Los fiscales piden a García Ortiz que ampare a sus compañeros del 'procés' ante la amnistía

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal han vuelto a solicitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que convoque un Pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional sobre la amnistía, a lo que han añadido una nueva petición para que en la próxima reunión ordinaria se debata el amparo solicitado por los fiscales del procés ante las acusaciones de ‘lawfare’.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los seis firmantes inciden en que se fije un Pleno extraordinario «para debate y aprobación de una declaración institucional sobre la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». Según las fuentes fiscales consultadas, se baraja finales de diciembre.

Además, piden que «se incorpore en el próximo Pleno ordinario un punto en el orden del día que tenga por objeto la aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».

A este respecto, señalan que, «con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts (…), se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición». Se refieren así a la parte del acuerdo que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar posibles casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el procés.

Ante el revuelo, el propio fiscal general ha tenido que reaccionar en las jornadas de fiscales de civil que se están celebrando en Córdoba y en las que participan fiscales de toda España. «Para finalizar, sí quería hacer un pequeño comentario, quizá al margen de estas jornadas, pero para que quede claro. Quiero dejaros claro y quiero dejar muy claro a todos vosotros, a todos los fiscales, que siempre tendréis al Fiscal General del Estado al frente y en defensa de la carrera», ha asegurado.

«Que el Fiscal General del Estado, que yo y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre. Y que este respaldo tiene que servir de instrumento en el ejercicio de nuestra función constitucional para que todos y todas las fiscales de España estén tranquilos y que lo estén en todos sus ámbitos de actuación», ha apuntado.

A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales. En respuesta, 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que haya «ignorado deliberadamente» la petición de sus cuatro compañeros «ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos».

Avisan de que el cuestionamiento se extiende a FGE

Los seis vocales de la AF dicen que la prueba de que se ha cuestionado la actuación de los fiscales «fue la situación vivida en 16 de noviembre de 2023 en la Comisión de Justicia del Parlament de Cataluña por el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche, a quien se dirigió Joaquim Jubert, de la formación política Junts, acusándole públicamente de vulnerar la presunción de inocencia en su actividad profesional».

«El cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los fiscales se extiende a lo largo de toda la carrera fiscal, desde los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en los procedimientos celebrados ante la Sala Segunda, pasando por las fiscalías ante el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional o el Tribunal de Cuentas y llegando a todas las fiscalías de Cataluña», dicen.

«Y, por supuesto, alcanza a la propia Fiscalía General del Estado (FGE), que ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos, garantizando con ello el principio de unidad de actuación», han añadido.

A su juicio, «resulta inaceptable que se atribuya de forma gratuita e infundada a estos fiscales una desviación del ejercicio de las funciones que nos son propias como integrantes del Poder Judicial con el fin de servir a un supuesto propósito de judicialización de la política».