La extrema izquierda madrileña se moviliza para ser incluida también en la ley de amnistía
El Movimiento Antirrepresivo de Madrid pide que la «amnistía parcial» aprobada en el Congreso sea una «amnistía total»
Disturbios originados en las inmediaciones de la Plaza de Colón después de que grupos aislados de manifestantes hayan comenzado a arrojar botellas, piedras y petardos. | EFE
Que la nueva ley de amnistía se aplique también al rapero Pablo Hasél, a los condenados por los disturbios de Rodea el Congreso y a los radicales que se enfrentaron en las Marchas de la Dignidad a los antidisturbios de la Policía Nacional (UIP). Esa es la reivindicación que la extrema izquierda madrileña, aglutinada en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, llevará a cabo en las XII Jornadas por la amnistía total que se celebran el próximo 25 de mayo.
El movimiento, que se define como una «organización que surge para combatir la represión y generar estrategias de resistencia», ha clamado en la red social X -antes Twitter- contra la «amnistía parcial» aprobada el pasado jueves 14 de marzo en el Congreso de los Diputados: «Hoy más que nunca hay que organizarse y luchar por la verdadera Amnistía Total de todos los presos políticos y represaliados».
En esta «amnistía total» incluyen a manifestantes de extrema izquierda que organizaron disturbios contra el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2014, como el Rodea el Congreso, algunas convocatorias relacionadas con el 15-M y las Marchas de la Dignidad, que degeneraron en altercados violentos contra miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. También a los manifestantes pro Pablo Hasél que la liaron en Madrid en 2021.
Por los incidentes en esas concentraciones se registraron decenas de detenidos. Algunos casos se fueron traduciendo en condenas judiciales por delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos, entre otros graves, que afectaron a radicales antifascistas, anarquistas y personajes de extrema izquierda como Alfonso Fernández (conocido como Alfon), condenado a cuatro años de prisión por portar un artefacto explosivo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
A todos ellos van dedicadas las XII Jornadas por la amnistía total que tendrán lugar el próximo sábado 25 de mayo en el Centro Social Ocupado Atalaya (CSOA), situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, y que se compondrán de una comida, unas charlas por confirmar y una «pinchada popular».
El cartel de la convocatoria de estas jornadas es revelador. En una esquina se ve a Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Miriam Nogueras (portavoz de Junts en el Congreso), medio tapados por unos cristales rotos que parecen haber sido rotos por unos encapuchados que mueven unos contenedores tumbados.
Ampliar la amnistía
El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de marzo la polémica ley de amnistía, después de que los socialistas y los independentistas catalanes ajustaran la redacción sobre delitos de terrorismo, traición y malversación, de forma que beneficien a Puigdemont, Marta Rovira y otros muchos acusados en sumarios judiciales.
Esto ha suscitado la envidia de otros condenados y denunciados, como el joven de 20 años que fue detenido este mes por presunto autor de los destrozos causados en la sede del PSOE de Almendralejo (Badajoz), donde habría reventado la puerta principal con una retroexcavadora. Su abogado, Armando Rodríguez, ha pedido que se aplique la ley de amnistía remitiéndose al principio de igualdad ante la ley.
«Si el joven realizó la acción delictiva para protestar contra la política llevada a cabo por el Gobierno de España amnistiando a quienes han vulnerado el ordenamiento jurídico y han sido condenados por el Tribunal Supremo, debería tener el mismo derecho de acogerse a la misma y ser exonerado de responsabilidad penal», expuso el representante legal del joven a THE OBJECTIVE.
También desde la izquierda abertzale se ha intensificado recientemente la reivindicación de una amnistía para el terrorismo de ETA, y los últimos en pedir que se olviden sus delitos son los integrantes de la extrema izquierda madrileña, sabedores de que la ley aprobada ex profeso por el Gobierno para garantizarse el apoyo de los separatistas catalanes ha abierto la caja de Pandora.
