Sánchez acaba con otro símbolo del consenso
«Habrá un referéndum, y nadie mejor que un gallego como Conde-Pumpido para esta queimada constitucional que se avecina»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La elección de un presidente del Tribunal Constitucional que fuera progresista no ha sido ninguna sorpresa. Había algunas dudas, pero muy pocas, de que el candidato favorito de Pedro Sánchez, el jurista Cándido Conde-Pumpido acabara convertido en el duodécimo presidente del Alto Tribunal. Y había alguna porque hasta el último minuto la también progresista María Luisa Balaguer ha luchado por conseguir esa presidencia. Incluso ha conseguido el voto de los cuatro miembros conservadores. Resultado final: de los once votos, seis a cinco a favor del que fuera fiscal general del Estado con el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Pero alguna sorpresa tenía Sánchez preparada. Su afán por controlar todo el estado, todos los poderes, todos los organismos no ha tenido reparo en tensar al TC como nadie lo había hecho nunca. Y no ha dudado en romper con una tradición no escrita que se ha mantenido en los últimos años y ha forzado que la vicepresidenta fuera la también progresista Inmaculada Montalbán.
El gesto de consenso, como un jarrón delicado para mostrar el espíritu de unidad y de confianza consistía en que el vicepresidente fuera de la corriente distinta a la del que fuera elegido presidente. Una muestra de cortesía y de equilibrio, de confianza en la imparcialidad de todos los magistrados por encima de sus corrientes. Una forma que tenían los miembros del Constitucional de mostrar el espíritu de dialogo y de consenso que emanaba de la propia Carta Magna del 78. A nadie se le escapa que el control del Partido Socialista y del Partido Popular sobre los miembros del Constitucional ha intentado ser siempre el máximo posible. Pero, por encima de corrientes progresistas y conservadoras, los miembros elegidos han intentado que como organismo valedor del espíritu de la Constitución se mostrara ese pequeño equilibrio entre presidencia y vicepresidencia. Era un gesto, un jarrón.
Eso es tierra quemada ya para el pirómano institucional. Si ha forzado leyes, derogado delitos en el Código Penal, nombrado a ministros como fiscales generales, o como ahora miembros del Constitucional, poco le ha debido de doler el pisotear este pequeño gesto de ese espíritu. Dicen los miembros progresistas que si han roto la tradición no escrita era para buscar la paridad de géneros y por eso elegían a una mujer como vicepresidenta. Un criterio que podrían haber potenciado todavía más si hubieran elegido presidenta a una mujer como la catedrática de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer. Pero por si acaso, la igualdad se aparta cuando vienen los designios de Moncloa.
Sánchez no quiere dudas. Sabe que los jueces y magistrados en algunas ocasiones han mostrado su independencia sobre los deseos del partido o gobierno que les propuso y han cambiado el voto esperado. Prueba de ello es la resistencia que ha tenido hoy mismo hasta el final con Balaguer, una mujer de reconocida independencia. Hasta el punto de que ella, que se ha declarado marxista, feminista y republicana, ha votado en contra de los designios del Sumo Hacedor de la Moncloa en la designación de vicepresidenta.
«Hay temas muy delicados que duermen de una forma escandalosa desde hace años, escondidos en algún cajón del Tribunal Constitucional»
Una votación que de alguna forma muestra que el bloque progresista se ha roto ya hoy en su primer día. Por un lado, seis magistrados sumisos a Sánchez, luego una progresista autónoma y cuatro conservadores. Falta un miembro más, que, si se cumple el sentido común y de estado, debería ser conservador. Lo tiene que elegir el Senado. Y es probable que los dioses de la Moncloa que día tras día, disparan dialécticamente cómo una ametralladora la acusación de que el Partido Popular bloquea las designaciones del CGPJ (por otro lado, cierta), hagan que el bloqueo pueda venir ahora del Partido Socialista. Una forma de mantener un 7 a 4.
La vida te da sorpresas que dice la canción, y una enfermedad o un ataque de independencia podrían en algún momento poner las cosas más equilibradas. Y el presidente no quiere sustos. Hay temas muy delicados que duermen de una forma escandalosa desde hace años, escondidos en algún cajón del Tribunal Constitucional. Asuntos tan relevantes como el aborto, la educación, la Memoria Democrática o el uso del español en las escuelas catalanas. Pero si Sánchez ha sido capaz de mandar sin ningún escrúpulo a su exministro de Justicia y a una funcionaria de la Moncloa para ser miembros del Constitucional, y si ha ordenado romper el equilibro de presidente y vicepresidente, es porque sabe que no puede arriesgar en su control del Constitucional. Por ejemplo, nadie garantiza que a la nueva vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, una gran conocedora y experta en igualdad y violencia de género, que incluso fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad de España, pueda tener una opinión independiente de los mandatos sobre la ley del solo sí es sí que ya ha provocado casi 150 rebajas de penas.
Es un ejemplo, pero viene también otro tipo de artillería. Sánchez necesita un tribunal en el que no haya dudas del voto final cuando lleguen temas como los indultos a los condenados del procés, la derogación de la sedición o la rebaja de penas de la malversación. Y sobre todo, cuando finalmente sea fiel a su negativa y por tanto a lo contrario de lo que ha dicho, y active un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Los palmeros de Moncloa con Bolaños a la cabeza, buscarán veinte formas para designarlo, para intentar que parezca una votación como la de Eurovisión, una consulta-cita-propuesta-acuerdo o lo que sea que acabara deslizándose como una serpiente entre el articulado de la Constitución.
Veremos si Sánchez sigue dependiendo de los votos de ERC y de Bildu para mantener el poder. Pero el referéndum, haberlo -como las meigas- haberlo, lo habrá. Y nadie mejor que un gallego como Conde-Pumpido para esta queimada constitucional que se avecina.
