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Y cito:
“Desobediencia es, según el Instituto de Estudios Catalanes, el “rechazo colectivo a obedecer alguna ley o norma para hacer presión pacíficamente sobre el poder constituido”. Desobediencia es la palabra más exigida por la CUP desde que se inició el proceso. Desobediencia es por lo que ha sido inhabilitado Mas. Y Joana Ortega. E Irene Rigau. A ojos de la justicia, los primeros desobedientes de Cataluña han sido ellos.
El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, ha sido imputado este martes por malversación de fondos públicos
El Instituto para la Memoria Nacional (IPN) de Polonia, institución pública encargada de investigar los crímenes cometidos durante el nazismo y el comunismo, ha pedido la extradición de un anciano de 98 años residente en Estados Unidos, Michael Karkoc, al que acusa de pertenecer a las SS y asesinar a 44 polacos en 1944, cuando dirigía una unidad ucraniana que colaboraba con nazis alemanes.
Los editores de la China han recibido órdenes de limitar el número de libros extranjeros que se imprimirán en el país. Con esta medida, el equipo del presidente Xi Jimping pretende que los niños y niñas chinos tengan más dificultades para acceder a otras culturas y a otras tradiciones.
La inhabilitación de Artur Mas es como entrar en un coma irreversible y se suma de modo heterogéneo a las graves revelaciones del caso Palau y a la reaparición judicial del caso Pretoria, mientras la dinastía Pujol va hundiéndose en la amalgama de evidencias procesales. Ahora de nada le sirven todos los esfuerzos dedicados últimamente a ser de nuevo candidato en unas elecciones anticipadas. La afortunada inhabilitación ha dado un respiro a quienes preferían verle desaparecer de escena, incluso a quienes todavía esperan que haya algún indicio de vida entre las ruinas de Convergència. Aunque sea en términos metafóricos, en paralelo con la metástasis de la corrupción, ¿puede hablarse de un contagio de la ruina institucional? Y, por otra parte, ¿cuándo y cómo, si es factible, regresa la vida pública a una normalidad de la que fue apartada por la falacia independentista?
El expresidente egipcio, Hosni Mubarak, podrá regresar a su casa en el barrio cairota de Heliópolis en cuanto los médicos le den el alta, algo que podría ocurrir esta misma semana. La fiscalía de Egipto ha autorizado este lunes su puesta en libertad, tras ser absuelto a principios de marzo por el Tribunal Supremo por la muerte de manifestantes en las masivas protestas de 2011 que acabaron con su gobierno.
Un canal de televisión de Argentina ha emitido este fin de semana nuevas escuchas de una conversación entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el que fuera director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en la que supuestamente ella le insta a «salir a apretar a los jueces».
Cuando Hemingway vino a España para hacer una serie de reportajes sobre la guerra civil, fue a solicitar información a Edward Knoblaugh.
La justicia alemana ha desestimado este martes la denuncia de un refugiado sirio que reclamó a Facebook la retirada de las versiones manipuladas de una foto que se hizo con Angela Merkel. Anas Modamani, de 19 años, ha sido relacionado en estas manipulaciones con atentados terroristas.
La Audiencia de Dresde, Alemania, ha sentado este martes en el banquillo a siete hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 19 y los 39 años, acusados de intento de asesinato y de formar el grupo terrorista de extrema derecha “Freital”, autor de cinco ataques contra albergues de refugiados y políticos de izquierdas. El juicio de este martes es considerado uno de los más grandes procesos de este tipo en el país y, se celebra en un recinto de alta seguridad dentro de un centro de refugiados que se encuentra todavía en construcción, donde hay vistas programadas hasta el mes de septiembre.
La justicia egipcia ha absuelto este jueves al expresidente Hosni Mubarak por la represión de las masivas protestas en 2011 y la muerte de manifestantes en ellas. Estas protestas acabaron con su gobierno después de tres décadas en el poder. Mubarak fue sentenciado a cadena perpetua en 2012 pero un tribunal de apelación ordenó un nuevo juicio, en el que dos años después los cargos fueron retirados.
El secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, ha sido blanco de duras críticas por parte de los demócratas tras las revelaciones del diario Washington Post sobre sus contactos con el embajador ruso en Estados Unidos. Esta información constituye un nuevo golpe para la administración Trump, que ha desmentido en varias ocasiones sus eventuales vínculos con Rusia.
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves levantar la inmunidad parlamentaria a la líder ultraderechista francesa y candidata a la elecciones presidenciales de su país, Marine Le Pen
El candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas, François Fillon, ha anunciado este miércoles su próxima imputación judicial por el caso de los supuestos empleos ficticios relacionados con su mujer y dos de sus hijos, pero ha asegurado que va a seguir en la carrera presidencial «hasta el final».
Las dos mujeres que fuero detenidas tras la muerte del Kim Jong-nam han sido inculpadas formalmente este miércoles por la justicia malaya del asesinato del hermanastro del dirigente norcoreano Kim Jong-un, envenenado en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado 13 de febrero.
El miembro huido de ETA, Ángel María Tellería Uriarte, alias ‘Antxoka’, ha sido detenido en la localidad mexicana de León-Guanajuato en una operación desarrollada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española, informa el Ministerio del Interior este viernes. Tellería tenía una orden internacional de búsqueda y detención de la Audiencia Nacional desde marzo de 2013 «por un delito de atentado con resultado de muerte».
Quizás lo hayan visto ya. Si no lo han hecho, no lo hagan. Ya se lo explico yo. Es un vídeo que corre de hace unos días por twitter y que muestra como una mendicante y su hijo son vejados por un presunto refugiado sirio. Ella sostiene un cartel que reza Familia siria. SOS. Pero, como descubre en seguida este justiciero, eso es publicidad engañosa. La madre y su hijo son rumanos y están abusando de la simpatía que despiertan los refugiados para arañar algo de nuestra caridad. Lo entiende muy bien ella y lo entiende muy bien el justiciero que se cree con el derecho, incluso con la obligación!, de despojarla del único documento que los acredita como dignos de nuestra solidaridad; no es lo mismo un refugiado que un inmigrante. O, dicho de otro modo, tenemos inmigrantes de primera y de segunda.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido este miércoles un fallo favorable a Duane Buck, que había sido sentenciado en 1997 durante un proceso en el que se le consideró más peligroso por ser negro. El tribunal considera que pudo verse perjudicado por unas declaraciones racistas de un testigo de la defensa. Fue condenado a muerte por matar a su excompañera, en presencia de sus hijos, y al hombre que se encontraba con ella.
Esta mañana, mientras se esperaba con una ansiedad un tanto plebeya la sentencia sobre el caso Nóos, se coló en Twitter un poeta romántico: Gustavo Adolfo Bécquer. Es que nació un 17 de febrero (de 1836) y muchos se han puesto a recordar sus romanticismos: sus golondrinas, sus lunas, sus “yo no sé qué te diera por un beso”… La compartimentada mente española no retiene que es también el coautor del álbum satírico-pornográfico ‘Los Borbones en pelota’. Por eso, cuando ha salido la sentencia, le ha faltado el gancho que lo mantuviese en los ‘trending topics’…
El correcto funcionamiento de la Justicia en España está en entredicho por las organizaciones de Derechos Humanos y los expertos en la materia, que ponen en duda la independencia del poder judicial y que denuncian el cada vez más difícil acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Esta circunstancia ha empujado a la ONG de Derechos Humanos Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, a dirigir una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas con ocasión de la toma de posesión de su nuevo titular. La misiva tiene el fin de instar al nuevo Relator, el peruano Diego García-Sayán, a realizar una visita en misión especial a España.
El Palacio de Justicia de Barcelona es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue construido entre 1887 y 1908 con el objetivo de ubicar en un solo edificio los juzgados de la capital y la Audiencia Provincial. Las cuatro fachadas del palacio fueron decoradas con diversas esculturas y relieves que pretendían homenajear a personajes, acontecimientos y disciplinas de raigambre local y universal: desde el derecho romano al Consejo de Ciento, pasando por Alfonso X el Sabio. El proyecto original preveía además que la entrada principal estuviera presidida por un Moisés, rodeado de la Fortuna y la Templanza, sobre el que se colocaría una estatua de la Justicia. Curiosamente, la Fortuna y la Templanza fueron sustituidas por alegorías del derecho común y foral español y la Justicia reemplazada por una gran veleta de hierro de forja.
