La Fiscalía pide al TSJC que ordene el cierre de páginas web del referéndum

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta. Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Cataluña en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión. La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha formalizado este viernes ante el TSJC, que se reúne esta tarde para decidir la aceptación de las querellas.

Respecto al Ejecutivo catalán, el Ministerio Público se querella por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya dejó este jueves en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno español. El Gobierno catalán en pleno firmó la convocatoria del citado referéndum la noche del pasado día 6, después de que el Parlamento regional aprobara una ley que regula esta consulta, con el apoyo de la mayoría independentista de la Cámara, norma que también recurrió el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Gobierno catalán pone en marcha un procedimiento, el referéndum, «que va a generar un importante gasto público» y por tanto «cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal». Respecto al delito de prevaricación, considera que con la convocatoria del referéndum pretenden la «abierta y deliberada derogación» de la Constitución. Y en cuanto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido «especialmente advertidos» del deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional».

📝 [Butlletí] #President @KRLS: "No suspendran la democràcia a Catalunya, cap consell de ministres ni cap tribunal" https://t.co/zZ3z0EugAL

— Govern de Catalunya (@govern) September 7, 2017

Además, la Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales». El Ministerio público les achaca también delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», de prevaricación y malversación. Recuerda, que «la Cámara catalana no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad».

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo de Estado ha avalado este viernes por unanimidad la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Cataluña. «En virtud de la Orden de V. E. de fecha 8 de septiembre de 2017, registrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente y dentro del plazo fijado al efecto, el expediente relativo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República», se puede leer en el dictamen publicado en el BOE.

El Consejo de Estado elevará ahora al Gobierno el dictamen sobre esta ley, para que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, en el marco de las actuaciones solicitadas por las instituciones, la Guardia Civil ha registrado este viernes, sobre las 14:30 horas, las instalaciones de la imprenta de Constantí, Tarragona. La Fiscalía de Tarragona abrió diligencias de investigación el jueves por la mañana tras recibir un atestado de la Guardia Civil por las sospechas de que esa empresa había imprimido material del 1-O, según han indicado fuentes judiciales.