Los empresarios, en alerta por la 'intervención' salarial del Gobierno con el alza del SMI
Las remuneraciones que dependen del sector público superan los 17 millones y rebasan a las que dependen del mercado y del sector privado
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. | Europa Press
La intención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en línea con la inflación preocupa a los empresarios, y así lo trasladan distintas fuentes a THE OBJECTIVE, ya que -vaticinan los directivos, miembros de patronales y creadores de empleo- supondrá una suerte de intervención pública en la fijación de sueldos que en algunos sectores, como la hostelería, ya alcanza al 91,5% de las nóminas, según el informe Repercusión de la Subida del SMI en la Pyme Española, elaborado por los expertos de Cepyme, y que afectará a un porcentaje mucho más alto de trabajadores -incluso por encima de dos millones, según estimaciones- tras la subida que podría impulsar Díaz de cara a 2023 y cuyo estudio se aborda ahora para incluir el alza del SMI en los Presupuestos Generales del Estado que se terminen de confeccionar en las próximas semanas.
Sectores casi al completo en nivel de SMI
Con la subida del SMI que pretende Díaz, de aproximadamente el 7,8%, en línea con la inflación media prevista para 2022, más de ese 91,5% del sector de la hostelería tendría el sueldo fijado por el Estado y al margen de la discrecionalidad del empresario. Lo mismo sucede en otros colectivos del sector servicios y actividades administrativas, donde más del 80% de las nóminas ya están reguladas por el salario mínimo impulsado en febrero -con efectos retroactivos al 1 de enero de 2022- a los 1.000 euros en 14 pagas.
La pretensión de Díaz no alcanza el nivel solicitado por el sindicato UGT, de 1.200 euros, pero al menos -en función de la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– supondría abordar este viernes, 2 de septiembre, por parte del Grupo de Trabajo al efecto, la idoneidad de aplicar un alza del 7,8% en el salario mínimo interprofesional.
Ello debido a que la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo quiere que en 2023 el SMI alcance el 60% del salario medio, aspecto marcado como objetivo por la Carta Social Europea, pese a que según el mismo informe de Cepyme en ninguno de los grandes países de la UE el SMI ha subido tanto como en España en los últimos años, un 35,8% desde el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y a que en al menos 12 autonomías el SMI de los trabajadores locales ya rebasa el 60% del salario medio y de que empresarios de muchos sectores se verían secuestrados por un alza obligatoria que afecta a más de ocho o nueve de cada diez empleados.
Subida en línea con la inflación prevista
Ese salario medio -del que falta una concreción sobre si se habla en término brutos o netos- fue en 2020, últimos datos disponibles en el INE, de 25.165,51 euros anuales y llegar a su 60% implica un alza del montante anual de los 14.000 euros actuales del SMI a 15.099 euros anuales. Es decir, un 7,8% y 78,5 euros al mes. La inflación media esperada para 2022 rondará el 8% después de las últimas revisiones de los principales organismos de predicción.
Una de las justificaciones del impulso de Díaz a elevar aún más el SMI en esa cuantía del 7,8% es la fuerte inflación que padece nuestra economía, la misma que blande el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para revalorizar las pensiones en relación al IPC del año anterior.
Sin embargo, el inconcluso e indeterminado pacto de rentas no recoge medidas que alienten subidas salariales en aquellas nóminas únicamente dependientes del sector privado que, en términos medios, ha subido un 2,5% hasta mayo según el informe de Dinámicas Salariales en España, elaborado periódicamente por el servicio de estudios de Caixabank, entidad financiera por la que pasan más del 30% de las nóminas del país.
Nóminas que marca el Gobierno
La queja empresarial procede de que esa intervención de las retribuciones que exacerbaría una nueva subida del SMI afecta a más de 17 millones de españoles entre funcionarios, perceptores del SMI, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, desempleados y pensionistas. De modo que sólo quedan libres al juego del mercado 16,6 millones de nóminas, afectadas también por la inflación, los sobrecostes y mayor precariedad padecida por las empresas y pendientes de un acuerdo para su revalorización que dista más de ocho puntos del último dato de IPC. Es decir, la revalorización media de los trabajadores no regidos por dictados estatales se ubica en el 2,5% frente a la inflación del 10,8% reflejada en el último dato del INE.
Por otra parte, como confirman fuentes de los Gestores Administrativos la subida del SMI no es neutral para la empresa, sino que comunica un alza de los costes financieros de las compañías. Según los últimos cálculos de los gestores, los costes de las empresas han subido un 40% desde 2019 a causa del alza del SMI, ello sin contar los seguros sociales.
Ese efecto multiplicador que convierte el alza del SMI del 35,8% en un 40% de sobrecostes para las empresas se produce por un efecto arrastre automático sobre el resto de nóminas y cotizaciones de la plantilla.
Por otra parte, Díaz tendrá que batallar no sólo con la solicitud de más empatía con las pymes y autónomos proclamada por la CEOE, sino con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, más reticente a acometer fuertes alzas en el SMI. Además, apuntan algunas fuentes de la patronal a este diario, la bandera de subida del SMI tiene componentes electoralistas claves en un momento de crisis económica como el actual.