Sobre las 09.30, media hora más tarde de lo previsto, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau se personaban en el Tribunal Constitucional para declarar por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. «Vamos con la cabeza bien alta, lo volveríamos a hacer», afirmaba este domingo el expresidente de la Generalitat. A primera hora de este lunes el presidente Carles Puigdemont ha afirmado en una escueta declaración institucional que la causa del 9-N «nunca tendría que haber llegado a los tribunales”. La Fiscalía pide diez años para Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación y nueve para sus colaboradoras.
Un tribunal de apelación ha rechazado esta madrugada la solicitud del Departamento de Justicia de restablecer de inmediato el polémico decreto migratorio de Donald Trump, anulado por un juez federal de Seattle. Ambas decisiones suponen un duro revés para el presidente de Estados Unidos y su decisión de restringir la entrada en el país a viajeros y refugiados musulmanes procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, que ha provocado desde su aprobación, el 27 de enero, una multitudinaria respuesta en contra por parte de la sociedad civil dentro y fuera de EEUU.
Un hombre detenido en Italia será puesto en libertad tras haber comprobado gracias a su rastro digital de Facebook que no era uno de los traficantes de personas más buscados del mundo. En junio del año pasado, la policía británica y los fiscales italianos afirmaron haber capturado a Medhanie Yehdego Mered, el presunto responsable del contrabando de miles de personas del norte de África a Europa. Facebook ha evidenciado que este hombre es víctima de identidad equivocada.
A los 49 años, Gorsuch es el nominado más joven al máximo tribunal de la nación en un cuarto de siglo. “El juez Gorsuch tiene capacidades jurídicas sobresalientes, una mente brillante, una disciplina tremenda, y se ha ganado el apoyo de ambos partidos”, dijo Trump al anunciar la nominación en su primer mensaje televisado desde la Casa Blanca.
Si la nominación es aprobado por el Senado, Gorsuch tomaría el lugar que quedó vacante tras la muerte el año pasado de Antonin Scalia, quien fue durante mucho tiempo la voz más poderosa de la derecha en la Corte Suprema.
Una fuente judicial francesa citada por la agencia AFP, confirmó que este belga de 32 años de origen marroquí fue cedido temporalmente a Francia para ser imputado. Los jueces antiterroristas emitieron el 24 de noviembre de 2015 una orden de detención contra él por asesinato y pertenencia a banda armada. Los investigadores consideran que el sospechoso, que este lunes por la mañana se encontraba en las dependencias del Palacio de Justicia de París, ayudó a los autores de los atentados en la capital francesa que causaron la muerte a 130 personas.
Abrini, conocido como «el hombre del sombrero», fue detenido el 8 de abril en Bruselas y es uno de los sospechosos clave en la investigación del doble atentado del 22 de marzo cometido en Bélgica, en el que hubo 32 muertos. La misma célula yihadista perpetró ambos ataques, reivindicados por la organización terrorista del autodenominado Estado Islámico.
“La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal». Esta es una de la declaraciones transcritas por El País, realizadas por Vidal en sus conferencias. También se recogen otras afirmaciones en las que Vidal revela que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tiene un “preacuerdo” para que una hipotética Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria, o que la Generalitat tiene en marcha una investigación para identificar a agentes del CNI infiltrados en los Mossos d’Esquadra. La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para determinar la veracidad de estas manifestaciones por si el gobierno catalán ha podido incurrir en algún delito.
Vidal, juez al que el Tribunal Supremo suspendió en noviembre de sus funciones por tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña, ha asegurado tras presentar su dimisión que «en ningún momento he querido poner en entredicho que el actual gobierno actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y la Ley de Transitoriedad Jurídica». Además, ha pedido que «no se sobredimensionen las palabras que he pronunciado». El ya ex senador ha suspendido su agenda pública, informa ERC.
