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David Mejía

Parece un Estado de derecho y no lo es

«Hablar de Estado de derecho en España, y particularmente en Cataluña, es un ejercicio que en el mejor de los casos aboca a la melancolía»

Opinión
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Parece un Estado de derecho y no lo es

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.|Europa Press

Mi periplo por los diarios de la mañana siempre termina con la misma duda: ¿es España un Estado de derecho? No es casualidad que el libro que más recomiendo después de leer el periódico sea Razones públicas. Una introducción a la filosofía política (Ariel, 2021). Los profesores Íñigo González Ricoy y Jahel Queralt coordinan este volumen que incluye 22 entradas a las teorías y conceptos clave de la disciplina. Cada entrada está firmada por un especialista: Félix Ovejero escribe de marxismo, Luis Rodríguez Abascal de nacionalismo, Manuel Arias Maldonado de medioambiente, Pablo de Lora de asistencia sanitaria, Roberto Gargarella de constitucionalismo, Marisa Iglesias Vila de derechos humanos… la crème de la crème. Pero como le sucede al Real Madrid, el equipo es más que la suma de sus jugadores: no solo es un libro de consulta, sino un lugar donde acudir en busca de claridad en momentos de ofuscación intelectual.

Por fortuna, el libro tiene una entrada para el concepto «Estado de derecho» firmada por el catedrático José Juan Moreso y arranca con una cita de Elías Díaz: «No todo Estado es Estado de derecho». No es un consuelo, pero despeja algunas nubes. Moreso defiende que el ideal de Estado de derecho integra tres subideales: imperio de la ley, autogobierno democrático y protección de los derechos humanos. La división de poderes sería, según Moreso, un medio necesario para la realización del ideal. 

Desde hace un tiempo, hablar de Estado de derecho en España, y particularmente en Cataluña, es un ejercicio que en el mejor de los casos aboca a la melancolía. La semana pasada fue el indulto concedido a María Sevilla, quien -según el Gobierno- había sido injustamente condenada por sustracción de menores. Y este martes despertamos con la noticia de que la Generalitat había ordenado por carta a las escuelas incumplir la sentencia del TSJC que las obliga a impartir un 25% de horas lectivas en español. El Govern aprobó un decreto el lunes (un día antes de que finalizara el plazo para aplicar la sentencia) que ahora les vale como coartada para burlar la Ley y arrojar -una vez más- a la basura los derechos lingüísticos de los escolares catalanes.

Nada de esto es nuevo: la relación del nacionalismo con el Estado de derecho solo puede ser refractaria, pues su objetivo es imponer una homogeneidad cultural que atenta contra los derechos individuales que ampara la Constitución. Pero no por recurrente debemos considerar que esta nueva embestida es tolerable.

Claro que la Ley no es nada sin un brazo ejecutor, y ese brazo en España está entumecido. Una vez más, las familias de Cataluña miran al Gobierno de España y se preguntan por qué se entregan a quienes violan sistemáticamente sus derechos, quizá también por qué no les dedican un 25% de la agresividad que emplean contra la oposición. Cada día somos más los españoles dispuestos a dar la razón a Pablo Iglesias y asumir que en España no hay plena normalidad democrática.

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