Choque a la vista entre Ayuso y Díaz por el fraude millonario con fondos del paro en Madrid
Un juez investiga por blanqueo y organización criminal a funcionarios de la Comunidad y del Ministerio de Trabajo
Imagen de archivo de una oficina del SEPE en la Comunidad de Madrid. | Europa Press
Choque judicial a la vista entre la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Dos funcionarios del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y un tercero del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz se encuentran entre las treinta personas investigadas en una causa por un presunto fraude en la capitalización de los fondos del paro del que podrían haberse beneficiado al menos 400 contribuyentes y desempleados, según informan fuentes jurídicas y cercanas a la investigación. Un caso que puede poner en entredicho los sistemas de alerta y control por parte de los organismos estatales y autonómicos encargados de tramitar y gestionar los fondos dedicados a la capitalización del paro.
El juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigadas a otras 12 personas para el próximo 19 de abril por presuntos delitos contra la seguridad social, blanqueo de capitales y organización criminal, según una citación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Son los últimos imputados en un caso cuya investigación se inició en septiembre a raíz de la denuncia de una subdirectora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, y por la que el pasado 19 de marzo fueron detenidas 18 personas. Entre ellos, los tres funcionarios mencionados anteriormente -todos ellos trabajadores de una oficina de Empleo del SEPE y del Gobierno regional en Alcobendas-, así como los administradores de dos gestorías, tres concesionarios de coches y varios empleados de dos oficinas bancarias del Santander y del Sabadell.
El secreto de sumario se levantó el pasado viernes 22 de marzo, después que el juez acordase la puesta en libertad sin fianza de todos los detenidos, según las fuentes consultadas y los documentos del caso a los que ha tenido acceso este medio. La propia Fiscalía Especializada en Asuntos Económicos de Madrid solicitó la libertad incondicional de los 18 arrestados tras tomarles declaración y analizar las pruebas incautadas por la Policía Nacional en decenas de entradas y registros practicados durante el operativo: apenas 26.000 euros en efectivo, un coche de lujo, dos vehículos de segunda mano (uno de ellos con 15 años de antigüedad), un televisor y otros enseres de inferior valor en una causa en la que se investiga un presunto fraude de más de cuatro millones de euros del SEPE.
Un alto cargo denunció la trama
Según fuentes jurídicas, la causa se inició a raíz de la denuncia que una alto cargo de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid presentó en la Comisaría Centro de Madrid. Un grupo policial de esa comisaría, y no la UDEF u otra unidad especializada en delitos económicos, es el que ha llevado las riendas de la investigación secreta desde septiembre en coordinación con la Fiscalía Provincial de Madrid. En una reciente providencia, el juez que lleva el caso ha dado al SEPE la posibilidad de unirse a la Comunidad de Madrid como perjudicado en el caso. Una decisión que fuentes jurídicas cuestionan. Los dos organismos encargados de autorizar y de controlar la legalidad de la capitalización del paro figuran como perjudicados y no como responsables del presunto desvío de fondos públicos.
Una subdirectora general del Ejecutivo de Ayuso figura como denunciante a título particular en la causa. Pese a que se investigan delitos de fraude a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y organización criminal, la denuncia se circunscribe por el momento a los tres funcionarios arrestados -todos ellos de nivel bajo, ningún alto cargo o director de oficina- a pesar de que la cifra del supuesto fraude alcanzaría los cuatro millones de euros y de que se habrían beneficiado de él unas 400 personas.
Desde la Comunidad de Madrid destacan que ha sido la Consejería de Empleo el organismo que puso la denuncia por la cual se ha destapado la presunta trama. Fuentes conocedoras del caso afirman que los hechos se pusieron en conocimiento de la Policía por parte de una subdirectora general del gobierno autonómico, tras detectar que una funcionaria de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid -uno de los tres funcionarios detenidos- entraba a las bases de datos y a la aplicación informática para tramitar la capitalización del paro desde su propia casa y mientras estaba de baja laboral.
Descontrol en el SEPE
Unos cuatro centenares de expedientes irregulares pagados por el SEPE y tramitados la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid habrían sido aprobados sin que antes hubiesen saltado las alarmas en ninguno de los dos organismos. La Fiscalía Provincial de Madrid, en concreto la sección especializada en delitos económicos, ha coordinado la investigación con el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.
A pesar de que algunas informaciones inicialmente apuntaban a un supuesto entramado fraudulento liderados por gestores administrativos, los datos de la causa a los que ha tenido acceso este diario apuntan a que tan solo dos profesionales de ese sector se encuentran investigados en el caso hasta el momento. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos (ICOGAM), confirma a THE OBJECTIVE que «en este momento no sabemos más que lo que han publicado los medios, donde se cita que hay algún gestor administrativo que ha sido detenido por su presunta participación en un fraude contra el SEPE».
«De ser así, se activará la participación del Comité Deontológico de este Colegio Profesional y se tomarán las medidas establecidas en el Código Deontológico de la profesión. Ahora toca dejar actuar con tranquilidad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los jueces. Cuando llegue nuestro momento, actuaremos con la máxima contundencia que nos permite nuestra normativa. Y le aseguro que desde el ICOGAM no vamos a tolerar ninguna actividad delictiva en el seno de nuestra profesión», añade Ollero.
