La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre de 2017, según el dato provisional que ha difundido este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta subida es ligeramente superior a la del cuarto trimestre de 2016, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) registró un aumento del 0,7%.
La Comisión Europea ha presentado este lunes una iniciativa en el marco del programa Erasmus+, para promover la movilidad sostenible y el aprendizaje entre los jóvenes europeos, bajo el nombre de ‘Move2Learn, Learn2Move’
La salida de Reino Unido de la Unión Europea tendrá un coste «muy elevado» para Londres, ha advertido este martes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a pocas semanas de que el gobierno británico inicie oficialmente el proceso del Brexit. «Los británicos deben saber, y los saben ya, que no tendrá un coste reducido o un coste cero», ha manifestado Juncker durante una intervención en el Parlamento belga ante diputados, senadores y eurodiputados de este país.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo y legislativo de la Unión, envió este miércoles una «última advertencia» a España por no haber «remediado las infracciones repetidas a los límites en materia de contaminación atmosférica fijadas por el dióxido de nitrógeno (NO2)», señala AFP citando a la entidad. Concretamente, la Comisión mira con lupa la calidad del aire de Madrid y el área metropolitana de Barcelona. El aviso hace referencia a los datos que España ha remitido a Europa en relación al periodo 2010-2014, informa EP. Europa señala que las medidas tomadas por el Gobierno «no han logrado reducir a lo mínimo posible» los niveles de polución, según fuentes comunitarias citadas por EP.
En una lista en la que se menciona a China, la agresión de Rusia a Ucrania y las guerras y el terrorismo en Oriente Medio y África, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que «las preocupantes declaraciones de la nueva Administración estadounidense» son una de las amenazas exteriores a las que se enfrenta la Unión Europea (UE) y ponen en peligro el futuro del bloque. Durante su campaña electoral y su legislatura hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó la decisión de Reino Unido de abandonar la UE y sugirió que no le importaba si el bloque de 28 miembros se disolvía.
Un 12 por ciento de la población europea tiene algún tatuaje, en especial los jóvenes, y la falta de legislación específica en la Unión Europea sobre las tintas que se utilizan puede poner en riesgo su salud. Así, el trabajo explica que más del 80 por ciento de los colorantes que se usan en tatuajes y maquillaje permanente son orgánicos y, en algunos casos, estos pueden liberar aminas aromáticas. Estas, que realmente son creadas para emplearse en industrias como el aluminio o el textil, están vinculadas a la aparición de algunos tipos de cáncer, como el de vejiga.
El organismo informa de que hasta un 5% de las personas tatuadas pueden sufrir una infección bacteriana, alergias agudas o hipersensibilidad retardada, aunque estas reacciones pueden aparecer incluso décadas después de haberse tatuado. “Asimismo, los trastornos de pigmentación de la piel se pueden dar en el 5 o el 15 por ciento de las personas que se someten a una terapia láser para eliminar el tatuaje”, añade el informe.
El objetivo de Bruselas es doble. Por un lado, ampliar las actuales reglas de protección a todos los proveedores digitales, y abrir nuevas oportunidades de negocio. Además del consentimiento previo de los usuarios para la explotación de sus datos, otra de las medidas se refiere a las ‘cookies’, ficheros que recaban datos de los internautas, desde el idioma utilizado hasta el historial de compras, que pueden tenerse en cuenta para proponer determinada publicidad. Bruselas plantea que los internautas decidan una sola vez, cuando acceden a un navegador de internet, el nivel de protección que desean respecto a estos ficheros.
Respecto al ‘spam’ y al marketing directo, los usuarios deberán dar su consentimiento para recibir informaciones comerciales no solicitadas. Los proveedores de servicios de telemarketing deberán, además, mostrar su número de teléfono o utilizar un prefijo especial que los identifique. Para la directora general de la Oficina Europea de Unión de Consumidores, Monique Goyens, «esta reforma representa la ocasión de abordar el problema extendido del rastreo en línea». «Los consumidores deben contar con una alternativa a una vigilancia comercial las 24 horas al día cuando utilizan los servicios digitales», añadió.
Las medidas, que los gobiernos nacionales deberían desarrollar, podrían estar en vigor en mayo de 2018, tras el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo Europeo, que representa a los 28 países del bloque. Estas medidas se enmarcan en el objetivo de Bruselas de crear un mercado único de datos en un bloque de unos 510 millones de personas y que, según el ejecutivo comunitario, podría alcanzar los 84.000 millones de euros en 2020.
En todo caso, Bruselas ha precisado que la apertura de una nueva investigación no afectará a la aprobación de la operación mercantil de hace dos años. Ahora Facebbook tiene hasta el 31 de enero del 2017 para responder a los «temores» de Bruselas y si se confirma el engaño, la Comisión podría imponer una multa de hasta el uno por ciento de su facturación, que en 2015 fue de 17.900 millones de dólares. «Esta investigación no tiene nada que ver con las cuestiones relacionadas con la protección de de datos y de la vida privada o de los consumidores», agregó un portavoz de la Comisión. En octubre de 2014, Bruselas dio su visto bueno a la compra de WhatsApp por Facebook, una operación de 22.000 millones de dólares.
