La UE aprueba sancionar a siete altos cargos del Gobierno de Venezuela

Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado este jueves sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la «represión» en Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo, han informado a Efe fuentes europeas. Por lo tanto, se trata de una imposición de medidas selectivas contra los responsables de la violencia del país.

Esta decisión, aprobada en una reunión mantenida por los embajadores de los estados miembros de la UE, se formalizará la próxima semana en el Consejo Europeo, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores que se celebra el lunes en Bruselas, aunque el trámite podría demorarse unos días.

De esta forma, los miembros comunitarios quieren condenar a aquellos «responsables de graves violaciones de derechos humanos» y aquellos que cuyas acciones «atenten de alguna manera contra la democracia o el Estado de derecho en Venezuela», a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre por el bloque comunitario, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela.

Según fuentes extraoficiales los sancionados serían: Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Antonio Benavides, exjefe de la Guardia Nacional; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tarek William Saab, fiscal General designado por Asamblea Nacional Constituyente y Diosdado Cabello.

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Catherine Ray, ha reiterado que la UE mantiene su «mensaje político» y «apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de Venezuela«.

La decisión llega en el contexto de una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo entre el Gobierno venezolano y la oposición, marcada por la incertidumbre tras el caso de Óscar Pérez, un exmiembro de la Policía que se rebeló contra la Ejecutiva de Maduro y que fue abatido el pasado lunes. Por otra parte, el opositor venezolano Leopoldo López ha dicho que estas conversaciones están manipuladas y no cuentan con la transparencia «respecto país y la comunidad internacional».

Las conversaciones deben darse sin manipulaciones y con transparencia y respeto al país y la comunidad internacional

— Leopoldo López (@leopoldolopez) 18 de septiembre de 2017

La oposición reclama al Gobierno que establezca unas garantías electorales necesarias para la celebración de los comicios presidenciales, previstos para este año; la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran «presos políticos» y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

El oficialismo, por su parte, exige el levantamiento de las sanciones económicas internacionales que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.