El Gobierno justifica con la guerra y la inflación la prórroga que pide a la UE para asignar fondos

El Gobierno español negocia a contrarreloj la modificación de los plazos de ejecución de algunos compromisos establecidos para recibir los fondos europeos Next Generation acordados con Bruselas hace más de un año. Esta semana, el Ejecutivo confirmó que incluirá en la adenda del Plan de Recuperación algunos cambios en el calendario de los hitos establecidos -por no poder materializar su concreción-, una situación que justifica con la guerra de Ucrania, el incremento de costes y la rotura de las cadenas de suministros, según indica el proyecto que se enviará a Bruselas en enero.

El pasado martes, durante la presentación de esta adenda con la que el Ejecutivo pretende liberar los 95.000 millones euros restantes de fondos europeos Next Generation -84.000 millones en créditos-, el Ejecutivo reconoció que pedirá a Bruselas la modificación de determinados hitos y objetivos incluidos en el proyecto europeo, «en línea con la solicitud efectuada por otros países como Alemania, debido a la concurrencia de circunstancias objetivas que dificultan su cumplimiento».

Según consta en el proyecto de adenda, la modificación de algunos plazos se pedirá por concurrir circunstancias objetivas como el incremento de costes y los problemas en la cadena de suministros que «impiden el cumplimiento» de estos hitos, entre los que se encuentran la adjudicación de fondos a determinados proyectos. España cree que el incremento de costes a raíz de los últimos acontecimientos geopolíticos es un argumento lo suficientemente potente para justificar ante la Comisión Europea la imposibilidad de cumplir con estos compromisos.

Acontecimientos ‘geopolíticos’

«Estas enmiendas encuentran su base legal en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que prevé que los Estados miembros podrán modificar los hitos y objetivos inicialmente acordados siempre que se demuestre que su cumplimiento no será posible como consecuencia de la existencia de causas objetivas como, por ejemplo, el incremento en los costes a raíz de los últimos desarrollos geopolíticos», dice el documento oficial que maneja el Gobierno. Con todo, el Ejecutivo insiste en que se mantiene el calendario de ejecución final de todas las inversiones y reformas a finales de 2026.

De esta manera, se pide la modificación de un número limitado de hitos, muchos de los cuales expiran antes de finalizar este año. Según han informado medios como El Economista o El Mundo y ha confirmado THE OBJECTIVE, entre estas reformas que no han llegado a tiempo se encuentra la segunda parte del plan integral de modificación del sistema de pensiones o la adjudicación de 1.200 millones de euros de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) atribuidos en su gran mayoría al Perte del vehículo eléctrico y conectado.

Esto ha obligado al Gobierno a negociar con Bruselas la prórroga de estos compromisos cuyo cumplimento expira el 31 de diciembre, incluso antes de presentar la adenda. Las previsiones son que en enero se entregue formalmente el documento cuando se tenga la certeza que se ha concedido la prórroga al menos para los compromisos que ya caducan, una de las razones que explican que el Ejecutivo retrasara su presentación más allá de 2022, como había venido indicando durante todo el curso la vicepresidenta económica y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Calendario de entrega de fondos

El Gobierno se comprometió a realizar determinadas reformas cada semestre cuyo cumplimiento supedita la liberación periódica de las ayudas. Hasta la fecha, se han recibido por parte de la Comisión Europea dos tramos de 10.000 y 12.000 millones correspondientes a compromisos cumplidos en el primer y segundo semestre de 2021. El 12 de noviembre se pidieron otros 6.000 millones a cargo de los compromisos del primer semestre de este año y antes del verano deberían pedirse otros 10.000 millones sujetos a los objetivos cuyo cumplimiento se negocia en estos momentos.

Para recibir estos 10.000 millones, España se comprometió a cumplir con 45 hitos y 15 objetivos que probablemente no se cumplan en su totalidad. El Ejecutivo relativiza esta situación apelando a situaciones similares vividas en otros países de nuestro entorno y en la buena disposición de la Unión Europea para flexibilizar plazos. Entre el cumplimiento de los hitos y objetivos y la petición de los fondos atribuidos a estos, suelen pasar unos seis meses, el tiempo suficiente según el Gobierno, para que se apruebe la adenda -prevista para antes de abril- y se puedan ajustar los plazos.

Después de los compromisos de finales de este año, quedan por cumplir otros 13 hitos y 9 objetivos antes de verano del próximo año para recibir otros 7.000 millones. El grueso de 36 hitos y 74 objetivos se tendrán que cumplir antes del primer semestre de 2024 para liberar otros 8.000 millones; 8 hitos y 41 objetivos antes de junio de 202 para recibir 3.476 millones y finalmente 14 hitos y 52 objetivos antes de cerrar 2025 para que se aprueben los últimos 4.ooo millones.

30 nuevos compromisos

Sin embargo, la adenda que se presentará a comienzos de 2023 y que debería estar aprobada antes de que expire el primer trimestre cambiará radicalmente este calendario de los fondos europeos. El objetivo, además de solicitar los 84.000 millones que restan en préstamos de los Next Generation, es adaptar los nuevos desembolsos y compromisos al nuevo entorno. Calviño dijo en el último consejo de ministros que incluiría además otros 30 compromisos por lo que se propondrá un nuevo cronograma con las citadas modificaciones en los plazos de algunos hitos y objetivos.

Las nuevas reformas estarán destinadas a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, según el Gobierno, «que a su vez destaca las dirigidas a acelerar el despliegue de las energías renovables, impulsar la movilidad eléctrica y las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades o reducir nuestra dependencia energética. Asimismo, se incluyen reformas orientadas a mejorar la inserción laboral e impulsar la cualificación y recualificación de los trabajadores».

En cuanto a la distribución de los 95.000 millones de fondos europeos que se pedirán a Bruselas,  estos recursos serán distribuidos mediante dos vías principales: 64.000 millones en préstamos distribuidos en doce fondos y otros 26.000 millones para reforzar los Perte ya en marcha. De estos recursos para los Perte, 7.600 millones serán atribuidos a transferencias directas y los otros 18.600 millones se concretarán en préstamos.