Esquerra Republicana de Cataluña es socio de gobierno del Junts pel Sí que preside Carles Puigdemont y cuyo vicepresidente de la Generalitat es el líder de ERC, Oriol Junqueras. Ambas formaciones han salido al paso de las críticas originadas por las declaraciones de Vidal, argumentando que eran «exageraciones» del juez para animar a los ciudadanos a sumarse el proceso independentista. La oposición ha exigido explicaciones «urgentes» en el Parlament. «El gobierno actúa con total transparencia y no hemos obtenido ningún dato ilegal de ningún ciudadano», ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.
Los jueces siguieron el requerimiento de la fiscalía, que se pronunció hace diez días contra la extradición de los militares ante la ausencia de garantías en Turquía para celebrar un proceso justo. El tribunal ha ordenado la liberación de los ocho militares, en prisión provisional en Grecia desde que aterrizaron en helicóptero el 16 de julio en un aeropuerto en el norte del país.
Los ocho militares turcos desmintieron en múltiples ocasiones su implicación en la intentona golpista y afirmaron que decidieron huir por miedo a las represalias contra los militares. En primera instancia, un tribunal de Atenas ya había rechazado la extradición de cinco de los ocho militares, y la había autorizado para tres. Estos apelaron, al mismo tiempo que la fiscalía. Tras el golpe de julio, numerosos militares huyeron a países europeos por temor a represalias por parte del Gobierno de Erdogan.
No es lo más edificante, pero cuando a un terrorista le estalla en las manos la bomba que pensaba poner, matándolo o mutilándolo a él solo, se produce en las personas normales una alegría irreprimible. Puede que sea un sentimiento vergonzante, para quienes no somos partidarios de la pena capital: ¿nos regocijamos de esa muerte, pero no estaríamos dispuestos a aplicarla…? Por eso no termina de haber moralidad ahí. Pero sí sensación de justicia: de justicia poética. Por un momento pareciera que funcionan en favor del bien, o en contra del mal, los engranajes del mundo…
«El procedimiento de adopción requiere una sentencia del tribunal», prosiguió, aunque rechazó aportar la identidad de los niños y del orfanato donde viven. Según los medios locales, la propia Madonna se presentó el miércoles en el tribunal de Jilongwe, en compañía de dos niños de corta edad, para ser entrevistada por un juez. La cantante estadounidense llegó a Malaui a bordo de un avión privado y reside en un ‘lodge’ en las afueras de la capital, según estos medios.
las adopciones que ya hizo en Malaui en 2006 y 2009, sus frecuentes visitas a este pequeño y pobre país de África austral han generado a veces cierta polémica.
En 2013, la entonces presidenta Joyce Banda le reprochó su comportamiento un tanto arrogante frente a las autoridades de Malaui, al exigir un tratamiento VIP y presumir de forma exagerada de su generosidad en el país. Tras la salida de Banda del poder en 2014, la estrella parece mantener una buena relación con el actual presidente, Peter Mutharika, quien ha llegado a decir que su gobierno estará «siempre agradecido por la pasión de Madonna hacia el país».
Madonna creó en 2006 la fundación Raising Malawi, y afirma haber entregado millones de dólares para financiar orfanatos y otras instituciones encargadas de atener a huérfanos en Malaui.
Hace ocho años que los padres de Marta del Castillo la vieron por última vez. Ocho años desde que comenzó una búsqueda que, a día de hoy, aún no ha finalizado. Sus familiares y amigos no han olvidado durante estos ocho largos años el sufrimiento que Miguel Carcaño y el resto de implicados en el caso les han hecho pasar, desde el momento en que Marta desapareció, con todos sus cambios de versiones y las dificultades y obstáculos que estas han supuesto en la investigación.
Durante los primeros meses, sus familiares y amigos se volcaron en una búsqueda sin descanso con la esperanza de encontrar a la joven con vida. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron cuando Miguel Carcaño confesó haberla matado.
El cuerpo de Marta, que tenía 17 años cuando desapareció, no ha aparecido todavía, a pesar de que se han explorado numerosas zonas de la ciudad de Sevilla, incluidos el vertedero, partes del río Guadalquivir y la escombrera de Camas.
