Un juez imputará a 400 autónomos por el fraude masivo al SEPE con fondos del paro en Madrid
Serán citados tras la detención de 18 personas, entre ellos tres funcionarios, por defraudar cuatro millones de euros
Imagen de una oficina de empleo. | Europa Press
Un juez tiene previsto imputar por delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Hacienda Pública a los cerca de 400 falsos autónomos que se habrían beneficiado de forma irregular de la capitalización del paro mediante una presunta trama desarticulada hace dos semanas por la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid. Un operativo por el que fueron detenidas 18 personas, entre ellas un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz– y otros dos empleados públicos de la Consejería de Empleo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, además de diversos gestores administrativos, los responsables de tres concesionarios de coches y varios empleados de dos sucursales bancarias del Santander y el Sabadell, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
Como adelantó este diario, tras levantar el secreto de sumario el pasado 25 de marzo y poner en libertad sin fianza a los arrestados días antes, el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha citado para el próximo 19 de abril en calidad de investigadas a otras 12 personas. Son, según fuentes consultadas por este diario, los primeros de los 400 supuestos falsos autónomos a los que el juez va a interrogar como imputados por haberse beneficiado de este presunto fraude, por un importe aproximado de cuatro millones de euros, en expedientes tramitados en una oficina de empleo de Alcobendas.
Fuentes jurídicas confirman que el juez instructor va a ir citando como investigados a todos los presuntos falsos autónomos que se habrían visto favorecidos de la capitalización del paro en lo que previsiblemente se convertirá en una macrocausa. Se trata de centenares de personas que se habrían servido de los funcionarios, concesionarios, empleados bancarios y gestores a quienes los investigadores sitúan en el centro de la supuesta trama y que fueron detenidos por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y organización criminal.
400 autónomos bajo la lupa
Estos últimos, a pesar de ser los presuntos cabecillas del entramado que se investiga, fueron puestos en libertad sin fianza horas después de ser detenidos a petición de la Fiscalía especializada en delitos Económicos de Madrid, que no observó razones para solicitar medidas cautelares contra los arrestados tras tomarles declaración y analizar las pruebas incautadas en los registros practicados por la Policía Nacional: 21.000 euros en efectivo, un coche de lujo, dos vehículos de segunda mano (uno de ellos con 15 años de antigüedad), un televisor y otros enseres de inferior valor.
El magistrado tiene previsto imputar a los cuatro centenares desempleados y presuntos falsos autónomos beneficiarios de esta presunta trama. Se les investiga por la supuesta presentación de facturas falsas para la capitalización del paro; es decir, cobrar por adelantado las cuotas del paro que les correspondían para emprender un supuesto negocio. El dinero, en realidad, lo habrían destinado para fines distintos y habrían justificado su gasto con facturas falsas sin que el SEPE ni la Comunidad de Madrid se dieran cuenta hasta el año 2022.
Madrid y el SEPE
El caso fue denunciado por una alto cargo de la Dirección General de Empleo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la Policía Nacional, según confirman fuentes del caso, y puede poner en entredicho los sistemas de control y alerta tanto de ese organismo como del SEPE a la hora de aprobar las ayudas a desempleados y autónomos. No obstante, el juez ha decidido por el momento que la Comunidad de Madrid y el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo se personen como denunciante y perjudicado en la causa, respectivamente.
Los hechos se remontan a octubre de 2022. La mencionada alto cargo de la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitó auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral. Desde su casa accedía de forma remota a las aplicaciones y bases de datos para aprobar expedientes a cambio presuntamente de mordidas.
Origen del fraude
El 89% de las gestiones que realizaba esa empleada pública autonómica, desde su casa y estando de baja, estaban vinculadas a perceptores de algún tipo de prestación o personas a las que se les ha reconocido ese derecho tras los movimientos realizados por la trabajadora. Tras efectuar una auditoría y recabar la información pertinente, en diciembre de 2022 la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia contra dicha trabajadora, haciéndose cargo de la investigación la sección de ciberseguridad de la Policía Nacional. Más tarde, el SEPE se sumó a la denuncia, añaden fuentes jurídicas.
Unos cuatro centenares de expedientes irregulares pagados por el SEPE y tramitados la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid habrían sido aprobados sin que antes hubiesen saltado las alarmas en ninguno de los dos organismos. La Fiscalía Provincial de Madrid, en concreto la sección especializada en delitos económicos, ha coordinado la investigación con el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.
El artículo 305 del Código Penal considera delito o fraude a la Hacienda Pública el haber obtenido indebidamente devoluciones o haber disfrutado de beneficios fiscales, «siempre que la cuantía de la cuota defraudada (…) exceda de 120.000 euros», y una pena de prisión de uno a cinco años. Por su parte el artículo 307 de la misma ley establece un umbral de 50.000 euros en el cobro irregular de prestaciones para ser considerado fraude contra la Seguridad Social, un delito que conlleva una pena de dos a cinco años de cárcel. En el caso de la capitalización del paro, lo máximo que se puede solicitar son las 24 mensualidades correspondientes a la cuota por la prestación de desempleo que corresponde al beneficiario de la prestación.
