El atasco de la Justicia se dispara un 30% con 4,1 millones de asuntos pendientes a final de año
En 2023 se han dictado casi 1,5 millones de sentencias, un 11% menos como consecuencia de las reiteradas huelgas
Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. | Gustavo Valiente (Europa Press)
El atasco de la justicia se dispara. Los tribunales españoles cierran el año con 4,1 millones de asuntos pendientes, un 29,6% más que el curso anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cambio, el número de sentencias emitidas desciende un 11,2%, hasta las 1,4 millones de resoluciones. Las asociaciones achacan esas cifras a las distintas huelgas registradas, aunque reconocen que el problema es estructural. Demandan más plazas de jueces porque las convocatorias actuales son «insuficientes», reformas procesales, incentivar la mediación para evitar juicios y un plan de acción específico.
Las previsiones realizadas por el CGPJ en base a las series históricas disponibles dibujan un panorama desolador en la justicia. Este año acabará con 7 millones de asuntos ingresados (un 4,7% más que en el ejercicio anterior) y solo 6,3 millones resueltos, lo que supone casi un punto proporcional menos que en 2022. Muchos de los procesos llevan años de retraso, así que los nuevos litigios se van acumulando.
«Se dictan menos resoluciones que hace un año porque el CGPJ no es capaz de incentivar para se mantenga el mismo nivel. No ha disminuido el número de integrantes de la judicatura. Parece que el sistema judicial funciona con menos eficiencia. Hay desilusión, una alta carga de trabajo y medios precarios», esgrime Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Apuesta por aprobar leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal y más unidades judiciales.
La justicia, en problemas
Lo cierto es que a los problemas estructurales se suma en esta ocasión la concatenación de huelgas; primero la de los Letrados de la Administración de Justicia y a continuación la de los funcionarios. Jueces y fiscales también amenazaron con paros, algo que evitó un acuerdo in extremis con el Gobierno. La situación recuerda, salvando las distancias, a la ocurrida en los años 2019 y 2020, cuando la pandemia dinamitó el funcionamiento habitual de los tribunales.
«Las sentencias registran una tasa de resolución inferior a la de otros años, especialmente por las huelgas que se han sucedido. Siguen entrando procedimientos, pero no hay capacidad para asumirlos», reconoce Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). El magistrado advierte de que existe un problema añadido, el aumento de la litigiosidad. Las previsiones de su organización la cifran en un 147,5%, lo que supone casi siete puntos más que hace un año.
Oliva se lamenta de que el aumento de la litigiosidad lleva aparejado con un descenso del número de jueces en activo. Mientras en Europa existe una media de 21 profesionales por cada 100.000 habitantes, en España esa cantidad baja hasta 11. En su opinión, la tasa de reposición no basta para hacer frente al problema.
Un estudio reciente de la AFJV advierte de un alud de jubilaciones en la próxima década, ya que 1.243 magistrados de la generación baby boom cumplirán los 70 años, edad de jubilación obligatoria (la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 386 que pueda prorrogarse por dos años). La cifra representa el 23% del total de la plantilla, pero podría ascender hasta un tercio si se mantiene la tendencia actual de jubilaciones anticipadas.
«Está en riesgo la tutela judicial efectiva. La gente no es consciente de la gravedad que supone para un país», insiste Oliva. El portavoz de la AJFV reconoce que serían necesarias más plazas de jueces. El CGPJ publicó en junio su plan estratégico, donde concluye que es imprescindible incorporar 6.500 nuevos profesionales, lo que supondría ofertar unas 320 plazas anuales durante la próxima década. El Ministerio de Justicia se comprometió a hacerlo los dos próximos años, pero la cifra también incluía fiscales.
Jubilación masiva de jueces
Las asociaciones se han quejado porque el Gobierno incumple el incremento de 100 plazas pactado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de noviembre una convocatoria de oposiciones similar a la del año anterior, con 120 plazas de acceso a la carrera judicial y otras 80 para los aspirantes a fiscal. «No es suficiente. También es necesario un plan de justicia, reformas procesales para agilizar los procedimientos y abordar una solución extrajudicial para evitar que el pleito llegue al juzgado», sostiene Oliva.
Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, coincide en el análisis. En su opinión, la actividad judicial se ha paralizado por las distintas huelgas, pero alerta de los elevados niveles de litigiosidad en España, que tiene el tercer peor dato de toda la UE. «Existe un problema estructural. Hay pocos jueces y muchos asuntos. El retraso es el problema más visible, pero también afecta al sobretrabajo, la salud laboral de los jueces y a la calidad de sus resoluciones».
Un estudio de esta asociación advierte de que en los próximos tres años pueden jubilarse 1.057 jueces, lo que supone el 19,2% del total. El análisis toma como base los años de nacimiento de cada uno de los 5.490 magistrados en activos según el escalafón aprobado el 7 de abril de 2022, el último publicado en el BOE. «Hay que crear más plazas de jueces, pero también hay que hacer reformas de leyes procesales y apostar por mecanismos alternativos como la mediación», insiste Portillo.
El último Consejo de Ministros aprobó una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia. Están incluidos en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Las iniciativas estaban incorporadas en dos normas tramitadas durante la pasada legislatura, pero no se aprobaron.
Las medidas, que están concebidas para prestar un servicio más eficiente, se articulan en dos bloques. El primero tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual. El segundo está orientado a la eficiencia procesal. La finalidad es garantizar procedimientos más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad.
