recurrió la ley ante el Constitucional, que casi 13 años sin pronunciarse. Los expertos no recuerdan un recurso que haya permanecido tanto tiempo varado. Su elevación a pleno llega en plena polémica por la propuesta antiabortista de Vox en Castilla y León, que amenaza con romper el Gobierno regional y que mantiene en alerta al Ejecutivo de Pedro Sánchez por si se produce una vulneración de derechos fundamentales o coacciones contra las mujeres.
Fuentes jurídicas subrayan que la decisión de Conde-Pumpido no responde a ningún debate público, sino a su compromiso de acelerar las resoluciones pendientes en el tribunal, «tanto las que tienen más antigüedad como aquellas que revisten una mayor repercusión social y política». Así se lo ha hecho saber el presidente al resto de magistrados en el pleno gubernativo celebrado este martes.
En ese sentido destaca la sentencia de la ley del aborto, una norma que el PP no modificó durante los siete años que estuvo en el poder, los cuatro primeros con mayoría absoluta. La reunión ha servido para cerrar la hoja de ruta que seguirá el Constitucional en los próximos meses.
La intención es llevar a la reunión del 21 de febrero el recurso contra la ley de eutanasia aprobada en marzo de 2021. PP y Vox presentaron sendas quejas ante la corte de garantías al entender que la norma atenta contra el derecho fundamental a la vida. No obstante, los magistrados rehusaron suspenderla de forma cautelar como pedía la formación que preside Santiago Abascal.
El pleno del 7 de marzo deliberará sobre la reforma de la ley Celáa, que generó gran controversia por eliminar la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular e impedir que los colegios concertados exijan cuotas a las familias por ofrecer enseñanzas gratuitas. El PP impugnó 16 artículos y dos disposiciones adicionales de la octava ley educativa de la democracia al entender que vulnera varios derechos fundamentales.
El pleno gubernativo también ha servido para elegir la nueva composición de las salas y de las secciones del Constitucional y repartir las ponencias entre sus cuatro nuevos miembros. Los magistrados que continúan conservan las causas que tenían asignadas, mientras que los que llegan heredan las de quienes han dejado el tribunal.
