El Tribunal de Cuentas estudia suspender el juicio del 1-O por la tramitación de la amnistía
La vista busca recuperar el dinero utilizado en el supuesto desvío de fondos para financiar ‘el procés’
Juicio celebrado este viernes en el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos del 1-O. | Javier Lizón (EFE)
El juicio sobre el supuesto desvío de fondos para financiar el procés sigue adelante en el Tribunal de Cuentas. Al menos, de momento. La consejera que lo juzga ha avanzado en la vista de este viernes que estudiará suspender el procedimiento, al que solo le restan las conclusiones (por escrito), después de que el PSOE haya registrado en el Congreso una ley de amnistía. Así lo han solicitado los demandados, aunque la acusación particular y la Fiscalía se niegan porque una norma no entra en vigor hasta que no se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este viernes han comparecido tres testificales (María Luisa Lamela, Antoni Millet y Alfonso González Bondía), pero no Carles Puigdemont. Estaba previsto que sucediera así. Su abogado, Gonzalo Boye, ha explicado que no ha podido acudir por su agenda como eurodiputado. El expresidente catalán había solicitado hacerlo a través de videoconferencia, una posibilidad que fue denegada. Los encausados, en cambio, no estaban obligados a comparecer; bastaba que acudieran al juicio sus defensas.
La vista, que se ha desarrollado durante casi dos horas, busca recuperar el dinero utilizado en el supuesto desvío de fondos para financiar el procés. Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones que deberían pagar de forma conjunta y solidaria una treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, entre los que se encuentran Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas.
La amnistía, en trámite
Al inicio del juicio, los encausados han solicitado dejarlo en suspenso por la tramitación de la ley de amnistía. El fiscal, Manuel Granizo, ha rechazado esa posibilidad porque la vista «no se puede subordinar a un acontecimiento futuro». No obstante, comparte los principios que ha abanderado la defensa sobre tutela efectiva y economía procesal. La consejera Elena Hernáez se ha comprometido a estudiar el aplazamiento y fundamentará su decisión en los próximos días por escrito. En caso de aceptar se aplazarían sine die conclusiones y el resto de diligencias procesales.
«Lo sensato es que se suspenda. A la gente le cuesta entender que se insista en algo que no va a fructificar. Es significativo que acusación particular y Fiscalía no hayan hecho preguntas a los testigos», ha señalado Francesc Homs, abogado de varios encausados, entre los que también se encuentra él mismo como exconsejero de la Generalitat. Boye, representante de Puigdemont, reconoce que no espera nada del procedimiento, que tilda de «dislate».
Reconoce que las leyes solo son tal cuando aparecen en el BOE, pero que las pruebas practicas este viernes «dejan en evidencia» el proceso. «Estamos aquí porque alguien ha querido que estemos aquí», ha afirmado Boye apuntando a un posible caso de lawfare, como ya señaló el acuerdo de gobierno suscrito por PSOE y Junts per Cataluña. Avanza que el juicio «habrá que revisarlo en el Tribunal Supremo» porque «nos hemos gastado una cantidad ingente de dinero público en un juicio que no tiene ningún sustento».
El abogado de Sociedad Civil Catalana, una de las acusaciones particulares, afirma que se ha conseguido celebrar la vista «a pesar del contexto y las injerencias». Juan Chatapria asegura que «los hechos están claros» y que «si la justicia prevalece, habrá una condena». El letrado no es partidario de suspender el proceso y confía en que se lleve a término, ya que la ley de amnistía no está en vigor y «no afecta a este caso».
Extinguir responsabilidades
La ley de amnistía incluye «los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar» el procés entre enero de 2012 y el 13 de noviembre de este año. Ese escenario convierte el juicio en el Tribunal de Cuentas en un mero trámite. Cuando entre en vigor, según su artículo 8, se extinguirán las responsabilidades civiles y contables, incluidas las que estén en marcha en el órgano fiscalizador, aunque no incluye aquellas con sentencias ejecutadas.
Esa redacción supone mantener la condena que realizó el Tribunal de Cuentas en 2018 contra la financiación de la consulta del 9-N, que fue confirmada un año más tarde por el propio órgano fiscalizador. La resolución obligaba al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar a las arcas públicas los 4,9 millones de euros indebidamente utilizados.
Suspensión del juicio
Durante la vista de este viernes, Lamela, que era Interventora General del Estado durante el 1-O, ha asegurado que «nunca llegó a controlar» los gastos del procés porque no era su competencia, aunque ha reconocido que tuvo que tramitar algunos pagos, especialmente nóminas, de la Generalitat.
La funcionaria pública, la primera de las testificales, ha mantenido un rifirrafe con Boye, que le ha afeado que sea hermana de Carmen Lamela, primera instructora de los hechos acontecidos en 2017. Millet se ha limitado a recordar sus funciones en Diplocat, mientras que el profesor González Bondía se ha excusado en que no tuvo nada que ver con los informes que le solicitó el Govern sobre los acuerdos internacionales suscritos por España con el fin de abordar el proceso independentista.
La semana pasada, el Tribunal de Cuentas rechazó suspender el juicio al que se enfrentan una treintena de antiguos cargos del Govern, a petición del expresidente catalán, que fue llamado a declarar de forma presencial. Días más tarde, la consejera encargada del caso denegó a Puigdemont la posibilidad de comparecer por videoconferencia. ERC también solicitó la suspensión al entender que «acarrea cargas procesales innecesarias».
