Calviño pide a Europa 94.000 millones a 45 días del 23-J y sin conocer el resultado de las urnas
La vicepresidenta admite que los préstamos no se tienen por qué solicitar de manera inmediata, y defiende que lo importante es que sirvan de red de seguridad
Nadia Calviña, vicepresidenta primera del Gobierno, con Pedro Sánchez. | Europa Press
La vicepresidenta primera del Gobierno anunció este martes la aprobación de la Adenda y el envío en próximos días a Bruselas de un documento que incluye 94.000 millones -de los cuales 84.000 son préstamos y el resto son transferencias directas y fondos REACT-EU-. A preguntas de la prensa, tras el Consejo de Ministros, Nadia Calviño defendió formular la petición ahora, a 45 días de las elecciones generales convocadas para el 23 de julio, por «responsabilidad», pese a no conocer el resultado de las urnas.
Calviño sostiene que este es el momento y no otro, y que «no habría sido realista» por su parte hacer un trabajo de estas características «después de las elecciones». Además, la titular de la cartera de Economía mantiene que el Partido Popular tiene suficiente información al respecto, ya que el proyecto de la Adenda está aprobado desde diciembre del año pasado. En su opinión, ni siquiera las elecciones pueden poner freno a «este proceso que España está liderando» y que supone un refuerzo a la sostenibilidad fiscal.
En su intervención ante los medios de comunicación, aseveró que la petición de estos 84.000 millones de euros en préstamos no va a a aumentar la deuda pública, entre otras razones -aclaró-, «porque no se trata de solicitar inmediatamente estos préstamos». Se trata, añadió, «de tener una red de seguridad para que en los próximos años se mantenga el fuerte impulso inversor» que traen los fondos Next Generation.
Sin la reforma fiscal finalmente incluida en la Adenda, y admitida por la propia vicepresidenta, la número dos del Gobierno también precisó ayer que, si pasado el tiempo de evaluación de la Comisión Europea -que puede oscilar entre dos y tres meses-, la institución europea apremia a hacer ajustes, «se pueden hacer esos ajustes después de las elecciones».
En cualquier caso, y según establece el Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, «las ayudas en forma de préstamo se abonarán en tramos supeditados al cumplimiento de hitos y objetivos en consonancia con el artículo 20, apartado 5, letra h)». No obstante, «la Comisión evaluará las solicitudes de ayudas en forma de préstamo de conformidad con el artículo 19. El Consejo tomará una decisión de ejecución, a propuesta de la Comisión, de conformidad con el artículo 20, apartado 1. Y cuando proceda, se modificará el plan de recuperación y resiliencia en consecuencia».
Lo cierto es que, como ha podido comprobar THE OBJECTIVE, el artículo 14 que recoge lo referente al préstamos -y que señala como fecha límite de la petición el 31 de agosto-, también añade en el primer punto del articulado que, «hasta el 31 de diciembre de 2023, la Comisión podrá conceder al Estado miembro que lo solicite un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia».
Datos económicos para solicitar 94.000 millones
La vicepresidenta del Gobierno presentó el documento de la Adenda, la segunda parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, acompañado de 17 transparencias, de las que al menos ocho hacían alusión a los indicadores en positivo recogidos por las instituciones estatales, como los datos del mercado de trabajo, la inflación, los ingresos y pagos del Tesoros o un mapa de aplicación de los fondos Next Generation en los países miembros de la Comisión Europea.
Partiendo de esa base, y en la misma línea que el presidente del Gobierno, quien el día anterior afirmó en un Foro sobre los Fondos Europeos que la economía española va como una moto, Calviño afirmó que el efecto de los fondos Next Generation y la posterior Adenda tendrán un efecto sobre el PIB de hasta un 3% de media hasta 2031.
Asimismo, pronosticó un aumento de la productividad de nuestra economía, duplicando del 0,8% al 1,6%, además de una reducción del paro estructural, y un refuerzo de la sostenibilidad fiscal.
Calviño resaltó el intenso trabajo realizado con la Comisión, así como el esfuerzo extraordinario de los funcionarios y del ámbito publico y privado, en un momento muy estimulante que ha dado sus frutos, según los datos económicos exhibidos ayer desde el Palacio de la Moncloa. Un proyecto, el de la Adenda, en que según declaró la vicepresidenta, se han incorporado y valorado las propuestas de los agentes sociales y de las comunidades autónomas.
20.000 millones para las comunidades autónomas
Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno -señaló este martes Calviño-, pretende concentrar las inversiones y las 18 reformas previstas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha.
En concreto, los 10.300 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán sobre todo a reforzar los 12 proyectos estratégicos que ya están en marcha. Dentro de estas transferencias, las procedentes del programa REpower, que está orientado a acelerar la transición energética, va a permitir reforzar el proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, conocido como ‘Perte ERHA’ y también el de descarbonización de la industria, hasta llegar a 3.000 millones de euros. También se va a dotar el Perte de microelectrónica y semiconductores, conocido como ‘Perte Chip’, con unos 12.000 millones de euros.
Además, la vicepresidenta indicó que la adenda, sobre todo, va a proporcionar una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años, gracias a los 84.000 millones de euros en préstamos.
Estos recursos se canalizarán a la economía real a través de instrumentos financieros entre los cuales Calviño destacó el fondo de resiliencia autonómica, dotado con 20.000 millones de euros que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones.
Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a tener también un papel protagonista en el a canalización de estos créditos y gestionará, junto con el conjunto del sector financiero, un elevado volumen de préstamos que se canalizarán a través de dos líneas de 22.500 millones de euros para inversiones verdes y crecimiento empresarial.
En estas líneas se incluirá una dotación específica de 1.000 millones de euros para el sector turístico; la línea ICO de promoción de vivienda en alquiler, dotada con 4.000 millones de euros; el fondo ‘Next Tech’ con 4.000 millones de euros y el fondo de 1.500 millones de euros para impulsar las producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España.
Adicionalmente, con los préstamos se cubrirán los fondos de la SEPI y de Cofides ya utilizados desde 2020 para apoyar la solvencia de las empresas más afectadas por la Covid-19 y los mecanismos que ya estaban previstos en el Plan para acompañar la reforma laboral y el Ingreso Mínimo Vital.
Como novedades de la adenda, se pondrá en marcha un instrumento de 2.200 millones de euros para inversiones en ciberresiliencia y seguridad y se incluirá un nuevo fondo de 2.200 millones de euros de incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de hogares y empresas.
También se constituye un fondo para el impulso de la vivienda social y de alquiler asequible, dotado con 4.000 millones de euros, que tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como mejorar el parque de vivienda ya existente.
Ampliar el ‘kit digital’
La adenda también incluye el cambio de algunos hitos y objetivos ya fijados, con el fin de ampliar el ámbito de algunos programas, como por ejemplo el ‘kit digital’, que se pretende extender a empresas de más de 50 trabajadores. Además, el Gobierno quiere que las ayudas de los programas de formación puedan beneficiar también a personas ocupadas.
