El PP sugiere ante la UE que Sánchez usará 40.000 millones para nacionalizar empresas
También se pregunta por la creación de una nueva empresa pública que financiaría la entrada del Gobierno en Telefónica
La diputada del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat. | Europa Press
En plena polémica por el posible uso fraudulento de los fondos europeos, destapado estos días en el caso Delorme, que cerca al Gobierno, la delegación española del Partido Popular en Bruselas, y en concreto la eurodiputada Isabel Benjumea que ha formulado la pregunta, han pedido a la Comisión que se pronuncie por escrito sobre una cuestión avanzada por el Ejecutivo, y es el hecho de que se pueda utilizar parte de los créditos Next Generation en controlar, a través de participaciones y acciones, a empresas españolas. Hasta 40.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
La pregunta formulada, explican a THE OBJECTIVE fuentes de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, se centra en conocer si los Fondos Next Generation están diseñados para que el Gobierno de Sánchez se dedique a intervenir y nacionalizar empresas, sociedades en las que luego podrá meter a sus dirigentes en los consejos de administración, apuntan.
A los populares les preocupa el uso de los préstamos que se derivan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, porque entienden que ese no es el espíritu de unas ayudas que no llegan a la economía real y que difícilmente llegan a los autónomos y las pymes, y con cuya planificación no están de acuerdo la mayoría de comunidades autónomas. Además, según el último informe de Esade Pol, el 41% de estos fondos convocados todavía no se han concedido. Por otra parte, este domingo, fuentes gubernamentales defendían ganar «operatividad» en la gestión de los fondos europeos con la SEPI Digital (concentrando 12.000 millones del Perte Chip, 4.000 millones del fondo Next Tech y, al mismo tiempo, otros 1.700 millones del fondo Hub Audiovisual).
Por estos anuncios la delegación que representa en Bruselas la eurodiputada y portavoz del Grupo Popular Europeo, Dolors Monserrat, ha solicitado a la Comisión Europea una respuesta escrita, que aclare si los Fondos Next Generation se pueden utilizar, entre otros menesteres, para comprar títulos de deuda emitidos por empresas y para adquirir participaciones directas en el capital de empresas. Además, el PP también se pregunta por la creación de una nueva empresa pública que aglutine las participaciones del Estado en las empresas tecnológicas y que financiaría la entrada del Gobierno en Telefónica.
El espíritu de los fondos
En su argumentación, el PP en las instituciones europeas recuerda que, dado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se creó para lograr la recuperación económica a través de reformas e inversiones que favorezcan la competitividad de nuestras empresas, ¿son la creación de empresas públicas y la compra de participaciones en empresas privadas por parte de Gobiernos nacionales un riesgo para la atracción de inversiones, la consolidación y la expansión de empresas?
Ante la posición del Gobierno español, y partiendo de esa premisa, los populares quieren que la CE explique si acaso estos fondos fueron creados –insisten– «para financiar políticas proteccionistas y de intervención de empresas públicas en detrimento de la competitividad de la iniciativa privada», apuntan a este diario.
Asimismo, ante falta de cogobernanza de estos fondos, tal y como la propia CE ha reconocido, la formación pilotada en Bruselas y Estraburgo por la exministra Dolors Montserrat formula una segunda pregunta, esta vez, haciendo alusión al Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que recoge en sus artículos 18 y 28 la necesaria participación de las autoridades regionales y locales, así como de la sociedad civil, en el diseño y posterior implementación de los planes nacionales de recuperación.
Ciñéndose a este Reglamento, rubricado por el Gobierno español, el PP entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha inclumplido sistemáticamente estos artículos, «como así han denunciado gobiernos autonómicos, ayuntamientos, interlocutores sociales y el propio Comité Europeo de las Regiones». Además –añade en su escrito–, «el Gobierno español ha mentido ante la Comisión Europea a la hora de justificar esa supuesta cogobernanza».
Falta de cogobernanza
Pues bien, habida cuenta de lo anteriormente expuesto, esta formación formula de nuevo otras dos demandas dirigidas, por un lado, a la creación de un Fondo de Resiliencia Autonómica gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, gestionado ahora por Nadia Calviño, al que destinará 20.000 millones de euros de los 83.000 millones que le corresponden de los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para saber qué le parece a la Comisión Europea que las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles sigan a día de hoy sin tener la más mínima información sobre ese fondo.
Por último, sin abandonar el Reglamento, el PP interpela a la CE, para que, acorde con los artículos 18 y 28 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, opine sobre la no participación de las comunidades autónomas en el diseño del Fondo de Resiliencia Autonómica.
