El Constitucional suspende cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente este martes la declaración de independencia de Cataluña (DUI) , aprobada el pasado viernes por el Parlament al admitir a tramite el incidente de ejecución presentado por el Ejecutivo en el que se advierte de sus «evidentes efectos jurídicos y vinculantes». La decisión del TC se produce el mismo día en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya admitido a trámite por unanimidad la querella presentada el lunes por el Ministerio Fiscal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno ha acordado esta decisión en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, invocado por el Gobierno en el incidente de ejecución de sentencia, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado 27 de octubre para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.

Además de a Forcadell, el apercibimiento se dirige a sus compañeros de grupo parlamentario, el exvicepresidente del Parlament Lluis Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó (Junts pel Sí); José María Espejo Saavedra (Ciudadanos); David Pérez Ibáñez (PSC) y Joan Josep Nuet i Pujals (Catalunya Sí que es Pot).

A todos ellos el tribunal les advierte de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Entre las iniciativas previstas que el Constitucional pide anular están la “comisión de investigación por el 1 de octubre” y la “comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente”, recogidas en las dos resoluciones suspendidas cautelarmente.

El Tribunal ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña de las peticiones formuladas por la Abogacía del Estado y les ha concedido un plazo de 24 horas para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.