Feijóo cita a la cúpula económica del PP para priorizar los créditos de la UE y salvar los Pertes
El Reglamento del Plan de Recuperación y Resiliencia permite que los países modifiquen su modelo cuando lo justifiquen
Feijóo con los 'números uno' del 23-J al Congreso de los Diputados | Europa Press
El presidente del Partido Popular ha convocado para la próxima semana a la fundación Reformismo21, con la que, entre otros asuntos, abordará un tema que preocupa mucho a los populares, y en particular, a la cúpula económica de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. Se trata de la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuestión que inquieta en Génova, dado el bajo nivel de ejecución del actual Gobierno.
El equipo económico del PP, junto con la fundación que preside Pablo Vázquez, quiere centrarse en los 84.000 millones de euros que engloba la Adenda -recientemente enviada a Bruselas sin el consenso ni conocimiento del principal partido de la oposición-, y concentrar buena parte del esfuerzo en esos créditos reembolsables, al valorar que los mecanismos de financiación que despliegan pueden ser muy útiles para desencallar los grandes proyectos estratégicos, conocidos como Pertes, y entre los que se encuentran el Perte del VEH, dedicado a la industria del vehículo eléctrico o, el Perte Chip.
Así, el PP entiende -según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE– que los créditos suponen un camino más sencillo desde el punto de vista administrativo para que se pueda ejecutar un proceso, que en cualquier caso, quiere revisar si el próximo 23-J, Feijóo gana las elecciones generales y se convierte en el nuevo presidente del Gobierno.
Con esos créditos, bien a través del BEI, del ICO, de avales o de entidades de garantía pública, los de Feijóo pretenden ayudar a las empresas y dar un paso cualitativo a las reformas estructurales que necesita el país, conscientes, además, de que de este modo se proporciona mayor transparencia al proceso. Por cierto, esta es una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo con la Comisión y con el Parlamento Europeo, a la espera que España envíe el nombre de los 100 primeros beneficiarios de los fondos Next Generation. En definitiva, se trata de un modelo parecido al sistema de financiación de Cofides, planteado para empresas españolas que quieran emprender proyectos en países emergentes o en desarrollo. De esta forma, explican a THE OBJECTIVE, «es la mejor manera de que el crédito llegue a las empresas y de que eso tenga un efecto en el crecimiento económico y en el empleo».
Feijóo quiere que el dinero llegue a la economía real
Esta reunión, en la que también se tratarán otras cuestiones -entre ellas, la mejor gestión de las fondos europeos-, ya estaba convocada antes de las recientes críticas del candidato socialista a las generales, Pedro Sánchez, quien desde su posición de presidente del Gobierno advierte que si PP y Vox gobiernan será un caos y una amenaza para los fondos europeos.
Y es precisamente el caos lo que intraquiliza a las filas populares y a los economistas que trabajan y hacen fichas y estudios para la fundación, al entender que lo que ha hecho hasta ahora el Ejecutivo progresista de Sánchez con las subvenciones -69.000 millones de euros- es prácticamente «nada, porque apenas nada ha llegado a la economía real». Y, a día de hoy, y tal como exige Europa -subrayan fuentes económicas-, «seguimos sin tener a pleno rendimiento la plataforma Coffee, que es la logística informática que debería arrojar información puntual de la gestión de los fondos europeos».
Entretanto, la fecha límite de entrega de la Adenda a la Comisión -31 de agosto, tal y como recoge el Reglamento del Plan de Recuperación- no supone una contrariedad para el Partido Popular, porque en sí, se trata de redefinir una selección de objetivos que son muy generalistas, y algunos de los cuales, como los que aluden a la fiscalidad, van en contra de los planteamientos del PP, por lo que es muy probable que se supriman. No obstante, al PP le hubiera gustado que el Gobierno hubiera escuchado a las comunidades autónomas, y les hubiera hecho partícipes de la Adenda, y al tiempo hubiera solicitado estas ayudas mucho antes, porque el retraso supone un coste para los beneficiarios derivado de la subida de los tipos de interés.
Fuentes europeas consultadas por THE OBJECTIVE añaden al respecto, que si bien el deadline -hora límite- de la entrega de la Adenda está claramente prefijado en el Reglamento del Plan de Recuperación, también es cierto que el mismo recoge que los planes se pueden modificar cuando lo pida cada país, por lo que es más que razonable que la Comisión tenga en cuenta que, si se da un cambio de Gobierno, habría que dar más tiempo a los planteamientos de un nuevo Ejecutivo.
El Grupo Popular en Bruselas pide transparencia
En línea con lo que defiende el Partido Popular en España, la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, pidió una vez más a la Unión Europea «exigir a los Estados eficiencia en la gestión, rapidez en la ejecución y transparencia en el proceso».
Este lunes, en el debate sobre el informe de la política de competencia de 2022, en el Parlamento Europeo, celebrado este lunes, Benjumea recordó que los fondos NextGenerationEU «son una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar». «Estos fondos -añadió- no solo fueron una respuesta rápida y acertada a la crisis económica derivada de la pandemia, también fueron una herramienta única puesta al servicio de los Estados miembro para que estos sean más competitivos, más resistentes a los periodos de crisis y contracción económica y más capaces de generar oportunidades de empleo y crecimiento», explicó.
En cuanto al informe de competencia, Benjumea destacó que «los principios fundacionales de los fondos de recuperación son coherentes con las líneas generales de la política de competencia, ya que las reformas incluidas en los planes de recuperación nacionales han de buscar la simplificación normativa y administrativa y la reducción de la burocracia en aras del buen
funcionamiento del mercado interior».
Por último, la dirigente popular preguntó a la Eurocámara si las reformas pactadas y aplicadas en los Estados bajo el paraguas de estos fondos «están permitiendo lograr estos objetivos de mejorar de la competitividad o, por el contrario, están aumentando gasto público y estructural a medio y largo plazo».
