El juez suspendido y la Cataluña que viene

“Hemos determinado, de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar”. Con anterioridad, el nacionalismo catalán había elaborado listas de periodistas, escritores e intelectuales no afines a las tesis separatistas, en un pulcro ejercicio de culto a la libertad de expresión y opinión.

Sin embargo, las declaraciones que encabezan este artículo no responden a un particular, asociación o entidad privada, sino a un miembro de la Ejecutiva de uno de los dos partidos que gobierna en Cataluña y que se postula como primera fuerza en todas las encuetas. El hasta hace cuatro días –literalmente- senador de ERC, Santi Vidal, admite abiertamente que, de seguir con el proceso de independencia, su gobierno sólo tendría a bien considerar el criterio de aquellos jueces proclives a la inclinación del actual ejecutivo.

La convicción de que los jueces deben compartir forzosamente los “sueños” del gobierno de turno es un detalle que Vidal olvidó mencionar en el borrador de la Constitución catalana que esbozó y le valió una suspensión. El exsenador de ERC había expresado con anterioridad y siempre en pretendida calidad de juez, que los cambios en el Ejecutivo bien pudieran incidir en las sentencias de los tribunales. La afirmación, por supuesto, la acompañaba de la denuncia a la ausencia de separación de poderes en la democracia española.

Sin embargo, las barbaridades que aseveró el juez suspendido no entrañan por si solas lo más revelador del último episodio del despropósito separatista. En la misma semana, los catalanes hemos tenido que soportar que se invite a nuestros funcionarios a librar el día del juicio a Artur Mas a la par que se nos reconocía por parte de alguien tan cercano al gobierno como Vidal que nuestros datos legales estaban en manos del gobierno de manera ilegal. En consecuencia, la retórica de los políticos independentistas se ha convertido en un auténtico espectáculo de malabarismo que trata de justificar el rechazo a la legalidad española sin mencionar el delito.

Acabar con la separación de poderes y vulnerar los derechos de millones de ciudadanos –así se destruye la democracia- no parece la senda ilusionante y optimista que algunos vienen vendiendo años atrás. Pero es todo lo que el separatismo puede ofrecer hoy: agotado el debate emocional e identitario, la idea de la independencia es de todo menos halagüeña.

Tras las declaraciones de Vidal y sobre todo de las reacciones a las mismas, parece como si las fatales consecuencias de prescindir de la ley se empezaran a hacer inteligibles entre los ciudadanos de Cataluña. Fue una mala idea del nacionalismo catalán unir irrevocablemente la pluralidad –española, de la catalana jamás hablan- a la ilegalidad: nada como la ley para integrar las diferencias entre iguales. Hay que agradecer al juez suspendido y a los que vendrán que se esfuercen en tornar cristalina la afirmación anterior.