Pimec, la patronal próxima al independentismo catalán, mete en otro lío legal al Gobierno
La Fiscalía y el Juzgado han encontrado motivos suficientes para imputar a esta organización
EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez. | Europa Press
Pimec, la patronal catalana de pymes, próxima a la corriente independentista, se encuentra estos días en el ojo del huracán porque primero la Fiscalía y luego el Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid han encontrado motivos suficientes para imputar a esta organización por dos causas: fraude de subvención y delito de falsedad documental.
Así, esta organización empresarial de pequeñas y medianas empresas catalanas, próxima al independentismo -cuya Fundación amadrinó en 2020 la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, «como experta en el Tercer Sector y Transformación Social», y quien, junto a Yolanda Díaz, también respaldó en mayo de 2021, con un polémico discurso del uso de los fondos europeos, el nacimiento de Conpymes en la Casa Árabe, por cierto, patronal que compite con CEOE -como Pimec con Cepyme-, para lograr una silla también en la mesa de diálogo social-, queda señalada por la justicia por haber cobrado una subvención del Estado que no le correspondía, ya que ni estaba registrada como asociación de autónomos, como corresponde a la ayuda que solicitó, ni tampoco tiene el número suficiente de trabajadores para conseguir dicha prestación. (*Cabe señalar que Pimec pertenece a Conpymes, organización que postula la defensa del capitalismo inclusivo frente al capitalismo clientelar).
Esta actuación, la de Pimec, mete en otro lío legal al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, quien finalmente ha tenido que dar un paso atrás al admitir la acumulación de una serie de irregularidades expuestas. Estas últimas, de momento, han dado lugar a que la patronal que en su día apoyó la directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid -y donde se circunscribe Conpymes, con cuyo director, Gómez guarda una relación de amistad- haya percibido 133.211 euros de más, que a tenor de la ley no le corresponden.
Tras la rectificación de Trabajo, la pregunta es cómo se han producido estos hechos y cómo el caso de Pimec empaña la actuación del Ministerio que dirige Yolanda Díaz y también la del presidente de esta patronal de carácter autonómico, Antonio Cañete. El mismo que acusa a Uatae (Unión de Trabajadores Autónomos, cercana a CCOO y a Podemos), pero que, pese al señalamiento judicial, hace apenas unos días se ha vanagloriado, en una entrevista realizada por TVE, de la entrada de Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. Calificó el hecho –que todavía no se ha producido– de «transcendencia histórica». No en vano, Pimec tiene un despliegue en las instituciones europeas y una dotación presupuestaria que sorprende –cuenta con una delegación permanente en Bruselas— en relación al número de asociados.
Pimec y el acuerdo con Uatae
El relato de los hechos no se explica sin antes aclarar que el dinero de más que ha obtenido Pimec de la administración central –y que según ha podido conocer THE OBJECTIVE, ha restado 98.005 euros y 35.156 a ATA y a UTA, respectivamente— parte de un acuerdo con Uatae.
En efecto, por medio de la orden ESS/739/2017, de 26 de junio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la dirigente del Partido Popular Fátima Báñez, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad de la social de las empresas, de modo que puedan sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos.
Esta es una subvención que, entre sus requerimientos, atiende a dos requisitos fundamentales: que las asociaciones se centren en los trabajadores autónomos y que también sus organizaciones tengan un número mínimo de TCL, de cotizaciones de sus trabajadores, a partir de 90.
Con esos mimbres, aparecen en escena Uatae –asociación de trabajadores autónomos, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior, y donde María José Landaburu Carracedo ostenta el cargo de secretaria general de la asociación como representante legal– y, Pimec, constituida como asociación, pero solo de empresarios, registrada a su vez en el registro de asociaciones empresariales de la Generalitat de Catalunya.
El documento de la unión
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario –partiendo de la denuncia interpuesta por la Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social–, la Fiscalía resuelve que la entidad Uatae solicitante, en relación con la entidad asociada Pimec, nunca llegó a presentar el certificado que diera cuenta de que, en efecto, Pimec estaba inscrita en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña, «cuando dicho extremo no es cierto».
Una diligencia, la de Uatae, en colaboración con Pimec –aunque este lo rebate–, por el que la suma de las dos organizaciones diera la garantía suficiente para cumplir con el segundo requisito: la plantilla exigida para poder recibir la subvención relativa a los gastos de funcionamiento, que en su momento les facilitó la concesión de la subvención por el importe de 266.123,10 euros.
En este sentido, THE OBJECTIVE ha tenido acceso a un documento que manifiesta el acuerdo que ahora niega Antonio Cañete, (Pimec), y que deja manifiesto la connivencia entre estas dos asociaciones para sumar y conseguir la subvención pretendida. Esto se puede observar en la imagen que mostramos a continuación, y donde, con firma del secretario general de Pimec –micro pequeña y mediana empresa de Cataluña, con domicilio social en Barcelona, lo que por otra parte inhabilita que Pimec forme parte de Comisión Nacional de Convenios Colectivos–, reconoce esta organización que se encuentra integrada en Uatae, sumando además un detalle llamativo, y es que, siendo ésta una organización de pymes, añade que los trabajadores autónomos «asociados» a Pimec pertenecen al menos a tres sectores: agricultura, industria, construcción y servicios».
Además de Landaburu y Ginesta, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, también ha determinado investigar a Uatae y Pimec como personas jurídicas, cuya primera cita en los tribunales tendrá lugar a partir del mes de abril.
*Esta noticia ha sido actualizada el 17 de junio de 2024 al observar una errata en el titular.
