Zapatero intentó que Repsol beneficiara a un empresario venezolano que le llamaba «zorro»
La primera juez del 'caso Plus Ultra' sugiere que el comisario de Barajas en el 'Delcygate' recibió «gratificaciones»
Zapatero y el empresario venezolano Danilo Diazgranados. | Imagen generada por IA
«Zorro», «z» o «zzzz». Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revela que Danilo Díazgranados, un empresario venezolano investigado en Francia por corrupción, se refería a José Luis Rodríguez Zapatero con esos sobrenombres. Así lo recoge el auto con el que la juez Esperanza Collazos mandó el caso a la Audiencia Nacional. La magistrada destaca en el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que los agentes llegaron a esa conclusión tras encontrar un chat con el nombre «Danilo-España» en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero, relacionado con Plus Ultra, la aerolínea que rescató con 53 millones de euros el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. La entrada en la oficina se practicó el 24 de octubre de 2024.
La referencia a Zapatero consta en el auto de inhibición que dictó Collazos el pasado febrero para derivar la causa a la Audiencia Nacional, que ha citado al expresidente del Gobierno el próximo 2 de junio como imputado. El juez José Luis Calama le atribuye delitos de tráfico de influencias, pertenencia de organización criminal y falsedad documental. Según la magistrada que llevó originalmente la causa, el exdirigente socialista trató de influir en Repsol para que diera a Díazgranados los derechos sobre la «distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela», algo que niega la petrolera española.
El chat recogería numerosas conversaciones de Díazgranados, que está siendo investigado por delitos de corrupción en Francia. Los agentes identifican a Zapatero cuando este empresario, un bróker chavista con nexos en la República Dominicana, se refiere a otra persona a la que denominada como «zorro», «z» o «zzzz». El atestado con esa información fue remitido a la Audiencia Nacional por la juez Collazos a partir de datos facilitados por las autoridades francesas y suizas.
La influencia de Zapatero
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid señala en el auto que «en dicho chat se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada y con vocación de permanencia». El auto menciona que el expresidente del Gobierno trató de influir en Repsol para que diera a Díazgranados los derechos sobre la «distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela», aunque no aclara si llegó a concretarse.
El escrito insiste en que en los mensajes incautados a Palomero se observa «la influencia» de Zapatero «ante los altos ejecutivos de Repsol» para que Díazgranados obtuviera «en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela». El auto no ofrece la identidad de esos directivos. La compañía niega en un comunicado cualquier relación con el empresario venezolano y explica que opera «bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países donde está presente».
La mención a Repsol abre una nueva línea: la posible influencia de Zapatero para abrir puertas en una compañía estratégica a favor de un empresario venezolano. Díazgranados aparece en la documentación con la que trabajó Collazos y que acabó derivando en las pesquisas sobre blanqueo de capitales y una trama de influencias.
Calama considera a Zapatero como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado sostiene que el expresidente cobró casi dos millones de euros en comisiones y que dio instrucciones para crear sociedades offshore en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la UDEF no ha constatado que esta creara, o no con el nombre que maneja.
El comisario del Delcygate
Diazgranados residiría en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y figura en los escritos de Anticorrupción como «gestor ejecutivo vinculado a la captación de clientes eventuales de la estructura». El diario venezolano armando.info señala que trabajó como agente de bolsa en la década de los noventa y que uno de los operadores financieros de Hugo Chávez. De hecho, fue el encargado de comprar bonos británicos para el Fondo de Desarrollo Nacional, por lo que se quedó «con una jugosa comisión».
El origen del caso Plus Ultra se encuentra en una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir a trámite el año pasado por falta de competencia. Este órgano consideró que el competente sería el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones que recibió Plus Ultra. Según el Ministerio Público, varias personas habrían participado en una operación de blanqueo de capitales en España, Suiza y Francia.
La juez explica en el auto de inhibición que Díazgranados mantenía relación con Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro de Zapatero. El empresario venezolano le haría encargos a través de Palomero «para llevar sus asuntos económicos en España», hecho que incluía «favores y gratificaciones» a diferentes personas, entre las que se encontraría Jesús María Gómez Martín, el comisario que estaba en la pista del aeropuerto de Barajas durante el Delcygate, esto es, la noche del 20 de enero de 2020, durante el frustrado viaje de la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Cuando la magistrada ordenó el registro de Plus Ultra, apareció una tarjeta de Gómez Martín. Collazos, que ya investigó hace años el rescate de la aerolínea y terminó archivándolo por defecto de forma, sostiene que el excomisario «habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro vientos de Madrid se realizaran negocios con procedencia ilícita», pero no se extiende más en el asunto.