El exdelegado de Cataluña en Austria se desmarca de los avales del 'procés': «No es ético»

El exdelegado de la Generalitat en Viena, Adam Casals, se ha convertido en uno de los cuatro encausados por el Tribunal de Cuentas que no acepta ayudas públicas. «No es ético», afirma en conversación con THE OBJECTIVE. Casals es uno de los 34 ex altos cargos que están investigados por el citado tribunal por el gasto exterior del Govern destinado al procés. Fue el máximo representante del Ejecutivo catalán en Austria y Europa Central desde enero de 2015 hasta finales de 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo cesó tras la intervención de la autonomía a través del artículo 155.

A diferencia de la mayoría de encausados por el órgano fiscalizador, este ex alto cargo catalán declinó sumarse al aval que la Generalitat presentó ante el Tribunal de Cuentas a través del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros. Tampoco la Caja de Solidaridad, controlada por la ANC y Òmnium Cultural, que recaudó 950.000 euros para ayudar a los independentistas en el pago de sus fianzas, ha querido prestarle dinero: «Me dijeron que no mostraba suficiente espíritu de combate. Yo nunca he tenido espíritu de combate, así que, si este es su criterio, habríamos rechazado su ayuda».

El reconocido abogado penalista Carles Monguilod lleva su caso ante el Tribunal de Cuentas. Monguilod asistió a la videoconferencia que los máximos representantes de la Generalitat organizaron con los abogados de los encausados para explicarles las características de ese aval. Después de la reunión, le comunicó las «dudas mayúsculas» que le suscitó esa medida del Gobierno catalán, así que decidió presentar de su propio bolsillo, con la ayuda de familiares y amigos, un aval por el valor de los 137.000 euros que el Tribunal de Cuentas le exige como liquidación provisional para no ejecutar la orden de embargo de sus bienes.

Según explica, además de las dudas legales sobre el aval público, también experimentó «dudas éticas muy importantes» para aceptar dinero público: «Una de las consecuencias perversas del procés es el aumento de la pobreza en Cataluña. Ante esta situación, no me parece ético que la Generalitat destine un fondo de 10 millones de euros para poder avalar a personas que siguen de alguna forma vinculadas con lo público».

Casals no es militante de ERC ni de Junts per Catalunya, así que tampoco se ha beneficiado del aval presentado conjuntamente por estos dos partidos después de que el Tribunal de Cuentas tumbara el aval del ICF. Sus llamamientos a hacer «autocrítica» por parte de los altos cargos catalanes le han costado que un «ejército de trols independentistas» le acosen en las redes sociales. A veces, según ha dejado entender de forma velada, por instrucción del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

A la pregunta de por qué no se descolgó antes del procés, tras la aprobación de las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 o tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año, acepta su error: «Podría haber dimitido. Estaba en Viena y desde ahí no estábamos al corriente de la gravedad de lo que estaba pasando ni de lo que estaba planificando el Govern. Nunca nos contaron que iban a hacer una cosa tan absurda como declarar esa independencia en esa declaración ridícula de octubre de 2017. Y sí, a toro pasado, todo se podría haber hecho mejor, la autocrítica es muy necesaria».

«El 155 fue una liberación»

Desde su cese como delegado de la Generalitat en Viena ha vuelto al sector privado: «Sentí una liberación con el 155, a partir del verano de 2017 la incomodidad de seguir en ese cargo era cada vez más mayúscula. Físicamente además me encontraba mal, las tensiones, la toxicidad del ambiente dentro del independentismo era cada vez más irrespirable y estoy agradecido de haber sido liberado, así de claro».

En la actualidad sigue en Viena, donde trabaja en una empresa de consultoría a nivel internacional. Colabora con Naciones Unidas y asesora a empresas privadas así como a administraciones públicas. Aunque se desmarca de la Generalitat: «No tenemos ninguna relación con la Generalitat de Cataluña». La periodista alemana Krystyna Schreiber le ha relevado al frente de la ‘embajada’ catalana. El Govern la designó delegada para Austria, Hungría, la República Checa y Eslovaquia con sede en Viena en 2019.

Renovación del Tribunal de Cuentas

Los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez, con ERC a la cabeza, así como Pere Aragonès desde el Palau de la Generalitat, hace tiempo que instan a Moncloa a renovar el mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas. Acusan al órgano fiscalizador de estar «politizado» y de «perseguir» al independentismo.

Casals, sin embargo, rechaza dichas acusaciones: «No creo que sea ninguna solución envolverse en la bandera y practicar el victimismo, que es lo que se hace con frecuencia desde el independentismo ante cualquier decisión de la Justicia u órganos del Estado. Vivimos en un Estado de Derecho dentro de la Unión Europea y España ofrece todas las garantías jurídicas habidas y por haber».

Respecto a su situación como investigado, confía en que se «resolverá a su favor»: «No se ha iniciado todavía proceso judicial de las personas invitadas a declarar en esta liquidación provisional. Por lo que han visto mis abogados, de la documentación que se nos ha hecho llegar todo se puede defender absolutamente bien. Demostraremos que nunca hice nada ilegal». También asegura que «nunca tuvo el mandato de defender la independencia de Cataluña», sino «un mandato institucional que no tenía nada que ver con el fomento de una determinada agenda política e independentista».

Uno de los actos que más trascendencia mediática cosecharon en el ejercicio de sus funciones fue cuando inauguraron una placa conmemorativa en el campo de exterminio de Mauthausen. El entonces consejero de Exteriores, Raül Romeva, presidió el evento: «Fuimos la primera administración del Estado que decidió realizar un homenaje a todas las víctimas catalanas y del resto de España del Holocausto».

Se despide asegurando que su «embajada fue siempre la española». Que trabajó codo con codo con todas las instituciones catalanas y del resto de España: «Nunca pretendimos tener delirios de grandeza». Ubica sus funciones en las que ostentan el resto de delegados regionales de otras comunidades autónomas. A la espera de que el Tribunal de Cuentas resuelva su situación contable, pone como ejemplos de su buen hacer el hecho de que la delegación que presidió, en el centro de Viena, nunca vulneró la neutralidad institucional con la exhibición de símbolos independentistas.