McCartney había solicitado a Sony ATV Music Publishing que reconociera las notificaciones de The Beatles en las que planeaba finalizar con los contratos de acuerdo con la legislación estadounidense pero «se negaron a dar tal confirmación», se recoge en la querella.
Un caso similar enfrentó en diciembre al grupo de pop inglés, Duran Duran, con su editora – de Sony ATV Music Publishing – ante la justicia británica. Duran Duran quería recuperar los derechos de ciertas canciones como ‘Río’ y el tema de la película de James Bond ‘A view to a kill’, pero los tribunales fallaron a favor de la discográfica argumentando que la ley estadounidense no era aplicable en Reino Unido.
«Nunca he participado de ningún negocio», ni con Correa, ni con Jacobo Gordon, ni con otros imputados en el caso. Esta frase ha sido una de las más repetidas por Bárcenas. Sobre su relación con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, el ex dirigente del PP ha asegurado que «sí tuve una relación profesional», con él como proveedor de sus empresas de eventos y de viajes, entre 1993 hasta 2003, «año en que se rompe relación» entre el PP y Correa. La ruptura, ha asegurado Bárcenas, se produce «fundamentalmente porque en un momento determinado, al señor Correa, creo que se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía, lo bien que le iba y el nivel de relaciones dentro del PP». Correa atribuye a Bárcenas el fin de la relación contractual con el PP, algo que ha negado el ex tesorero. Fue Mariano Rajoy, presidente del PP, quien «dice que hay que dejar de seguir contratando con las empresas de Correa», ha explicado Bárcenas.
Ante las preguntas del Ministerio Fiscal sobre las contradicciones de su declaración ante el tribunal y las realizadas previamente durante la instrucción del caso, Bárcenas se ha limitado a decir que «no recuerdo a qué me refería» entonces. En todo momento ha negado que él o alguien del PP se hubiera llevado dinero de comisiones, y que las donaciones realizadas por personas y empresarios al PP «no tenían carácter finalista» y se anotaban. «Jamás, ninguna de las empresas de Correa ha recibido dinero en efectivo del PP; todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente en el partido». Y las donaciones, ha añadido, «se anotaban» por su antecesor Álvaro Lapuerta pero ha admitido que era una contabilidad «extra contable del PP, evidentemente». El ex tesorero ha negado «connivencia» con Lapuerta «sino excesivo celo» por parte de éste. «Es imposible que nadie se haya apropiado de ese dinero», ha reiterado.
Bárcenas se enfrenta a más de 42 años de prisión por asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que, según la acusación, fueron abonadas presuntamente por empresarios a la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones por parte de diferentes gobiernos del PP. Además, está acusado de haberse quedado dinero de una contabilidad paralela del partido.
La escuela juega «un papel especial en el proceso de integración social, en particular en lo que concierne a niños de origen extranjero», indica el tribunal, que recuerda que las clases de natación «no son sólo para aprender a nadar sino, sobre todo, para participar en dicha actividad con todo los demás alumnos».
El caso llegó a Estrasburgo después de que un matrimonio turcosuizo, Aziz Osmanoglu y Sehabat Kocabas, con dos hijas, acudieran al tribunal para buscar amparo ante lo que consideraban una interferencia por parte del colegio de las niñas. Para ellos, obligar a las niñas, entonces preadolescentes, a asistir a dichas clases violaba sus creencias religiosas. El tribunal europeo ha considerado que la justicia suiza intentó adaptarse a las creencias de la familia permitiendo, por ejemplo, que las niñas llevasen trajes de baño integrales tipo «burkini». También estimó que la multa de 1.400 francos suizos impuesta en 2010 a los padres era «proporcional al objetivo perseguido», que hacerles cumplir la regulación. Tras agotar todas las vías judiciales en Suiza, el matrimonio recurrió a Estrasburgo donde, de nuevo, no le han dado la razón, aunque pueden apelar la decisión.