La decisión no ha sentado nada bien a la Comisión Europea, al Eurogrupo y al Mede, el fondo europeo de rescate, al considerarla unilateral y suponer una ruptura de lo pactado. Por ello, la junta de directores del Mede ha decidido congelar temporalmente las «medidas de alivio sobre la deuda» preparadas y aprobadas por el Eurogrupo. Los propios beneficiados de la medida, los pensionistas, tampoco están satisfechos con la decisión que calificaron de «migajas» teniendo en cuenta la caída de ingresos que han sufrido en los últimos años.
Además de la devolución de la paga extra, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció la congelación del aumento del IVA previsto en 2017 en las islas del Egeo más golpeadas por la crisis de los refugiados y la contratación de 5.000 trabajadores en el sector sanitario.
Desde Europa han apoyado la decisión del Gobierno griego y piden a la eurozona que respete las «decisiones soberanas» de Grecia y abogan por un mayor alivio a la deuda helena. Muestra de ese apoyo es el artículo que el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscivici, publicó en el diario Financial Times, titulado Grecia no puede ser condenada a la austeridad para siempre, en el que alaba los esfuerzos sin precedentes que ha llevado a cabo Atenas.
“Necesitamos movilidad laboral para ayudar a la recuperación del crecimiento económico y la competitividad. Pero la movilidad necesita basarse en reglas claras, justas y aplicables”, ha dicho en un comunicado Marianne Thyssen, la comisaria europea de Empleo. La propuesta incluye además la posibilidad de que los desempleados que busquen trabajo en un país diferente a aquel donde cotizaron puedan seguir recibiendo la prestación de este durante seis meses. Actualmente, esto solo se puede hacer durante tres meses. La normativa también incluiría a los trabajadores transfronterizos, es decir, aquellos que viven en un país, trabajan en otro y regresan a casa al menos una vez por semana. En su caso, sería el país donde trabaja quien debería asumir los subsidios por desempleo si el empleado lleva más de un año trabajado en dicho territorio.
Además, los miembros de la UE podrían no conceder ayudas sociales a los ciudadanos de otras nacionalidades europeas que residan en su territorio pero no trabajen allí o busquen trabajo activamente. Para que la propuesta salga adelante, los 28 países del bloque y la Eurocámara deben dar el visto bueno.
Se trata de un nuevo instrumento para reforzar la seguridad de la frontera exterior, porque con él quedarán registradas las entradas de los extracomunitarios en el espacio sin fronteras Schengen y porque será capaz de cruzar la información con otras bases de datos, incluidas las de Europol, Eurodac e Interpol. Con ello, la Unión Europea podrá saber antes de que llegue el viajero si es una «potencial amenaza de seguridad» o si plantea un «riesgo migratorio», porque en visitas anteriores haya superado el periodo de 90 días al que está sujeta la entrada sin visado de extracomunitarios. Bruselas asegura que el 9% de las solicitudes se podrán tramitar «en apenas unos minutos» y cuenta con que entre el 91% y el 98% de ellas recibirán el visto bueno casi de manera automática. El trámite tendrá un coste de cinco euros para cada usuario, aunque será gratuito para los menores de 18 años.
Según la propuesta ahora retirada, la Unión Europea planteaba que los operadores de telefonía móvil pudieran limitar a 90 días la exención del recargo que se realiza por la comunicaciones en itinerancia, para evitar posibles abusos de los clientes. De este modo, pasado ese tiempo, los clientes viajeros tendrían que asumir tarifas, de nuevo, más altas que en sus países. La propuesta iba en contra de los planes anunciados por la UE de ir reduciendo el coste de las llamadas, mensajes y uso de Internet en el extranjero, hasta su desaparición final en 2017.
Se trata de una de las mayores sanciones fiscales impuesta nunca a una empresa en el Viejo Continente. La cantidad reclamada corresponde a la cifra que Apple debería haber pagado entre 2003 y 2014 a las autoridades fiscales irlandesas en virtud del tax ruling que ambas partes suscribieron y que Apple rompió el año pasado. El escrito elaborado por el Ejecutivo comunitario, de 130 páginas, solicitará además al Gobierno de Irlanda que acometa una nueva liquidación de tributos, lo que forzaría a Apple, que presentará en breve su nuevo iPhone, a reformular las cuentas. La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea apunta que Irlanda lleva años concediendo a Apple rebajas fiscales en exclusiva para que dos de sus filiales pagasen menos impuestos por motivaciones de empleo. Bruselas ha podido comprobar que Apple habría abonado una tasa inferior al 1% sobre sus ventas en Europa, tipo inferior al 12,5% de Sociedades que tiene Irlanda. Es decir, que Apple consiguió pagar 50 euros en impuestos por cada millón de euros de beneficios. El fallo de Bruselas obliga a Irlanda a reclamar a Apple los impuestos no pagados, pero Dublín ya ha dicho que va a reclamar la decisión.
