La Justicia retira el 'carnet de maltratada' que la Comunidad de Madrid dio a una falsa víctima
La asociación Anavid acusa al Ejecutivo de Ayuso de «prevaricar» y pone en duda el Estado de Derecho en España
La Justicia retira el «carnet de maltratada» concedido por la Comunidad de Madrid | Alejandra Svriz
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado contra una falsa víctima que mantenía el título habilitante que acreditaba su condición de ‘maltratada’ y el Ejecutivo madrileño, que se lo concedió. En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Justicia admite así el recurso contencioso-administrativo anulando el mencionado ‘carnet’ por «no ser conforme a Derecho».
El caso, que ya dio a conocer este periódico en julio de 2023 cuando la familia de Antonio -expareja que había sido denunciado por malos tratos hasta en cuatro ocasiones, saliendo inocente de todas ellas- recurrió ante los tribunales, desveló que existía una grieta en la ley por el que una mujer que reclamase el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, a través de espacios de Igualdad como Hermanas Mirabal o el CAPSEM Norte, podía obtenerlo.
El único requisito, según la Comunidad de Madrid, debía ser someterse a una valoración social para que el Ayuntamiento determinase la necesidad de acceder a una serie de servicios y prestaciones establecidos en la resolución del 2 de diciembre de 2021 (ley 1/2004) y en la ley autonómica 5/2005; diferenciando así la atención social y la atención jurídica. Y es que, desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social se subrayó que su objetivo «es ayudar a quien lo necesita».
Según estableció la ley contra la violencia machista en Madrid, que aprobó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005, los requisitos para acceder al título habilitante son los siguientes en caso de haber presentado denuncia: la existencia de una sentencia condenatoria, una resolución judicial en la que se deduzca que la mujer ha sido víctima, una orden de protección o medida cautelar vigente, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima o atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado presenciando alguna manifestación de violencia de género.
CAPSEM Norte y Hermanas Mirabal
La exdirectora general de Igualdad en la Comunidad de Madrid, Cristina López, y su sucesora y actual directora general, Patricia Reyes, rechazaron la reclamación de Antonio amparándose en la ley 5/2005 y 3/2018 de dicha región y en los informes realizados por una educadora social, una psicóloga, una abogada y una trabajadora social del CAPSEM Norte (espacio del Ayuntamiento que ayuda y da soporte a presuntas víctimas de violencia de género del grupo ABD).
Tal y como Antonio señala, esta institución se basó exclusivamente en la palabra de su exmujer para acreditarla como víctima, pese a que reconocieron en varios informes que habían recibido toda la documentación que demostraba que no era víctima. El espacio de Igualdad Hermanas Mirabal (Dinamia) -cooperativa feminista vinculada al partido vinculado a Manuela Carmena, Ahora Madrid- también participó en dicha acreditación, asegurando que le orientaron en su proceso social y jurídico.
Una vez este «carné» es habilitado, las víctimas reciben diversas ayudas y ventajas. Si cuentan con menores a su cargo, obtienen un único pago de más de 8.000 euros. Y, con independencia de los menores a su cargo, pueden recibir una ayuda de entre 600 y 900 euros al mes para pagar el domicilio gracias al plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025.
Anavid acusa a la región de «presunta prevaricación»
La asociación Anavid, creada para proporcionar ayuda a todas las víctimas de violencia doméstica en España, manifiesta a este diario que este es uno de los muchos casos en los que mujeres con sentencias desfavorables han accedido a estas ayudas. Además, considera injusto que, «pese a todo el daño causado», no haya consecuencias.
«El Estado de Derecho ya no existe y este es el ejemplo. No tenemos independencia judicial y la amnistía es la guinda del pastel de una destrucción que diferentes gobiernos llevan años perpetrando en España», afirman destacando que se han creado leyes contra el derecho de la Unión Europea.
«Toda la legislación europea está por encima de cualquier ley estatal. Ahora, gracias a la resolución de 2 de diciembre de 2021, cualquier mujer que acceda a un informe técnico acreditativo que revele su condición de maltratada, puede obtener el ‘carné‘ pese a que sólo el tribunal puede dictar sentencia», añaden.
En el caso de Antonio, consideran que se ha vulnerado su presunción de inocencia. En primer lugar, saltándose la ley en la que ellos mismos dicen basarse (5/2005) y, además, con arreglo a la sentencia 8/2017 contra el Reino de España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, admitiendo que se siembren sospechas sobre la inocencia de un acusado tras una absolución que haya adquirido carácter de firmeza; algo inadmisible tanto para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como para las directivas de la Unión Europea.
Dos posibles delitos penales
Por ello, sugieren que se han podido cometer dos delitos recogidos en el Código Penal en su caso: «El artículo 408 sentencia que incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años la autoridad que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables», aseveran incidiendo en que dieron a conocer la situación de Antonio desde el primer momento.
También hacen referencia al artículo 456, que regula el delito de denuncia falsa y sanciona a quien impute a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.
