No es ningún secreto que la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, hace años que se ha convertido en un día de estrategias políticas enfrentadas entre los defensores de la independencia de Cataluña y los llamados constitucionalistas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña, por lo que la convocatoria del 1 de octubre ha quedado oficialmente suspendida.
La imagen más significativa del pleno fue probablemente la de una señora diputada retirando las banderas españolas que los populares habían dejado en su retirada. La señora diputada no era independentista, sino de Cataluña Sí Que Es Pot, la coalición electoral que integra a Podemos. Y con su gesto dio una buena muestra del papel que su partido, o su coalición, ha tenido y sigue teniendo en el proceso independentista. Ella es capaz de retirar la bandera española y dejar la catalana, pero sólo en ausencia de los afectados. Nunca jamás se le ocurriría arrancársela de las manos a un diputado unionista, pero si se van se crece.
Horas después de la entrevista que mantuvieron el presidente del Gobierno con el líder del PSOE, Albert Rivera, cabeza del partido Ciudadanos, también se ha reunido con Mariano Rajoy para mostrar su apoyo ante el desafío soberanista.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves tras el Consejo de Ministros extraordinario que, tras recibir el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, ha dado instrucciones a la abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Referéndum aprobada el miércoles en el Parlament.
La Fiscalía General ha anunciado este jueves la presentación de dos querellas criminales, una contra los miembros de la Mesa del Parlament que el miércoles tramitaron los proyectos de ley de desconexión, y otra contra el Gobierno de la Generalitat por firmar el decreto de convocatoria de la Ley del Referéndum aprobada en un tenso pleno del que se ausentaron los grupos constitucionalistas en el momento de la votación.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, con las que pretende establecer un marco jurídico para la celebración de un referéndum secesionista y la eventual separación de la Comunidad Autónoma. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera incluir en la orden del día el trámite de ambos textos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo ha pedido ya al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos del Parlament de Cataluña, que este miércoles ha admitido a trámite la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que prevén el establecimiento de un marco legal para la celebración de un referéndum independentista y la eventual secesión de la región del conjunto de España. La vicepresidenta ha tachado la sesión del Parlament de “abochornante espectáculo” y de “patada a la democracia, patada a los catalanes y patada a la decencia política”.
Todos podemos convenir que el problema con el independentismo en Cataluña tiene su origen en un conflicto histórico de carácter territorial. Es algo objetivo. Así se ha entendido creo hasta hoy: pero después de presenciar el debate en el Parlament, con el objeto de discutir e intentar aprobar una Ley de Referéndum que permita hacer una consulta secesionista, creo que muchos ya no compartirán esta interpretación de forma completa. Habrá que introducir nuevas variables. De hecho, las batallas que hasta hoy tenía por ejemplo el PSOE sobre el número de naciones que constituyen España o el consenso para empezar a discutir en la Comisión Constitucional de las Cortes el futuro del Estado autonómico, suenan ya como acontecimientos de un pasado lejano.
Desde la mañana de este miércoles, el Parlament debate la posible aprobación de dos leyes decisivas para la independencia de Cataluña: la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.
El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.
Durante la presentación del Año Judicial, 2017/2018, que ha presidido el rey Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, han hecho una clara defensa de la Constitución y la legalidad, frente al independentismo catalán. La presentación se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, en la víspera de que arranque un pleno del Parlamento de Catalunya que podría aprobar la proposición de ley del referéndum, paso previo a una inmediata convocatoria del mismo por el Govern de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para la independencia que espera lograr luego del referéndum del 1 de octubre.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha querido enviar este viernes un mensaje de “tranquilizar” a la ciudadanía y ha reiterado que “no habrá el 1 de octubre un referéndum de secesión”. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha desacreditado la llamada Ley de Transitoriedad catalana diciendo que es un texto “descalificado por juristas de toda índole” y que no ofrece “ningún tipo de garantías”. Con todo, ha dicho también que el Gobierno “ha previsto todos los escenarios posibles” y que “tiene estudiadas las respuestas y actuará en consecuencia”.
