BBVA vs. Sabadell: así se las ponían a Pedro Sánchez
El desarrollo de la OPA hostil coincide con el final de los actuales mandatos de Carlos Torres y Onur Genç
Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). | Ricardo Rubio, Europa Press
Mientras los analistas supuestamente neutrales siguen escarbando acerca de las motivaciones que han impulsado la tromba del BBVA sobre el Banco Sabadell, en los interesados mentideros bancarios empieza a generarse una psicosis de pánico ante las consecuencias de una OPA administrada sin anestesia y que supone un claro desafío al Gobierno de la nación. Antes de que la oferta fuera formulada oficialmente este pasado viernes ante la CNMV, algunos de los miembros del consejo de administración presidido por Carlos Torres han venido escuchando los primeros susurros, procedentes de voces expertas y amigas, que aconsejan la conveniencia de darle una nueva pensada al asunto antes de que sea demasiado tarde. Después de que Pedro Sánchez haya patentado en España los cinco días de reflexión nada impide todavía que los más cautelosos banqueros terminen por emular al jefe del Ejecutivo y, si se apura, hagan bueno el viejo adagio napoleónico en virtud del cual una retirada a tiempo es también una victoria.
La audacia no es un valor contrastado en el mundo del dinero, menos si cabe en un sector endogámico por naturaleza y que ha sufrido un proceso de concentración descomunal en los últimos años. Por lo demás, desde la fracasada OPA hostil del Banco de Bilbao sobre Banesto hace ya casi cuarenta años una leyenda negra pesa sobre cualquier intento de fusión bancaria que no esté plenamente pactado de antemano. Incluyendo en el previo y expreso acuerdo a las dos partes interesadas, pero también a los representantes máximos del Ministerio de Economía, Banco de España y demás entes tutores o supervisores encargados de velar por el buen funcionamiento de la actividad económica. La opción de saltarse a la torera el intenso protocolo constituye un desaire que ninguna de las instituciones afectadas estará dispuesta a pasar por alto sin una penalización que sirva de escarmiento al resto de operadores del mercado.
Es probable que los promotores de la oferta hayan abonado el camino de relaciones financieras con algunos de los fondos internacionales que comparten el accionariado del BBVA y del Sabadell. Hasta se da por seguro que el segundo socio del banco vallesano, como es el mexicano David Martínez, ha sido plenamente abducido por las bondades de la OPA. Parece lógico, como no puede ser de otra manera, que la CNMV defienda institucionalmente el derecho a decidir de los accionistas, e incluso es verosímil que los pretendientes cuenten con el respaldo tácito del Banco Central Europeo (BCE), algo natural por cuanto que lo único que ocupa al regulador de Fráncfort es el objetivo prudencial de solvencia y eso está asegurado con los niveles de capital de una y otra entidad. Pero lo que no ha tenido en cuenta Carlos Torres es el nuevo régimen político de intervención que se pretende inocular en el Ibex y eso, en los tiempos que corren, supone un gravísimo error de cálculo que convierte al banco vasco en un bocado tierno para el ‘tiburón blanco’ que habita en los mares monclovitas.
Restaurar el modelo de banca pública
En medio de la refriega que se barrunta, y a fin de entender claramente el contexto político en el que se van a desarrollar las hostilidades, conviene recordar el frondoso árbol genealógico del que cuelga el BBVA que, no en balde, es precisamente el heredero de Argentaria, la marca que absorbió a las diferentes entidades de crédito que durante décadas funcionaron en España bajo la órbita del Estado. La creación de aquel gigante financiero data de los tiempos de Felipe González, allá por la década los años noventa del pasado siglo. La entidad permaneció bajo control del sector público hasta su plena privatización a cargo del Gobierno del Partido Popular que fue el que propició, a instancias de José María Aznar, la integración con el BBV nacido tras la llamada fusión de Neguri protagonizada por los antiguos grupos bancarios del Bilbao y del Vizcaya.
Estos antecedentes pesan los suyo en la carpeta con que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha salido de roadshow por Bruselas proclamando los mil y un inconvenientes que, a su entender, plantea una nueva fusión doméstica en el jibarizado sector bancario español. El delegado gubernativo ha exteriorizado a los cuatro vientos su total oposición mediante un ritual que nada tiene que ver con la doctrina adoptada por su antecesora, Nadia Calviño, cuando pactó con Isidro Fainé la venta de Bankia a CaixaBank. De eso hace cuatro años y entonces nadie invocó razones de causa mayor que pudieran comprometer la sagrada competencia dentro del sector. Cuerpo se ha afanado en cavar ahora una trinchera contra el proyecto en la que subyace claramente el voraz apetito estatista del autoproclamado Gobierno de progreso, alimentado a su vez por esa tentación latente de restaurar el viejo modelo de banca pública en nuestro país.
La reglobalización que experimenta la economía y los nuevos aires proteccionistas que soplan también por Europa constituyen un caldo de cultivo que la coalición social comunista no dudará en aprovechar para meter la cuchara en el sector financiero. Probablemente, con una nueva entidad oficial, bien pertrechada para operar sin restricciones en el mercado del crédito puro bancario, Hacienda no tendría que hacer jeribeques ni sacudir los Presupuestos del Estado a la hora de financiar el asalto a las grandes sociedades cotizadas. La SEPI se ahorraría de paso el ridículo que supone telegrafiar en diferido su estrategia de sucesivas compras públicas como ha hecho en el caso reciente de Telefónica. Una práctica que ni se explica ni se entiende, pero que ha encarecido el uso arbitrario de ingentes recursos públicos permitiendo que algunos traders de bolsa se forren en la mismísima cara de la Comisión de Valores.
Nueve meses demasiado largos de fiar
Con su pretendida y pretenciosa OPA el BBVA se lo ha puesto a modo al Gobierno para que haga lo que mejor sabe hacer y que no es otra cosa que pasar de puntillas sobre esa delgada línea roja que a día de hoy separa la libertad de empresa de las injerencias recurrentes del Estado. En la ofensiva sobre el Sabadell Carlos Torres y su consejero delegado Onur Genç han asumido un riesgo de índole personal que los aboca a convertirse en las primeras víctimas propiciatorias de lo que bien se puede entender como un embarazo indeseado. En el mejor de los casos la gestación de la oferta se extenderá duranta un mínimo de nueve meses sin contar los palos en las ruedas que van a poner los distintos organismos reguladores. Un periodo demasiado largo de fiar y que coincide con el momento en que los dos máximos espadas del banco opante tienen que renovar, o no, sus respectivos cargos de mando.
Sánchez ha demostrado que no necesita de mayores coartadas para justificar el acomodo de sus comisarios oficiales en las empresas políticas del Ibex. En el caso del BBVA, como bien se puede apreciar, el jefe del Ejecutivo dispone de argumentos pintiparados para remover las aguas turbulentas de una entidad que, para más señas, está inmersa en una causa judicial de esas en las que nunca pasa nada mientras nadie quiera que pase algo. Los tiempos; pasados, presentes y futuros, de lo que muchos consideran un banco mexicano con sede en Bilbao no parecen los más adecuados para certificar la oportunidad de una OPA hostil en el corazón del sistema financiero español. El desenlace de la batalla es cuando menos incierto pero si algo se sabe es que quienes no reconocen su historia están condenados a repetirla.