Por su parte, Apple ha acusado a Bruselas de intentar «dar la vuelta al sistema fiscal internacional». «El caso no tiene que ver con cuántos impuestos paga Apple sino con qué gobierno recauda el dinero. Tendrá un profundo daño en la inversiones y la creación de empleo en Europa”, ha advertido la compañía tecnológica.
En una reunión tensa en la que el ala dura de la Comisión Europea se encontraba con la oposición de dos importantes miembros del grupo como son Italia y Francia, finalmente se ha optado por la opción «más pertinente», según palabras del comisario Pierre Moscovici. Ambos países se enfrentaban a una multa de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España son unos 2.200 millones. Según la Comisión, han tenido en cuenta los sacrificios realizados por España y Portugal para reducir el déficit aunque no hayan alcanzado el objetivo marcado por Bruselas. España cerró 2015 por encima del 5% del PIB, 10.000 millones de euros más de lo acordado. Asimismo otros condicionantes han entrado en juego para finalmente retirar la multa, como es la situación política particular de España, que lleva nueve meses sin Gobierno, el Brexit y el ascenso de los populismos euroescépticos. «La decisión de castigar no era la mejor en un momento en el que la gente duda de Europa», ha admitido Moscovici.
Pero la concesión no será a cambio de nada. La Comisión pide a ambos países metas fiscales muy estrictas, con objetivos del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% en 2017 y el 2.2% en 2018. Además, exige un recorte presupuestario de 5.000 millones de euros para 2017.
Las pruebas recopiladas por la Comisión Europea se sustentan en dos acusaciones: Google ha abusado de su posición dominante para favorecer su propio comparador de precios en los resultados de búsqueda; la compañía ha restringido artificialmente la posibilidad de que otras páginas web muestren publicidad online de competidores de Gooogle. En un comunicado, la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, se muestra muy contundente con el gigante de internet: «Google ha creado muchos productos innovadores que han marcado una diferencia en nuestras vidas. Pero eso no le da derecho a negar a otras compañías la oportunidad de competir e innovar». Google ha respondido a las acusaciones haciendo valer los avances que ha introducido en Europa: «Creemos que nuestras innovaciones y mejoras de producto incrementan las opciones que tienen los consumidores europeos y promueven la competitividad». Aún así, la compañía asegura que examinará las acusaciones para dar una respuesta detallada.
Estas acusaciones se suman a las emprendidas por los gobiernos de otros países comunitarios -entre ellos, Francia, España e Italia-, que han iniciado investigaciones para demostrar si Google ha cometido algún tipo de fraude fiscal.
En un documento emitido por la Comisión Europea el 1 de julio de 2016, la institución aboga por no establecer una prohibición total, sino alentar a los países con una elevada población de elefantes a «gestionar de manera sostenible» sus poblaciones. Sin embargo, la Coalición del Elefante Africano, una coalición de 29 estados africanos, advierte sobre la extinción masiva de estos animales en tan sólo 25 años, a menos que se prohiba por completo el comercio de marfil. En 2014, 20.000 elefantes africanos murieron a manos de los cazadores furtivos. Entre 2009 y 2015, Tanzania y Mozambique perdieron más de la mitad de sus poblaciones de elefantes, y muchos de los países de África oriental y central arrojan cifras similares. Los expertos aseguran que la tasa de mortalidad ha llegado a tales dimensiones que un elefante africano es asesinado por un cazador furtivo cada 15 minutos.
En un comunicado conjunto de los presidentes del Consejo Europeo (Donald Tusk), el Parlamento (Martin Schulz), la UE durante este semestre (el primer ministro holandés, Mark Rutte) y el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se han expresado en los siguientes términos: «Esperamos que el Gobierno del Reino Unido dé efecto a la decisión de los británicos lo antes posible, por muy doloroso que sea el proceso. Cualquier retraso prolongaría de forma innecesaria la incertidumbre». Con estas contundentes declaraciones, la Unión Europea se muestra dura y terminante, dejando la sombra de la duda sobre una posible marcha amistosa del Reino Unido y sobre los acuerdos que se hayan de generar en los próximos meses.
Bruselas advierte que volverá a revisar esta cuestión y reclamarán un nuevo esfuerzo suplementario para ajustar el déficit al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, si finalmente así sucede. España tendría que haber cerrado el 2015 con un objetivo de déficit límite del 4,2%, previo paso a dejarlo por debajo del 3%, que fija el Pacto de estabilidad y crecimiento para 2016. Sin embargo, cerró con un 5,1%. La sanción podría alcanzar los 2.000 millones. Bruselas exige a España ajustes de 7.500 millones de euros entre 2016 y 2017. A pesar del tirón de orejas de la Comisión Europea, las promesas electorales confrontan con los recortes que exige el objetivo de déficit. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado en el diario Financial Times una rebaja de impuestos si gana las elecciones.
El españolito medio, hoy convertido en medio españolito, no tiene pajolera idea del barullo de instituciones europeas con que carga en los costillares sin saber muy bien para qué sirven.
Almunia nos dice que la Comisión Europea va a investigar a grandes clubes, una batalla para lo que no hay cojones. El fútbol es un negocio oscuro. No es un deporte ya
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