El Gobierno y la SEPI autorizaron todas las operaciones que hundieron a Duro Felguera

El Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han conocido y validado todas las decisiones que el equipo gestor de Duro Felguera ha tomado en los últimos tres años y que han llevado a la compañía al borde del concurso de acreedores. Fuentes conocedoras han confirmado a THE OBJECTIVE que los representantes del Ejecutivo en el consejo de la sociedad tienen derecho de veto «en todas las decisiones relevantes» a partir de que se hizo oficial el rescate público de 120 millones de euros del fondo de ayuda a empresas estratégicas durante la pandemia.

De esta manera, tanto la cartera a cargo de la vicepresidenta María Jesús Montero como la SEPI tienen responsabilidad directa en la serie de acontecimientos que en los últimos años han precipitado su hundimiento. Tres años de gestión en los que ni la sociedad pública ni ninguno de sus representantes han expresado su rechazo a las operaciones que han deteriorado de manera alarmante las finanzas y las cuentas de Duro Felguera. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda ni el de Economía, a los que las empresas rescatadas deben rendir periódicamente cuentas de su gestión.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten incluso de que los nuevos dueños de la compañía, los mexicanos de Prodi y Mota Engil México, podrían pedir responsabilidades al Estado -y a sus representantes en el consejo- por las decisiones que han llevado a la empresa al borde del concurso de acreedores. Durante la gestión de Jaime Argüelles, el consejero delegado que hace un mes dejó la sociedad después de tres años de gestión, se dilapidó el rescate de la SEPI, los 90 millones que aportó el actual socio mayoritario y los avales que se consiguieron en 2021.

Consejo de Duro Felguera

Jaime Argüelles asumió el mando de Duro Felguera el 30 de abril de 2021. Lo hizo en sustitución de José María Orihuela, quien negoció la deuda con la banca acreedora, consiguió nuevos avales y logró la aprobación del rescate del fondo de público de la pandemia por 120 millones de euros. El nuevo gestor fue designado tras un acuerdo entre el Principado de Asturias (que aportó seis millones al rescate de Duro Felguera) y el Gobierno, para pilotar la compañía y asegurarse de que podían vigilar el futuro de la ingeniería asturiana.

Fuentes consultadas por este diario confirman que la llegada de Argüelles fue fruto de un pacto entre Juan Cofiño, por entonces vicepresidente de Asturias, y Bartolomé Lora, presidente en funciones de la SEPI durante la pandemia y actual vicepresidente de la sociedad pública. Era, por tanto, una figura avalada por las dos administraciones que concedieron ayudas a la ingeniería. Y para asegurarse el control del consejo, la SEPI designó como vocales a César Hernández Blanco y a María Jesús Álvarez (dos directivos de la sociedad pública) que se sumaron a Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, dos exministros socialistas.

Esto significa que hasta el primer trimestre de este año, cuando se produce la entrada de los dueños mexicanos de Prodi, cinco de los siete asientos estaban directa o indirectamente controlados por el Ejecutivo a través de la SEPI. Es más, las fuentes consultadas por este diario indican que el Gobierno exigió un pacto de control de la sociedad con estos dos consejeros y con derecho de veto en todas las decisiones relevantes de la sociedad. «Un pacto de control con condiciones draconianas», dicen quienes conocieron sus detalles. Y en estos tres años no han vetado ninguna de las decisiones relevantes de Argüelles.

Problemas de liquidez

El CEO tomó el mando de la compañía con 126 millones en caja (tras recibir 120 millones de la SEPI y otros seis millones del Principado de Asturias); una línea de avales de 80 millones negociada por Orihuela y condición previa para aprobar el rescate; con provisiones suficientes para soportar los problemas de los proyectos legacy -en 2020 perdió 172 millones, principalmente por el efecto de estas provisiones-; además de suficiente patrimonio para relanzar la empresa. Era una solución propicia para comenzar una nueva etapa consolidada por las ayudas públicas.

Tres años después, Argüelles -con el aval y la supervisión de la SEPI- ha dejado a Duro Felguera suspendida de cotización, sin caja y con un grave problema en Argelia, donde Sonelgaz le pide una indemnización de 414 millones. El problema es que, con una estructura sobredimensionada, sin avales para empezar nuevos proyectos y con un grave problema de liquidez, se hace imposible que pueda afrontar el pago de los 12o millones del rescate público.

De hecho, consumió el 69% del rescate antes de que finalizara el primer año de su concesión, solo pagando costes operativos y sin ninguna inversión en proyectos relevantes. Y de los 90 millones que inyectó Prodi y Mota Engil queda menos de la mitad, consumiendo la caja y las provisiones con gastos corrientes. Al finalizar el primer semestre tenían 45 millones en caja y es probable que les queden ahora menos de cinco millones. Al terminar 2023 había gastado 70 de los 80 millones en avales garantizados por el Cesce.

Cuentas de Duro Felguera

Por otro lado, Duro Felguera tiene provisiones por apenas 50 millones de euros, insuficiente para costear los litigios en los que está envuelta. Solo en el proyecto Jebel Ali Power Station (Abu Dabi) tiene comprometidos 47 millones, pero es que además tiene litigios en Costa Rica (Recope) por 87 millones y otros 40 millones en el proyecto Aconcagua (Chile). Además, tiene que provisionar 100 millones de euros por el proyecto de Djelfa, lo que además le obligará a reformular sus cuentas de 2022, 2023 y 2024.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió hace dos semanas su cotización y no levantará el bloqueo hasta no confirmar que esta provisión se hace correctamente. Es, en realidad, una enmienda a la totalidad de la gestión de Argüelles, ya que la reformulación de cuentas incluye sus tres años al mando de Duro Felguera. Una situación crítica que ha precipitado la situación de Djelfa, probablemente el gran error de su gestión, tolerado y avalado por la SEPI, sus consejeros y el Ministerio de Hacienda.

El contrato para construir una central de generación eléctrica a gas en ciclo combinado en Argelia se firmó en 2014 por 540 millones de euros. Sin embargo, debido a los incumplimientos en los pagos, Orihuela presentó un arbitraje que fue retirado a finales de 2021 por Argüelles sin un acuerdo firme (solo con un memorándum de intenciones) para empezar de nuevo la obra.

Proyecto de Djelfa

Pero en verano de este año se frenó la ejecución tras invertir decenas de millones de euros y sin tener pagos de por medio por el veto de Argelia a la negociación con empresas españolas por el giro en el Sáhara. Cuatro meses después Argelia planteó el arbitraje y les pide 414 millones, ante lo que la actual administración decidió pedir cautelares y provisionar 100 millones por las presiones de la CNMV. Es decir, en este tiempo se ha vuelto al mismo punto de partida, pero tras invertir una ingente cantidad de dinero y sin recibir nada a cambio, más que un arbitraje.

¿Soluciones? En paralelo a la reinterpretación de las cuentas, la compañía busca soluciones para su problema de liquidez. Sobre la mesa hay varias opciones que pasan por una inyección de capital de los nuevos dueños, los mexicanos de Prodi y Mota Engil, un crédito avalado por el Estado o una aportación del Ministerio de Hacienda, a través de la SEPI. En el horizonte está el pago de los 120 millones al Estado en dos años, que de no abonarse daría paso a la conversión del préstamo participativo de 80 millones, lo que significaría nacionalizar Duro Felguera.