Teodorín Obiang, que fue ministro de Agricultura y Bosques antes de ser promovido por su padre Teodoro Obiang Nguema en junio pasado al cargo de vicepresidente de Guinea Ecuatorial, está acusado de utilización indebida de bienes públicos, desvío de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. La investigación, que se abrió tras las demandas presentadas por las asociaciones Sherpa y Transparency Internacional, permitió establecer que Teodorín Obiang, de 47 años, adquirió «en Francia, entre 2007 y 2011, directamente o por medio de testaferros o empresas pantalla, un patrimonio mobiliario e inmobiliario valorado en varias decenas de millones de euros». Entre los bienes figuran un hotel particular de 4.000 m2 en el distinguido distrito XVI de París, grifería bañada en oro, vehículos Rolls-Royce, Bugatti y obras de arte de la colección Yves Saint Laurent-Pierre Bergé.
Este patrimonio, constituido cuando era ministro de Agricultura, proviene del dinero «de la corrupción» y «del desvío de fondos públicos» en su país, según los jueces. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial «siempre ha afirmado que ganó su dinero de forma legal en su país», y asegura que «es inocente», ha declarado Emmanuel Marsigny, uno de sus abogados.
Sus suntuosos gastos en Francia están muy alejados del día a día fe este pequeño país de África Central, dirigido con mano de hierro desde 1979 por el padre del procesado, en donde más de la mitad de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza.
En enero de 2016, después de años de complicada instrucción del caso Nóos dirigida por el juez José Castro, en la que no faltaron duras críticas contra su persona por haber procesado, nada más y nada menos, que a una hija y hermana de reyes, y con una fiscalía que actuó más como abogado defensor de la real imputada, se abrió finalmente juicio oral contra ella y el resto de los implicados. Frente a las presiones para evitar que la hermana del rey Felipe VI se sentara en el banquillo, la imagen finalmente se produjo y fue portada de los telediarios y periódicos de medio mundo. Está acusada de presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. «Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar más este país», dicen que comentó en un momento del juicio, según han reproducido varios medios nacionales. Y es que la infanta vive desde hace unos años en Suiza con su familia. Su marido Iñaki Urdangarín, ex jugador de balonmano metido a empresario, y su socio Diego Torres, son los principales encausados. El ex Duque de Palma está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 19,5 años de cárcel. Se esperaba que la sentencia se conociera a finales de este año, pero la complejidad del caso está retrasando la decisión del Tribunal, quizá porque no debe de ser fácil enviar a la cárcel al cuñado del rey.
Si la imagen de una infanta de España en el banquillo acaparó portadas, la del ex vicepresidente y ministro de Economía en los Gobiernos de José María Aznar, además de ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, declarando ante un tribunal fue un bombazo mediático. Un año antes, su detención por presunto fraude en el uso de las tarjetas black de Bankia, entidad que también presidió, fue devastadora y supuso el principio del fin de quien en su día fue una de las personas más influyentes del país. A partir de ese momento, las informaciones sobre fraude fiscal, uso de testaferros y actuaciones delictivas le han acompañado. Declaró el pasado mes de octubre en el juicio y el fiscal pide para él cuatro años y cinco meses de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas opacas para Hacienda, con las que él y otros 64 directivos de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, gastaron más de 12 millones de euros. La sentencia se espera para 2017.
El 4 de octubre comenzó el más esperado de los juicios, el del caso Gürtel, después de más de siete años de instrucción. Un total de 37 acusados que suman 740 años de cárcel, implicados presuntamente en la trama dirigida por Francisco Correa en la que, según la acusación, se amañaron contratos por valor de 353,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, Gobierno de Castilla y León, ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA (el operador aéreo que depende de Fomento). Uno de los mayores escándalos de corrupción sobre el que planea la sospecha y una investigación abierta de presunta financiación ilegal del Partido Popular, con el ex tesorero Luis Bárcenas a la cabeza. En el juicio, Correa aseguró que la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova era «como mi casa», «pasaba más tiempo en la sede del PP que en mi despacho». Demoledor. Además, entre los procesados están Álvaro Perez, alias ‘el Bigotes’, y supuesto conseguidor en la pieza abierta relativa a la presunta trama de corrupción del PP en Valencia. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, procesada como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos que cometió su ex marido, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o Pablo Crespo, supuesto número 2 de la trama Gürtel, y ex dirigente del PP en Galicia, son algunos de los encausados en un juicio que sigue su curso.
