Así no podemos seguir

Hemos celebrado los 44 años de la Constitución del 78, pero más que a una celebración parece que hemos asistido al sepelio de un tío de las Américas al que nadie conocía, y cuyos descendientes, lejos de guardar las formas, han aprovechado las honras fúnebres para arrojarse los trastos a la cabeza y disputarse los despojos de una herencia inmerecida.

Stricto sensu, la Constitución, como me decía José Luis González Quirós, es simplemente un papel con cosas escritas. Por más que se empeñen los repúblicos, sus errores o fallos de diseño, elevados a la categoría de pecado original insuperable, nunca han tenido un poder determinista. Quiero decir que incluso la Constitución mejor planeada puede resultar un fracaso si el ejercicio de la política ordinaria se empeña en degradarla y los ciudadanos se desentienden o se ven impotentes para contener las actitudes destructivas de los partidos, no ya porque carezcan de fórmulas para evitarlo, sino porque los políticos, que deberían defenderla, son los primeros en pisotearla de forma más o menos ostensible.

Afirmar que la Constitución no ha aguantado bien el paso de los años porque estaba mal diseñada, ya sea de forma intencionada o involuntaria (según opinen unos u otros), es un juicio demasiado parcial, incluso diría intelectualmente deshonesto, porque lo que ha envejecido mal no es tanto esta hoja con cosas escritas como nuestra clase política. Y también, en alguna medida, los propios españoles.

Podríamos haber tenido en el 78 una versión autóctona y modernizada de John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, y gracias a su enorme sabiduría disfrutar del mejor texto constitucional imaginable. Y, sin embargo, me temo que esa Constitución de ensueño habría envejecido igualmente mal que la que ahora cumple 44 años.

«En la política española hay una anomalía que desborda los límites del diseño constitucional»

Las deficiencias constitucionales pueden ser importantes, pero de ningún modo explican por sí solas el alarmante deterioro institucional que padecemos. Y haré una breve disquisición al respecto de lo que es la teoría pura y lo que puede resultar una vez aplicada, dependiendo del contexto y la cultura política. Atendiendo al tipo de perfil que se ha hecho común en nuestros políticos, implantar un sistema electoral como el británico, donde los diputados son elegidos por distrito, es bastante probable que, en vez de resultar positivo, agravara los males que padecemos, y que en vez de 17 caciques locales acabáramos teniendo cientos.

No digo que estos errores de diseño sean irrelevantes, soy coautor de un libro sobre la relación entre las carencias de nuestro modelo político y sus nefastas consecuencias. Lo que digo es que, en la política española, en sus usos y costumbres, hay una anomalía que desborda los límites del diseño constitucional. Y que de ningún modo estamos irremediablemente abocados al desastre por más que la Constitución sea francamente mejorable.

Que una Constitución, por sí misma, no es salvaguarda de nada, si no acompaña la voluntad y la cultura política, ha quedado patente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, que yo sepa, nuestro texto constitucional no dice que el idioma castellano deba ser excluido del sistema educativo en Cataluña, sino más bien todo lo contrario. O que una de las dos reformas que se han aplicado a la Constitución desde que existe, como es el añadido del artículo 135.1, que obliga a todas las Administraciones Públicas a adaptarse al principio de equilibrio presupuestario, se incumpla sistemáticamente. O que haya que freír a los españoles a impuestos para tener un Estado de bienestar de segunda o tercera categoría. O más recientemente, que Pedro Sánchez se pasara por el arco del triunfo nuestros derechos constitucionales durante la epidemia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional, y que tal desafuero no haya tenido ninguna consecuencia.

Hay muchas acciones que nuestra Constitución no consiente, ni siquiera desde sus interpretaciones más retorcidas, y que sin embargo se han convertido en prácticas habituales. Una de las más flagrantes, por ejemplo, es el uso abusivo del decreto ley. Un deporte en el que Pedro Sánchez ostenta el récord absoluto, con 120 decretos-ley, y que contraviene el artículo 86. Y qué decir del artículo 2, que sanciona la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, si se suprime el delito de sedición y con él se esfuma cualquier capacidad de disuasión frente a las acometidas separatistas.

Podría escribir líneas y líneas a propósito de iniciativas legislativas, abusos de poder y demás malas prácticas, relevantes o anecdóticas, que son contrarias a lo que la Constitución sanciona, pero creo que es suficiente con estos ejemplos para demostrar que un papel escrito, aun con las mejores intenciones y la mayor sabiduría, vale de poco o muy poco si las actitudes que imperan son antagónicas a su letra y a su espíritu.

«No se puede olvidar que el valor nuclear de cualquier texto constitucional que se precie es el acuerdo»

Se puede criticar nuestra Constitución con más o menos fundamento, desde luego, pero lo que no se puede es olvidar que el valor nuclear de cualquier texto constitucional que se precie es el acuerdo. Y con todas las carencias que se quiera, ese valor estaba muy presente en esta Constitución que ahora es un incordio para tantos impostados salvadores de la Democracia, la justicia social, el desarrollo sostenible, la igualdad y la madre naturaleza.

No hay duda, al menos para mí, que Pedro Sánchez es el epitome de las pésimas actitudes que, a lo largo de 44 años, han reducido la Constitución Española a un papel con cosas escritas que en cualquier momento se puede llevar un mal viento de la historia. No hay duda, tampoco, de que es mérito de Sánchez y de sus socios que los españoles estemos hoy más divididos que nunca. Desgraciadamente, demasiados parecen aceptar de buen grado que la política haya degenerado en la guerra por otros medios. Un peligroso juego en el que Sánchez siempre tendrá ventaja, porque no hay regla legal o moral que no esté dispuesto a poner del revés con tal de salirse con la suya. En esto, que nadie se engañe, es imbatible.

Pero de lo que no cabe duda alguna es que así no podemos seguir, porque lo único que hay al final de este camino, donde la política deviene en la guerra por otros medios, es la guerra misma. Y semejante calamidad, por más polarizados que estemos, no la desea la inmensa mayoría de nosotros. Lo que queremos no es que se combatan los excesos con excesos, tampoco hacer el don Tancredo, a la espera de heredar los restos de la hacienda. Queremos alternativas bien trabajadas, comprometidas e ilusionantes, que aborden los problemas reales y rompan con el guion impuesto. Incluso, si es preciso, tomar la iniciativa y liderar una reforma constitucional razonable y sensata, para adelantarse a la que podría acabar imponiendo este gobierno Frankenstein… si ocurre la desgracia de que se institucionalice en las próximas elecciones generales. Una reforma política, en suma, que busque sumar voluntades, en vez de dividirnos. Que aprenda de los errores, pero también de los aciertos, de esta Constitución que ahora, de una forma u otra, todos vituperan.