La Fiscalía apoya un recurso contra el juez que investiga a Puigdemont por la trama rusa
Alay lleva al magistrado a la Audiencia de Barcelona por emitir autos mientras estaba pendiente su recusación
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Fiscalía sale al rescate de los investigados por la trama rusa del procés. El Ministerio Público apoya el recurso de apelación interpuesto por Josep Lluís Alay. El jefe de la oficina de Carles Puigdemont se opuso al auto con el que el juez Joaquín Aguirre dejaba sin efecto otro anterior, del 22 de marzo, donde desestimaba los recursos presentados contra la prórroga de seis meses en el caso Volhov. El magistrado se corrigió a sí mismo en mayo alegando que no podía dictar resoluciones porque estaba pendiente la resolución de su recusación. La decisión está en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona.
«Este Ministerio Público interesa la estimación del presente recurso de apelación y la revocación del auto recurrido», defiende el fiscal Ricardo Sanz-Gadea. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE está firmado el 7 de agosto. Dos días antes, Aguirre rechazó aplicar la ley de amnistía a los investigados del caso Volhov. El magistrado considera que los líderes del procés, entre los que se encuentra Puigdemont, malversaron recursos públicos, por lo que no podrían beneficiarse de la norma.
Aguirre también inadmitió de plano la pretensión de Alay de apartarle de la causa por pérdida de imparcialidad tras una entrevista que el juez concedió a la televisión pública alemana. A estas se sumaron más tarde los audios de una conversación informal difundida por Internet. La Fiscalía informó en contra, al considerar que una conversación privada denunciada por el magistrado supone «una interceptación ilegal y una manipulación».
La amnistía de Puigdemont
Ahora el Ministerio Público se pone al lado del jefe de la oficina de Puigdemont, que denunció que Aguirre continuara instruyendo la causa que trata de averiguar la injerencia del Kremlin en el procés pese a tener pendiente la recusación. Sanz-Gadea se muestra en contra de que el juez emitiera un auto en mayo para dejar sin efecto otro anterior que desestimaba los recursos interpuestos contra la prórroga del caso Volhov, lo que dejaría sin amnistía al expresidente catalán.
Puigdemont recibió en otoño de 2017 a una delegación rusa a instancias del exdirigente convergente Víctor Terradellas, pero hasta ahora no se ha probado ningún ilícito. El juez Aguirre prorrogó seis meses la investigación el 26 de enero. Días más tarde concedió una entrevista en la televisión pública alemana donde denunció «la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña». La defensa de Alay pidió entonces recusarle.
La Audiencia de Barcelona recibió la solicitud el 13 de marzo y el 21 se comunicó por diligencia de ordenación el magistrado que iba a sustituirle en la instrucción hasta que la Audiencia de Barcelona resolviera la recusación. Sin embargo, el día siguiente Aguirre respondió a los recursos de reforma que se oponían a continuar la causa que investiga la conexión entre Puigdemont y otros dirigentes independentistas con Rusia para desestabilizar España y el resto de democracias occidentales.
«En el auto del 22 de marzo, por error del instructor, se desestimaron los recursos de reforma contra el auto de prórroga de 26 de enero, lo que no podía hacerse cuando ya había pasado la causa al conocimiento del magistrado sustituto conforme al artículo 225.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Por ello se dictó el auto ahora recurrido de fecha de 21 de mayo, que dejaba sin efecto de oficio el anterior auto de 22 de marzo», insiste el fiscal en su escrito.
El representante del Ministerio Público sostiene, como ya señaló el abogado de Alay y Puigdemont, que Aguirre tampoco podía citar el auto de 21 de mayo revocando el anterior porque no podía continuar con la instrucción al estar recusado en aquel momento. «El letrado tiene razón, dado que la recusación no se ha resuelto por esta Sala ad quem hasta el auto de 4 de junio», insiste el fiscal.
Con el auto de mayo, Aguirre dejaba sin efecto la respuesta que ofreció dos meses antes respecto a los recursos de la pieza 2, sobre la trama rusa; la pieza 7, que investiga un supuesto delito de revelación de secretos del jefe de la oficina de Puigdemont y dos mossos; y la pieza principal, abierta en 2020 y que versa sobre la supuesta financiación del independentismo catalán.
El abogado de Alay y Puigdemont denunció en julio que el caso Volhov y sus piezas son una investigación «prospectiva». Volvió a recusar a Aguirre por «imparcial» tras trascender unos audios en los que el juez se atribuye haber «tumbado» la amnistía. Le acusa de intentar «mantener artificiosamente abierto» el procedimiento, lo que representaría una vulneración de derechos fundamentales. El magistrado, en cambio, sostiene que el letrado que le recusa está investigado en una de las piezas separadas.
Aguirre sigue sin tirar la toalla de la trama rusa. El pasado 21 de junio, tres semanas después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase poner fin a la instrucción del caso, el juez abrió una nueva causa para investigar a Puigdemont por traición. Se trata de un delito que, como la malversación, queda excluido de la ley de amnistía en determinados supuestos.
