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Sánchez activa la vía catalana

«La asociación, en este momento tan delicado, de la reforma del Código Penal a la negociación de los Presupuestos apuntala la deslegitimación de las instituciones y el hundimiento de nuestro Estado de Derecho»

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Sánchez activa la vía catalana

J.J. Guillén | EFE

El Gobierno activa la vía catalana para recabar el apoyo independentista[contexto id=»381726″] a los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el momento, esta opción permanecía silente frente a la incertidumbre de las elecciones autonómicas. Moncloa ha sabido jugar con los tiempos y, aunque lleva desde enero preparando el terreno, considera que ha llegado el momento de mover ficha. Una operación para consolidar el liderazgo de Sánchez que podría resultar arriesgada para España, si los cambios se realizan para salvar los propios intereses.

El presidente recuerda estos días que es necesario revisar las penas del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas. Además, se predispone a llamar a Torra -ahora sí- para reactivar la mesa de diálogo sobre el conflicto político en Cataluña. Cualquiera pensaría que estos anuncios a la vuelta de vacaciones han sido fruto de la improvisación del Gobierno. Pero el Ejecutivo trabaja desde hace meses en un plan que satisfaga parte de los intereses soberanistas a cambio de insuflar tiempo a la coalición asegurando la legislatura.

Bajo el envoltorio de reforma del Código Penal, el ministro Juan Carlos Campo se puso manos a la obra en enero para crear un borrador que tratase de suavizar las penas de los delitos de sedición y rebelión que afectarán a los líderes independentistas condenados por el 1-0. Para ello, Campo se rodeó de juristas de prestigio y contactó con catedráticos de la talla de José Luis González Cussac. La mayoría de consejos que el ministro recibió de los expertos es que había que ir con pies de plomo. Una reforma de estas características no debe ser empleada para salir al paso de un momento concreto, ni para satisfacer los intereses propios. Los legisladores defienden su validez en el tiempo.

Lejos de estas recomendaciones, el Gobierno se dispone a vendernos estas semanas la “propuesta estrella” que Sánchez anunció en su investidura por el aspecto emocional. La marca Redondo continúa a pleno rendimiento y, de nuevo, se vuelve a servir de la utilización de las emociones en política para justificar lo que podría ser la rebaja de las penas o la libertad de los presos del procés. Sánchez no habla del incumplimiento legal que supuso el 1-0, sino de la “ruptura emocional” que, según él, “está representando para parte de la sociedad catalana, a lo cual nosotros tenemos que ser empáticos, sensibles”.

El Gobierno se ampara en “acomodar ciertos artículos a los tiempos” para “modernizarlos” y “revisarlos”, según la portavoz Adriana Lastra. El mensaje tan insulso como peligroso podría dar carta blanca al independentismo para continuar haciendo de su capa un sayo, sin temor a los perjuicios que implicaría volver a saltarse las leyes. “Lo volveremos a hacer”, recuerdan desafiantes los soberanistas.

Si a nuestros hijos no les explicamos que robar o mentir está mal, éstos podrían coger como hábito realizar dichas conductas impropias. Si en una nueva redacción de los delitos de sedición y rebelión se añadiese algún requisito que no está en los hechos probados de la sentencia por la que se les condenó, se tendría que dejar sin efecto la condena.

En plena negociación de los Presupuestos, el Gobierno decide acercarse al independentismo proponiendo la modificación de dos delitos que beneficiarían la salida de sus hombres de prisión. El Gobierno activa la vía catalana. Sánchez ya se acerca a los cuatro diputados del PDeCAT en el Congreso, a punto de escindirse de JxCAT, para sumar apoyos y sacar las cuentas adelante reforzando su liderazgo. La asociación, en este momento tan delicado, de la reforma del Código Penal a la negociación de los Presupuestos apuntala la deslegitimación de las instituciones y el hundimiento de nuestro Estado de Derecho. París bien vale una misa. ¿Y La Moncloa, la ruptura de la separación de poderes?

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