La ley de amnistía aleja el acuerdo en el Senado para cubrir la vacante del Constitucional
El asunto podría tratarse este lunes en la reunión que van a mantener Feijóo y Sánchez en el Congreso
El presidente del Senado, Pedro Rollán, saluda al senador socialista Javier Lambán. | Eduardo Parra (Europa Press)
Cambia la legislatura, pero no las tareas pendientes en el Senado. La Cámara alta aún debe cubrir la plaza del Tribunal Constitucional a la que renunció el magistrado conservador Alfredo Montoya hace 15 meses. La falta de acuerdo entre los grandes partidos ha imposibilitado completar la corte de garantías, donde el sector progresista es mayoritario (siete de sus 11 miembros). Las propuestas para sustituirle deben partir de las comunidades autónomas, aunque el PP es reacio a iniciar los trámites porque el PSOE se niega a un pacto que sí solicita para renovar a los vocales del Consejo General del Poder General (CGPJ).
Las negociaciones para remozar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace un lustro, estuvieron a punto de prosperar hace justo un año. Sin embargo, el PP suspendió las conversaciones cuando comprobó las intenciones del Gobierno de reformar el Código Penal para rebajar las penas por delitos de sedición. El acuerdo incluía cubrir la vacante en el Constitucional que depende del Senado.
Los populares sostienen que la plaza les corresponde, ya que Montoya fue designado magistrado a propuesta suya a través de la Asamblea de Madrid. Para lograrlo necesitan el apoyo del PSOE. Cualquier aspirante debe conseguir una mayoría cualificada de tres quintos del Senado, lo que complica la elección. «La negociación trasciende al grupo parlamentario», reconocen a THE OBJECTIVE fuentes del PP en la Cámara alta.
Nueva legislatura en el Senado
La situación podría tratarse este lunes en la reunión que van a mantener Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso. Sin embargo, la posibilidad de que el líder socialista apruebe una ley de amnistía que anule las responsabilidades jurídicas del procés para conseguir los votos de Junts, esenciales para su investidura, dificulta cualquier acuerdo tanto para cubrir la plaza vacante del Constitucional en el Senado como para renovar a los vocales del CGPJ.
«La justicia no son cromos intercambiables. El PSOE debería respetar esa institución. El Constitucional no puede ser un satélite del Gobierno, ya que lo desprestigia», subrayan desde Génova. Un senador popular reconoce a este diario su pesimismo para cubrir la plaza vacante en la corte de garantías y renovar el órgano de gobierno de los jueces. En su opinión, se trata de un problema enquistado en el que deberán intervenir las instituciones europeas. Además, considera vital cambiar la fórmula de elección.
El proceso para sustituir al magistrado Montoya se abrió en agosto del año pasado, durante la anterior legislatura. El Senado prorrogó hasta en cuatro ocasiones el plazo para cubrir su vacante. Solo Aragón y Extremadura, gobernadas por los socialistas, y Galicia, dirigida por el PP, propusieron un candidato.
Las Cortes de Aragón fueron las primeras en proponer un aspirante. Los socialistas promocionaron al juez José Ricardo De Prada, que tiene la vitola de bestia negra del PP por ser uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas en la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa a Sánchez.
La propuesta tuvo lugar en mitad de las conversaciones que mantuvieron los principales partidos para renovar las instituciones del Estado. El PP lo criticó al considerar que enturbiaba el pacto judicial. A principios de febrero le tocó el turno a la Asamblea de Extremadura, que propuso a Aurelio Blanco. Esos días también salió adelante la propuesta del Parlamento gallego, que se decidió por José Luis Costa Pillado, presidente del Consejo Consultivo de Galicia.
La renovación del CGPJ
La imposibilidad de llegar a un acuerdo con los nombres propuestos dieron al traste con la maniobra. El asunto quedó pendiente, así que la Cámara alta lo trasladó a la actual legislatura. Una portavoz del Senado explica que las iniciativas legislativas decaen cuando se disuelven las Cortes. En cambio, en este caso no lo hace porque el tema trasciende a la institución, ya que involucra al Constitucional, así que existe la obligación de darle traslado.
Para cubrir la plaza vacante del Constitucional en el Senado es necesario que un candidato obtenga el apoyo de 217 de los 264 miembros que conforman la Cámara alta. El PP tiene 143 escaños, pero sus socios potenciales cuentan con una exigua representación, por lo que los votos de los senadores del PSOE se antojan esenciales. Los socialistas están dispuestos a votar a un candidato conservador, pero lo vinculan a un acuerdo para renovar a los vocales del CGPJ.
