Investigan un fraude de 1 millón de euros en el cobro de la PAC en Castilla y León
Estarían implicadas 30 personas en connivencia con trabajadores de la Junta
La Guardia Civil realizando la investigación | Guardia Civil
La Guardia Civil investiga a 30 personas, 22 físicas y ocho jurídicas, en una operación bautizada como Pacquiao por un supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas para la Política Agraria Común (PAC). La trama, de la que ha tenido conocimiento THE OBJECTIVE, consistiría en el cobro de ayudas de manera ilícita al simular un pastoreo con la connivencia de personal de la Junta de Castilla y León.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando los agentes de la Guardia Civil en Palencia tuvieron conocimiento del entramado de la falsificación de las condiciones necesarias para la obtención de las ayudas de la PAC que podría suponer un fraude de casi un millón de euros.
Las pesquisas, que se han llevado a cabo en colaboración con una Unidad del Seprona y la Fiscalía europea, indican quelos acusados omitieron presuntamente el uso de las guías de transporte de ganado y fingieron realizar la actividad de pastoreo con animales de abasto (destinados al consumo humano). El fraude se llevó acabo en connivencia con personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, liderada por Gerardo Dueñas (Vox) quien ya anunció hace dos semanas que su departamento ha colaborado con las autoridades y entregado la documentación solicitada para la investigación.
A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Se ha realizado además un estudio patrimonial paralelo que ha permitido congelar 96 inmuebles valorados en más de cuatro millones.
En este sentido, se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
Un fraude de 45.000 euros por ganadero al año
Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda.
Los acusados recibían por esta actividad una cantidad anual que rondaba los 45.000 euros por ganadero. Se ha podido demostrar además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.
De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.
Un entramado familiar de funcionarios de la Junta
Este fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que se encargaba de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.
La veterinaria encargada de la inspección del ganado era su pareja sentimental y no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados.
Además, el Presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas). Finalmente, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas.
