Suspenden el juicio que investiga si un alto cargo de Justicia manipuló el audio de un menor
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Aitor Cubo, alegó que no disponía de la copia de la grabación adulterada
El investigado Aitor Cubo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz.
El alto cargo del Ministerio de Justicia acusado de manipular el audio de un menor se libra de declarar ante la juez. Al menos, de momento. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid suspendió este martes el juicio contra el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo. La Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, alegó que no disponía de la copia de la grabación adulterada, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
La declaración del alto cargo de Justicia se suspendió tras 20 minutos de debate entre el fiscal, la acusación y el abogado del Estado sobre la legalidad de que este último se personara en representación del investigado. La juez no entró en el fondo de la cuestión porque, antes de hacerlo, el abogado del Estado alegó que no disponía de la copia de la grabación manipulada y, por tanto, se encontraba en indefensión, lo que provocó la suspensión de la declaración de Cubo.
El debate sobre la personación de la Abogacía del Estado se producirá una vez que la defensa del alto cargo posea la grabación. Según avanzó este diario, la encargada de representar a Cubo era Zaida Fernández Toro, la misma que registró la querella en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
Justicia protege a Cubo
Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el abogado del Estado acudió este martes a mediodía en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla excusando a Fernández Toro, que no habría podido acudir finalmente. La intención de su sustituto era eximir al alto cargo de Justicia de declarar, aunque solicitó que lo hicieran tanto el denunciante, padre del menor afectado, y un perito, a lo que se opuso la acusación porque supondría distorsionar el procedimiento.
La acusación reiteró a la juez su oposición a que la Abogacía del Estado representara a Cubo porque los hechos que se enjuician, en su opinión, no se derivan de las responsabilidades de su cargo. Consideran que, ante unos hechos tan graves, el Ministerio de Justicia que lidera Félix Bolaños debe colaborar, no poner palos en las ruedas. La magistrada explicó que esa cuestión se dirimirá cuando el juzgado resuelva el recurso planteado contra la falta de motivación.
La suspensión del juicio ha tenido lugar después de que el abogado del Estado haya alegado que no ha tenido acceso a la grabación supuestamente manipulada. Se ha quejado de que la acusación no aportó el audio, aunque esta explicó que la grabación consta en la denuncia ante la Guardia Civil y que esta lo aportó al juzgado. Sin embargo, según ha podido conocer este diario, este no la ha subido a Horus, el sistema que permite a los usuarios conocer el estado de los procedimientos y consultar documentos en tiempo real.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores que se celebró en marzo de 2022. La juez decidió en abril citar como imputado a Cubo, subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.
«Un ruido rosa»
En el procedimiento de divorcio también participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato. El hijo del denunciante compareció en marzo de 2022 ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega. El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala para no coartar al menor.
La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces tenía 12 años. El audio había sido presuntamente alterado presuntamente con un «ruido rosa». Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil en Madrid, donde se ubica la Dirección General de Transformación Digital. Lo hizo al entender que esta es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación».
«La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial externo realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE), un centro de reconocido prestigio. El documento fue entregado a la Guardia Civil y al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
El progenitor alega que «es totalmente trascendente para la integridad» del menor «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en las 630 salas judiciales repartidas por el territorio nacional se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.
La primera denuncia por la manipulación del audio se registró en Valladolid, aunque el juez Vega la archivó. Incluso llegó a denunciar al padre del menor por injurias, ya que defendía que el audio no sufrió alteraciones. Más tarde, la esposa de Vega, la también juez Soledad Ortega, quien intentó quedarse con la causa al conocer que un juzgado de Madrid había abierto diligencias. La magistrada Susana Trujillano entendió que el delito se había cometido en Madrid, que sería el único lugar donde se habría podido adulterar el contenido de la grabación.
