El desacuerdo en el CGPJ deja a los jueces sin escudo tras los últimos ataques del Gobierno
Los ministros Puente y Bolaños criticaron la posición de Llarena y un dirigente de Junts le llamó «Tejero sin bigote»
Bolaños y Puente visitan las obras de la línea de alta velocidad de Almería. | Marian León (Europa Press)
La justicia española vive su particular efecto mariposa. El desacuerdo en una institución puede tener consecuencias catastróficas para el resto de la judicatura. Así lo entienden los jueces consultados por THE OBJECTIVE, que se sienten desprotegidos ante los últimos ataques del Gobierno y de Junts. Echan en falta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les defienda. El órgano de gobierno de los jueces sigue sin presidente porque los vocales aún no han llegado a un acuerdo para elegirlo. Ese es el motivo por el que ninguna voz oficial ha salido al paso de los últimos reproches.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó a principios de semana en RNE que «los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía». Criticaba así la decisión de los jueces del Tribunal Supremo, que rechazan amnistiar los delitos de malversación. La postura complica el futuro de la ley, en vigor desde el pasado 11 de junio. El dirigente socialista reprochó a los jueces sus «valoraciones políticas» y anticipó que las discrepancias con el Gobierno las acabaría resolviendo el Tribunal Constitucional.
Entre los perjudicados por ese posicionamiento se encuentra Carles Puigdemont, cuya fuga la semana pasada también ha servido para señalar a los magistrados. Especialmente al instructor del procés, Pablo Llarena, que mantiene activa la orden de detención nacional contra el expresidente catalán. Lejos de desacreditar las palabras de Puente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insistió en los ataques a los jueces, aunque rebajó el tono.
El Gobierno contra los jueces
«En su día ya mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos y con las valoraciones políticas que hacía el Tribunal Supremo», aseguró Bolaños este martes en Almería ante la atenta mirada de Puente. A continuación, instó a que la sala de apelaciones del Alto Tribunal se pronuncie sobre los «potentes» argumentos jurídicos que propone la ley de amnistía. Los jueces consideran que esas declaraciones esconden el relato del lawfare que lanzaron desde la tribuna del Congreso los diputados independentistas al inicio de esta legislatura.
El portavoz de Junts en el Senado, Eduardo Pujol, dio un paso más y llegó a calificar al juez Llarena como «Tejero sin bigote», en alusión al guardia civil condenado por protagonizar el fallido golpe de Estado de 1981. El dirigente independentista acusó el martes a los jueces de realizar un «golpe judicial». También arremetió contra el Gobierno por «cobarde» al no autorizar que se aplique la ley de amnistía a los delitos de malversación. En su opinión, el Ejecutivo se pone al lado del que no cumple la ley «por muy señor juez que sea».
Las últimas declaraciones públicas han soliviantado a los jueces, especialmente las realizadas por Puente y Bolaños. Lo consideran un ataque contra su independencia. Diversos magistrados han criticado la estrategia del Gobierno por el riesgo que conlleva. Solicitan a los miembros del Ejecutivo que se abstengan de «generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia». Recuerdan que la ley de amnistía, «además de un acuerdo con sus consecuencias políticas, es una ley» y que su interpretación corresponde a los magistrados.
Unas críticas que coinciden con la situación que atraviesa el CGPJ, que acaba de ser renovado después de cinco años con el mandato caducado. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces continúa sin presidente porque los nuevos vocales no se ponen de acuerdo con la persona idónea. El sector progresista apuesta por una mujer, Pilar Teso, mientras que los conservadores se inclinan por Pablo Lucas. Ambos han obtenido 10 votos, pero necesitan 12, tres quintos del cónclave. Ese fue el acuerdo que alcanzaron PSOE y PP a finales de junio para reforzar las mayorías.
Precedentes de lawfare
Desde el CGPJ alegan que no les ha llegado ninguna petición de amparo tras los últimos ataques. El órgano de gobierno de los jueces ya advirtió a los diputados en febrero de que «la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad» a sus ataques contra los miembros de la judicatura.
El Pleno del Consejo aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que demandaba respeto a la independencia del Poder Judicial durante sus intervenciones en las Cámaras. Días antes, los portavoces de varias formaciones habían lanzado diversos ataques en el Congreso durante del debate de la amnistía.
El entonces presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, salió al paso de los ataques y pidió a los representantes públicos que dejasen de cuestionar la imparcialidad de los jueces, ya que su «proceder se guía por el principio de legalidad». No era la primera vez que un diputado señalaba a los jueces. A mediados de diciembre, Míriam Nogueras ya soliviantó los ánimos de la judicatura tras acusarles de actuar contra el independentismo. La dirigente de Junts atacó a varios magistrados, entre ellos Llarena, y les tildó de «indecentes».
«En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», insistió Nogueras. Una postura que mantuvo días más tarde en una nueva intervención. Guilarte tildó los ataques de «inadmisibles». La Comisión Permanente del CGPJ ya emitió una declaración unánime el 19 de enero expresando su «rotundo rechazo» a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que consideró que la forma de proceder del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami (finalmente archivada por un error procesal) era «contraria» al «deber de respeto a la independencia judicial».
Bolaños defiende a los fiscales
El propio Bolaños intercedió por la judicatura en abril, después de que la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso incluyera la citación de tres fiscales con el apoyo del PSOE. «No tiene ningún sentido», aseguró el ministro de Justicia. Tras la polémica suscitada, la comisión decidió excluir las comparecencias de Ignacio de Lucas, Alejandro Luzón y Codruta Covesi, jefa de la Fiscalía europea, con la oposición de ERC y Junts, partidos que las habían solicitado.
Unas semanas más tarde, los vocales del CGPJ afearon a Pedro Sánchez haberse declarado víctima de lawfare porque su entorno familiar había sido objeto de «espionaje» por la denominada policía patriótica del PP en 2014. Este diario desmontó esa tesis al informar que la agenda del comisario retirado José Manuel Villarejo acreditaba «las vinculaciones personales del suegro del presidente del Gobierno de la Nación» y la «amistad» de este último con algunos de los mandos de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy.