Quieren tener la nacionalidad catalana y española, pero los españoles no pueden tener la nacionalidad española y catalana. Así es como los indepes van trazando el camino absurdo de la Ley del embudo: lo ancho para ellos, lo estrecho para uno.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de un chat vía Facebook Live ha respondido varias preguntas que le hicieron los ciudadanos. El dirigente se conectó aproximadamente a las 16H y aseguró, entre otras cosas, que si Cataluña logra su independencia deberá tener un ejército propio.
El amanecer del 2 de octubre será caótico. El día anterior se habrá celebrado un referéndum independentista ganado por abrumadora mayoría por el “sí” o no se habrá celebrado por razones que van desde la retirada de las urnas por parte de los mossos d’esquadra hasta vayan ustedes a saber qué.
Junts pel Sí (JxS), coalición que gobierna Cataluña, y los independentistas radicales de la CUP, que apoyan al ejecutivo en el parlamento regional, han presentado en el Parlament la llamada ‘Ley de Transitoriedad Nacional’. Esa norma es la principal de las leyes que regularían el marco legal para la “desconexión” de España en el caso de que ganara el “sí” en el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, al que se opone el Gobierno español y el Tribunal Constitucional. Estaba previsto que se conociera a finales de julio pero su presentación se aplazó al haber discrepancias en el calendario de aprobación.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a Puigdemont que acabe con sus planes de ruptura. “Me gustaría que algunos renunciaran a sus planes rupturistas. Si no lo hacen, el Gobierno defenderá la legalidad y la soberanía nacional”, ha dicho Rajoy durante el acto de inauguración del curso político, en Pontevedra.
La Mesa del Parlament de este miércoles no ha modificado su orden del día y no ha incluido la admisión a trámite de la ley del referéndum, que avala la votación del 1 de octubre, pese a que Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley el pasado 31 de julio.
La central nuclear suiza de Beznau, la más vieja del mundo, ha vuelto a entrar en funcionamiento este lunes tras una interrupción de tres días debido a un problema técnico, según ha anunciado Axpo, el grupo energético que la administra. “Los trabajos de reparación de un cable de 220 kilovatios de un transformador situado en la parte no nuclear de las instalaciones” han terminado, tal y como ha informado la sociedad en un comunicado.
Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea, ha explicado que la campaña unitaria comenzará oficialmente el 15 de septiembre, cuatro días después de la Diada.
Hace unos días el periodista Juan Cruz llamó a unos conocidos artistas catalanes y les preguntó por la cosa esa del Procés. Todos estaban en contra con sus matices a cuestas en un reportaje que publicó El País. Curiosamente, salieron analistas criticando que los que hablaban lo hacían tarde e incluso mal. Coincidían, cosas del oasis, el maestro Arcadi Espada y el director de la edición local de El Mundo, Àlex Salmon.
El gobierno catalán, a través de su consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha presentado este sábado una denuncia contra los guardias civiles que han llevado a cabo en los últimos días los interrogatorios a altos cargos del ejecutivo autonómico, ha informado la Generalitat en un comunicado.
La polémica reforma del Reglamento aprobada el miércoles por el Parlamento catalán tras un tenso debate que permite la aprobación de las leyes mediante lectura única, no sólo tiene en frente a los partidos de la oposición que votaron en contra de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP; el Consejo de Estado, reunido de urgencia este jueves, ha emitido un dictamen en el que motiva que se recurra al Tribunal Constitucional la citada reforma que da luz verde a la aprobación de leyes para una desconexión express de Cataluña porque facilita el referéndum independentista.
Con 72 votos a favor y 63 en contra, el pleno del Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una polémica reforma del Reglamento presentada por Junts pel Sí y la CUP que permitirá sacar adelante leyes express. Para los grupos de la oposición, se trata de una propuesta “antidemocrática” dirigida a permitir la aprobación de leyes de ‘desconexión’ de Cataluña y una ley de referéndum en lectura única.
