El Gobierno deja en el limbo 5.500 millones de fondos europeos consignados para 2022

El Gobierno cierra el año con un pobre balance de ejecución de los fondos europeos, el instrumento con el que el Ejecutivo pretende cambiar la cara al tejido productivo español. El último informe publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -con datos hasta el 30 de noviembre- refleja que el dinero no solo no ha llegado a las empresas, sino que la ejecución avanza extremadamente lenta y que incluso quedan sin autorizar 5.545 millones de euros, el 19,4% del total de los Next Generation comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2022.

Que estos 5.545 millones de euros no hayan sido autorizados significa que no se encuentran en ninguna partida, ya que no se ha comprometido su gasto, ni se computan como obligación neta reconocida, ni menos aún se ha autorizado su pago. A efectos de los números que hace el Ministerio de Hacienda, este montante no se encuentra en convocatoria alguna ni ha sido asignado a ningún programa ni ministerio.

Es decir, contablemente se encuentran en el limbo a falta de un mes para que cierre esta contabilidad. El dato de la IGAE es más llamativo si consideramos que casi triplica los 2.072 millones que no se autorizaron al cierre del año 2021, el primero de ejecución de fondos europeos. Ese año se autorizaron 22.128 millones, frente a los 22.914 millones que se acumulan hasta el 30 de noviembre de 2022. La diferencia está en que ese año se consignaron en los PGE 4.400 millones de euros menos.

Fondos europeos ejecutados

En cualquier caso, el balance de gestión de los fondos europeos es negativo desde cualquier parámetro. Las cifras recogidas entre enero y noviembre cribadas por THE OBJECTIVE indican que apenas se ha ejecutado tres de cada diez euros de los Next Generation. En total, se ha autorizado el pago de 8.237 millones de euros, el 29% de los 28.459 millones comprometidos en los PGE de 2022. Una cifra que se queda muy debajo de las expectativas pese al acelerón del último mes en el que se autorizaron más de 1.500 millones.

El dato es bajo incluso si se compara con los 11.003 millones que se autorizaron como pago en 2021, el 45% de lo comprometido en los PGE de ese año. Esta cifra -que nunca es compartida por el Gobierno- es lo más cercano que existe a la ejecución aunque técnicamente no significa que estos recursos lleguen a las empresas, principalmente porque solo refleja el dinero que se transfiere, pero no dice dónde llega. Y muchas veces el destino suele ser otro departamento u otra administración, como las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

Por otro lado, e incluso si tomamos como referencia el dato que da por bueno el Ministerio de Asuntos Económicos, los parámetros de ejecución de los fondos europeos están muy lejos de la «velocidad de crucero» que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lleva prometiendo desde febrero de este año. El Gobierno suele atribuirse el supuesto éxito del reparto de los Next Generation gracias a las obligaciones netas reconocidas, es decir dinero comprometido, pero no gastado.

Cifras de 2021

Sin embargo, esta cifra -15.443 millones al 30 de noviembre- es apenas el 55,3% del montante comprometido de fondos europeos en los PGE de este año y está muy lejos del 82,8% de ejecución que consiguió en este mismo indicador al cerrar 2021. En el caso de los gastos comprometidos -el cuarto parámetro para medir la ejecución y que se refiere al dinero que se dice que se va a gastar, pero que oficialmente no se ha consignado- noviembre cerró con 18.593 millones, el 65% de todo el dinero comprometido. Un dato que está muy por debajo del 86% consignado un año antes.

Con estas cifras, parece difícil creer que solo en el último mes del año, el Gobierno haya conseguido liberar un montante tan elevado como para igualar estos datos, por lo que 2022 cerrará con cifras muy por debajo de gasto comprometido, obligaciones netas reconocidas y de los pagos autorizados en 2021.

Dicho de otra manera, España probablemente ejecute menos fondos europeos que el año precedente, pese a la supuesta velocidad de crucero prometida por Calviño. Y es que las cifras desmienten el optimismo del Gobierno y de su vicepresidenta primera que, en todas sus comparecencias referidas a los Next Generation -incluso las más recientes realizadas en diciembre-, insiste en que estos recursos están llegando a las personas y a las empresas de manera veloz y eficiente.

Reparto de los fondos europeos

No obstante, y como ya advirtió este periódico, la realidad indica que el Gobierno negocia estos días con Bruselas una prórroga para poder gastar durante los próximos años determinadas partidas comprometidas y que no pudieron ser adjudicadas antes del 31 de diciembre. Esto es debido a los problemas que está teniendo para gestionar los Next Generation, entre ellos determinados compromisos de gasto atribuidos a los PERTE, como el del vehículo eléctrico y conectado.

A finales del año pasado, la ministra Nadia Calviño anunció que incluirá en la adenda del Plan de Recuperación de los fondos europeos algunos cambios en el calendario de los hitos establecidos -por no poder materializar su concreción-, una petición que se justificó por los efectos de la guerra de Ucrania, el incremento de costes y la rotura de las cadenas de suministros, según indica el proyecto que en principio se enviará a Bruselas durante el mes de enero.

Se trata de unas cifras que además llegan para poner fin a un año lleno de polémicas y de críticas de los empresarios, patronales y comunidades autónomas que exigen una mayor participación y cogobernanza en la gestión de los fondos europeos. En el caso de los empresarios, un reciente informe de la CEOE advirtió que apenas el 9% del dinero distribuido a los PERTE ha sido realmente adjudicado, al mismo tiempo que advirtió de serios problemas del Gobierno para realizar su gestión.

A propósito de la presentación de la adenda, desde muchas autonomías se ha cuestionado que solo 20.000 de los 84.000 millones de estos créditos se hayan puesto a disposición de las regiones. Incluso se critica a la propia Calviño por intentar vender a Bruselas un inexistente acuerdo con las CCAA para este reparto. En total, se han distribuido hasta la fecha más de 20.000 millones de euros de los fondos europeos a las diferentes comunidades autónomas.