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El juez llama a declarar al expresidente de la Diputación de Cáceres por prevaricación

El socialista Carlos tendrá que comparecer en el juzgado tras una denuncia por unos contratos con la constructora OCR

El juez llama a declarar al expresidente de la Diputación de Cáceres por prevaricación

El ex presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Carlos Carlos. | Diputación de Cáceres

El ex presidente de la Diputación de Cáceres tendrá que declarar ante el juez por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Coria (Cáceres) ha abierto diligencias contra Carlos Carlos tras una denuncia de Abogados Cristianos por unos contratos con la constructora OCR, responsable del derribo de la cruz de Barrado.

El dirigente socialista, que continúa siendo alcalde de Calzadilla, tendrá que acudir a dependencias judiciales el 9 de noviembre a las 11.15 horas en calidad de investigado, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el ex presidente de la Diputación de Cáceres para recabar su versión. Desde el PSOE de Extremadura han rechazado hacer declaraciones.

Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra Carlos por un posible delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal en la adjudicación de contratos a la empresa constructora OCR. La organización que preside Polonia Castellanos sostiene que, desde 2021, esta empresa recibió 14 contratos públicos valorados en 2,2 millones de euros. Además, el dirigente socialista también le adjudicó un contrato del Ayuntamiento de Calzadilla por más de 400.000 euros.

«Persecución a símbolos religiosos»

«Desde la Diputación de Cáceres, Carlos ha llevado a cabo una auténtica persecución a los símbolos religiosos. Ahora vemos que además del odio anticristiano lo que hay son intereses económicos», sostiene Castellanos. La presidenta de Abogados Cristianos afirma que su fundación ha presentado «pruebas más que suficientes» de que Carlos habría cometido un delito de prevaricación. El socialista continúa siendo regidor de Calzadilla, una localidad de apenas 500 habitantes.

Castellanos esperan «que la justicia sea imparcial y finalmente haya un juicio justo donde sea condenado». La organización de juristas no descarta ampliar la denuncia, puesto que considera que Carlos podría haber incurrido además en los delitos de tráfico de influencias (artículo 430 del Código Penal) y malversación (artículo 432).

Carlos Carlos Rodríguez, de 63 años y panadero de profesión, es alcalde de Calzadilla desde 2003. Tras las elecciones municipales de 2019 regresó a la Diputación de Cáceres como vicepresidente primero y responsable de Economía y Hacienda. Poco después se convirtió en su presidente. Ya había sido diputado provincial en una etapa anterior entre 1999 y 2007. Milita en el PSOE desde 1980 y ha sido miembro de su ejecutiva provincial durante una década.

La presidencia de la Diputación de Cáceres sigue en manos de los socialistas. Su titular es Miguel Ángel Morales, que ya fue vicepresidente de la institución durante dos etapas diferentes. Fue elegido con los votos de su partido y la abstención del PP. Carlos se despidió del cargo en un pleno celebrado el pasado 9 de junio, después de que el PSOE designara a su compañero para sustituirle.

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