En 2017 estos tres casos de corrupción seguirán siendo noticia porque, una cosa está clara, las sentencias que se dicten no pasarán inadvertidas para nadie.
«El juez Julián Ercolini ha ordenado procesar a la ex presidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a 630 millones de dólares). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral», informa la página web del Consejo del Poder Judicial. En su última declaración jurada, celebrada en mayo de este año, la ex presidenta figuraba tener un patrimonio de casi cinco millones de dólares en efectivo y bienes inmuebles, que incluían una firma hotelera familiar.
Kirchner no tardó en reaccionar el martes en su cuenta de Twitter y escribió: «Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores». La ex mandataria había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y denunciar que «es una maniobra formidable de persecución política» y «un disparate mayúsculo».
Un tribunal de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares. Kirchner, que estuvo en el poder entre 2007 y 2015, está acusada de haber otorgado obras de infraestructura a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El juez Ercolini también procesó en la causa a Báez, que está detenido desde abril, y al exministro de Planificación, Julio de Vido. «No soy amiga ni socia comercial de Báez», declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales Kirchner. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado ha encontrado pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
El tribunal municipal de Phnom Penh ha declarado a Sam Rainsy y a otros dos miembros del equipo de su red social, Ung Chung Leang y Sathya Sambath, culpables de citar en Facebook un falso tratado fronterizo de 1979, según el cual Vietnam y Camboya habían acordado poner fin a su frontera común. El presidente del tribunal Leang Samnath sentenció a Sam Rainsy a cinco años de cárcel y a Ung Chung Leang y Sathya Sambath a tres años, todos en ausencia. Por eso ha ordenado el arresto de los tres para que cumplan la condena impuesta.
La sentencia se produce después de meses de tensión entre los dos principales partidos camboyanos, el Partido Popular de Camboya del primer ministro Hun Sen y el opositor Partido de Salvamento Nacional de Camboya (CNRP). Hun Sen lleva tres décadas al frente del gobierno del país aunque su poder se ha visto debilitado a partir de las elecciones generales de 2013 cuando el CNRP obtuvo 55 escaños en la Asamblea Nacional, dejando al Partido Popular con 68, de los 123 que tiene el parlamento. Miembros de la oposición ha denunciado la persecución del Gobierno contra las voces críticas para tratar de intimidar a la población antes de las próximas elecciones generales previstas en 2018.
Clarke, nacido en Birmingham en 1915, ha sido declarado culpable de 17 cargos de abuso sexual, 11 de indecencia con niños y dos tentativas de abusos sexuales serios. Durante el juicio, que ha durado dos semanas, el anciano se ha declarado culpable de nueve de los cargos relacionados con una parte de las víctimas masculinas, pero negó otros 21 cargos de abusos sexuales contra niñas. Durante la sentencia emitida este lunes, el juez Richard Bond QC le dijo: “Usted se presenta como un hombre mayor y frágil. Sin embargo, lo que era fácil de ver era que, a pesar de las declaraciones de culpabilidad, no tiene ningún remordimiento en absoluto”. Clarke afirmó que es “más bien inmune” a los sentimientos.
El juez dijo al jurado que el paso del tiempo no significaba que aquellos que cometieron abusos fueran a escapar de la justicia. Añadió que es improbable que Clarke sea alguna vez liberado. “Aquellos que sufrieron abusos sexuales, incluso en un pasado lejano, pueden descansar y estar seguros de que cualquier queja será tratada con empatía y compasión”, explicó el juez.
Los tres magistrados y doce parlamentarios del tribunal han tenido en cuenta la «reputación internacional» de la directora del FMI y que el caso se produjera en medio de una «crisis financiera internacional», para evitar condenarla a un pena prevista de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
El tribunal, sin embargo, sí considera que la ex ministra actuó con «negligencia» en relacionado con el llamado ‘caso Tapie’, por el que un tribunal de arbitraje impulsado por la propia Lagarde determinó el pago de una indemnización de 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie, quien había vendido Adidas al banco semi público Crédit Lyonnais en 1994, con el consiguiente desvío de dinero público.
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