La opción de una Cataluña independiente continúa perdiendo adeptos, según se desprende del último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) catalán, publicado este viernes, en el que el 49,4% de los encuestados no quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente, frente al 41,1% que sí quiere. En el anterior barómetro publicado en marzo, el 48,5% de los ciudadanos estaba en contra de la independencia frente al 44,3%.
El Gobierno ha acordado imponer a la Generalitat de Cataluña un control semanal del gasto para impedir el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Si Cataluña destina fondos económicos de forma directa o indirecta al procedimiento refrendario se le cortará la financiación que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
El Tribunal de Cuentas ha emitido un auto que abre el procedimiento para exigir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los ‘exconsellers’ que participaron en la logística de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, el pago de los más de cinco millones de euros que costó dicha consulta, según ha avanzado el diario El Mundo. Artur Mas ya ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta independentista de 2014. Homs fue condenado por el mismo hecho a un año y un mes de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
El hasta ahora director del servicio de Emergencias 112 de la Generalitat de Catalunya, Fede Adan, ha presentado este martes su dimisión, según han adelantado varios medios catalanes. Se trata de la tercera renuncia en cadena en el Departamento de Interior de la Generalitat, tras la salida de Jané el viernes pasado y la dimisión este lunes del director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle. Estas renuncias se producen en medio del proceso soberanista para la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre.
Los líderes del PSOE y de la formación Unidos Podemos se han reunido este lunes para estudiar e impulsar iniciativas conjuntas en el Congreso. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han acordado en este encuentro la creación de una mesa de colaboración conjunta para proponer medidas legislativas que incidan sobre todo en cuestiones de agenda social, como el salario mínimo interprofesional o las ayudas a los jóvenes o a los parados.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a insistir este sábado en que el referéndum independentista de Cataluña no se va a celebrar, pues “va contra todas las leyes”, y ha animado al líder del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, a seguir el ejemplo del País Vasco, que tiene una forma de trabajar con el Gobierno basada en “el pacto, el acuerdo y el entendimiento”.
No ha habido purga, ha asegurado este viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la rueda de prensa celebrada en Barcelona para informar de la remodelación del gabinete en el que salen la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno, Neus Munté, el responsable de Interior, Jordi Jané, y la de Educación, Meritxell Ruiz, además el secretario del Govern, Joan Vidal.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que el Ayuntamiento facilitará el desarrollo del referéndum que el Gobierno de Cataluña quiere celebrar el próximo 1 de octubre. Sin embargo, ha dudado de que “sea un referéndum efectivo” si finalmente se llega a producir la votación, ha declarado Colau en una rueda de prensa este lunes.
Miles de venezolanos se manifestaron en Caracas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos, tras la excarcelación la víspera de Leopoldo López, y coincidiendo con los 100 días de protestas en Venezuela que han dejado 90 muertos.
El PSOE no apoyará en ningún caso acciones unilaterales que vayan en contra de los marcos legales y supongan la ruptura de la unidad de España, pero considera que el Gobierno debe abrir una vía de diálogo con la Generalitat de Cataluña para proponer y crear soluciones respecto a la cuestión del referéndum secesionista.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno de Cataluña quiere convocar el 1 de octubre. La decisión de este miércoles, que se ha acordado por unanimidad, responde a un recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que el tribunal ha aceptado parcialmente.
Los tres expresidentes vivos del Gobierno de la democracia, Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), han coincidido este miércoles en defender la unidad de España frente al secesionismo que propone un sector de la sociedad catalana. Lo han hecho durante un acto organizado por Vocento para conmemorar los 15 años del grupo y coincidiendo con el 40 aniversario de las primeras elecciones tras la muerte de Franco.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este miércoles un llamamiento a la serenidad en Cataluña frente a los “delirios autoritarios” del gobierno de Carles Puigdemont y sus socios soberanistas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país un día después de que la oposición anunciara un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno. Maduro ha leído varias disposiciones de la Constitución vigente para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es “el único poder que puede organizar” cualquier proceso de votaciones, informa Efe.